Las comunidades del municipio de Río Sucio en el Chocó, denunciaron que el lunes 26 de marzo «neoparamilitares» de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazaron con asesinar a «sapos, viciosos y violadores». Esto en la vía que comunica a la vereda de Pavarandó con Llano Rico. Denunciaron también que estos grupos actúan con el conocimiento […]
Las comunidades del municipio de Río Sucio en el Chocó, denunciaron que el lunes 26 de marzo «neoparamilitares» de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazaron con asesinar a «sapos, viciosos y violadores». Esto en la vía que comunica a la vereda de Pavarandó con Llano Rico. Denunciaron también que estos grupos actúan con el conocimiento de la Fuerza Pública en ese territorio.
A través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se supo además que el martes 27 de marzo a la 1:00 pm el mismo grupo de 80 hombres paramilitares «obligó a los pobladores a realizar una reunión en el lugar conocido como La Laguna» en el territorio colectivo de Jiguamiandó.
Allí los hombres armados le indicaron a los integrantes de los concejos locales de Arrastradero y el Vergel «que ellos iban a resititur las tierras». Sin embargo, afirmaron que quienes hubieran vendido tierras nos las iban a devolver y que las comunidades «debían dejar trabajar a los empresarios Darío Montoya, William Ramírez y Antonio Lopera», argumentando que «es gente de bien que beneficia la a la zona».
Además, el miércoles 28 de marzo, los integrantes de las AGC «bajaron en dos motocicletas a dos civiles en el punto que conduce a la finca de La Rueda». Allí les amarraron las manos a las personas, los golpearon y los amenazaron para después conducirlos por el camino de la propiedad conocida como La Esmeralda. La organización denunció que se desconoce lo que sucedió con las dos personas.
Paramilitares declararon objetivo militar a quienes los denuncien
A los hechos que ocurrieron se suma que los grupos armados paramilitares que operan en la región amenazaron con asesinar a las personas que los denuncien «en Bogotá». Las comunidades recordaron que se encuentran en un estado de vulnerabilidad a pesar de haber activado el sistema de alertas. Argumentaron que tienen el derecho constitucional a la tierra pero las amenazas por la lucha por el territorio continúan.
Finalmente, la organización recordó que las estructuras armadas ilegales de las AGC «continúan operando en lugares donde hay presencia policial y militar». Esto podría indicar la tolerancia o la ineficiencia de la Fuerza Pública para detener a estos grupos armados pues «se están constituyendo como la autoridad real para realizar una devolución de tierras» y han asegurado la tierra a los beneficiarios del despojo paramilitar. Todas estas acciones se están llevando a cabo ante la ausencia de diligencias del Estado colombiano y con el «consentimiento de la brigada 17» del Ejército Nacional.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22907