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Se abren nuevos escenarios judiciales para Pinochet

Fuentes: Rebelión

Mientras en la Argentina el ex dictador Jorge Rafael Videla y otras ex autoridades del último régimen de facto (1976-1983) han sido procesados y detenidos con prisión preventiva por el juez federal Jorge Urso quien los consideró responsables de los crí- menes cometidos en el marco de la «Operación Cóndor», en Chile a pesar de […]


Mientras en la Argentina el ex dictador Jorge Rafael Videla y otras ex autoridades del

último régimen de facto (1976-1983) han sido procesados y detenidos con prisión

preventiva por el juez federal Jorge Urso quien los consideró responsables de los crí-

menes cometidos en el marco de la «Operación Cóndor», en Chile a pesar de todas las

evidencias, la justicia de este país ha hecho todo lo posible para dilatar un virtual

procesamiento al ex dictador Pinochet.

En Paraguay el general (r) Alejandro Fretes, investigado en este país por la desaparición

de personas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), responsabilizó a

Pinochet por la Operación Cóndor. Fretes atribuyó al ex dictador chileno de la autoría

del tenebroso plan de detenciones y exterminios masivos de opositores políticos, consta-

tando así la coordinación y los vínculos de las dictadura del cono sur en la década de los

70.

Augusto Pinochet (1973-1990) que ha sido desaforado por segunda vez en Chile para ser

investigado por la desaparición forzosa de personas afronta ahora un pedido de priva-

ción de la inmunidad como ex presidente autodesignado en el caso del acto terrorista

que le costara la vida al ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats ocurrido en

Buenos Aires en 1974.

La familia del general Carlos Prats recientemente solicitó el desafuero del ex dictador chileno,

para que sea juzgado, junto a otros cinco militares y cuatro civiles procesados por el doble

crimen del del ex comandante en jefe del Ejército y su esposa, hace casi 30 años en la

Argentina.

Frente a ello es que el magistrado Alejandro Solís afirmó que existen pruebas fundadas

de la participación del ex militar en el crimen del general Prats y su esposa Sofía Cutberth

en la ciudad de Buenos Aires. Así lo señalo al explicar su decisión de elevar su petición de desafuero contra el ex dictador al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. El funcio-

nario judicial expresó » que en la investigación tanto en Chile como Argentina, respectiva-

mente han surgido indicios fundados de la participación criminal del imputado (Augusto

Pinochet) .

Ahora en noviembre próximo, la máxima instancia del tribunal de alzada de Santiago

comenzará a conocer los antecedentes de la petición formulada por la defensa de la

familia Prats, que solicitó que Augusto Pinochet sea despojado de su inmunidad legal

por cuanto está establecida su responsabilidad en los hechos criminales que terminaron

con la vida de Carlos Prats y su esposa, el 30 de octubre de 1974.

Ahora está solicitud de desafuero se ha presentado en los momentos en que se esperan los

resultados de los exámenes médicos realizados a Pinochet en el marco de las investigaciones

por los crímenes de la «Operación Cóndor», y que debieran conocerse en el transcurso de la

presente semana. Por algunas opiniones que el juez Juan Guzmán dejo traslucir a la prensa

además de las opiniones vertidas por Sergio Ferrer, médico que representó a los abogados

del ex dictador, él que manifestó que «a su juicio, el ex general golpista no esta en condiciones

de ser procesado, ya que presenta un deterioro general de su estado de salud», estaría indi-

cando que lo más probable es que Pinochet sea sobreseído por razones médicas, estable-

ciendo así la más absoluta impunidad ante los crímenes cometidos bajo su régimen de facto.

Todo esto se produce además cuando a fines del presente mes (25 de octubre) la Comisión

Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, que encabeza el obispo católico Sergio

Valech, entregue el informe sobre los casos de aplicación de tormentos a los detenidos

ocurridos durante los 17 años de la dictadura militar. El documento dará a conocer la

historia de más de 30 mil chilenos que fueron torturados mientras permanecieron

recluidos en más de 1200 centros de detención a lo largo de todo el país. El informe

entregará un relato histórico exhaustivo de lo que paso en Chile tras el golpe de 1973 en el

tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había eludido hasta ahora.

«Se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los lugares. Y

aunque no va haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la gravedad de lo

que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas Armadas, porque va

a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra todas las instituciones castrense

y no a casos aislados como se ha mostrado hasta ahora las violaciones a los derechos humanos»

expresó un miembro de la comisión.

Mientras tanto en forma paralela el juez Sergio Muñoz, investiga el origen de la fortuna de

Pinochet y su familia en virtud de una denuncia interpuesta por los abogados Alfonso

Insunza y Carmen Hertz, además del Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de impuestos

Internos, que han hecho lo propio, después que un informe senatorial de Estados Unidos

revelara las cuentas secretas del ex dictador. De acuerdo a lo emanado de fuentes judiciales,

lo más probable es que estas querellas deriven en una nueva petición de desafuero de Pinochet.

El desafuero del ex militar como ex gobernante autodesignado se pide caso a caso por lo que

se espera que el juez Sergio Muñoz también deba solicitar el recurso, de la misma forma como

lo ha hecho el magistrado Alejandro Solís, complicándose aún más la situación judicial de

Augusto Pinochet.