En contra de Jenny Álvarez, gobernadora de la provincia, descargó su malestar el Consejo de Caciques de Chiloé, sobre todo en lo referido a la situación territorial de las comunidades en el Archipiélago. Según Armando Llaitureo, lonko mayor del organismo, las declaraciones emitidas por la representante del Gobierno dan cuenta del desconocimiento que ésta tendría […]
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En contra de Jenny Álvarez, gobernadora de la provincia, descargó su malestar el Consejo de Caciques de Chiloé, sobre todo en lo referido a la situación territorial de las comunidades en el Archipiélago. Según Armando Llaitureo, lonko mayor del organismo, las declaraciones emitidas por la representante del Gobierno dan cuenta del desconocimiento que ésta tendría del tema.
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– Comuneros del sector Weketrumao. Foto de Agencias.
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Fuertes críticas contra la Gobernadora de Chiloé dieron a conocer los dirigentes del Consejo de Caciques de la isla.
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El «Cacicado» anunció además que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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«La Gobernadora de Chiloé emite opiniones y juicios carentes de idoneidad respecto de la situación territorial de las comunidades williche de Chiloé, particularmente en lo que se refiere a Weketrumao Bajo, ya que lo que ocurre hoy en la comunidad está en directa relación con la falta de probidad que ha tenido la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Gobernación Provincial respecto del proceso de entrega de las tierras fiscales».
Así lo puntualiza en un extenso comunicado de prensa el Lonko Mayor del Consejo de Caciques de Chiloé, Armando Llaitureo, al referirse a los dichos de la primera autoridad provincial, Jenny Álvarez, quien acusó a la organización de «negarse» a dialogar con el gobierno. Según Álvarez, las diferentes reuniones sostenidas con el pueblo mapuche-williche darían cuenta de la «voluntad» del Gobierno por solucionar los conflictos territoriales aún vigentes en la zona.
«En cada una de estas instancias hemos recogido las inquietudes que ellos nos han hecho, sobre todo aquellas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las comunidades», indicó. «Como representantes del Gobierno en la provincia siempre hemos estado dispuestos a resolver la demanda williche a través del diálogo», subrayó la Gobernadora.
El Consejo acusó a Álvarez de «faltar a la verdad» y de intentar «confundir a la opinión pública y a las comunidades», denunciando que habría sido precisamente la Gobernadora quien abandonó el intento de tener una mesa de trabajo con el Consejo el 24 de enero del presente año, «y lo hizo al momento en que quedó en evidencia su más profundo desconocimiento del problema williche, con respuestas vacías e improvisadas carentes de todo fundamento», denunciaron.
«La Gobernadora de Chiloé no se ha enterado que existe documentación suficiente sobre el Problema de Tierras Williche, entre los que se cuenta el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas que ha sido ratificado por el gobierno de Michelle Bachelet y que se generó en el gobierno de Ricardo Lagos y que para la Gobernadora constituye un misterio, que desconocía al momento de la reunión», subrayó Llaitureo, quien advirtió que su organización no aceptará participar de reuniones con el gobierno que solo representen un «retroceso».
«No aceptaremos un nuevo llamado a dialogar», sostuvo Llaitureo. «Comenzar una nueva mesa de conversaciones sobre la entrega de tierras es perder el tiempo, ya que este trabajo se realizó en 1993 y debió culminar con la transferencia el 2006», indicó. A juicio del dirigente, esta situación habría llevado a la comunidad Weketrumao Bajo a movilizarse hace dos semanas, reivindicando terrenos aledaños al Parque Tantauco -propiedad del empresario Sebastián Piñera -, generando de paso un escenario de tensión con la comunidad Weketrumao Alto, asentada en el mismo sector y no adscrita al «Cacicado».
Negligencia de autoridades
A juicio del dirigente, «el problema que efectivamente se presenta en Chiloé está relacionado con la falta de probidad que ha tenido la Dirección Nacional de la CONADI para transferir las tierras que recibió del Ministerio de Bienes Nacionales el año 2001 y para lo que tenía un plazo legal de 5 años que hoy se encuentra vencido». «Este proceso de transferencia de tierras -acota- es el que debería conocer la Gobernación Provincial y que claramente desconoce en los aspectos generales y en su detalle, más aún cuando para el proceso de transferencia la CONADI invirtió más de 200 millones de pesos, sin ningún otro resultado que el pago realizado a los consultores», entre los que se contarían ex funcionarios del organismo.
Cabe señalar que todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento por los dirigentes ante la propia Presidenta de la República, a través de una Carta Abierta firmada por el lonko Llaitureo. En la misiva, el dirigente detalla a la primer mandataria las faltas y omisiones en las que habrían incurrido sus representantes en la provincia. «Solicitamos a la Presidenta que evalúe la continuidad de todos los jefes de servicios públicos que han estado involucrados en este proceso de trabajo con las comunidades indígenas y específicamente con el Consejo de Caciques», demandó el lonko.
El «Cacicado» -la organización indígena más antigua en la isla, seguida por la Federación de Comunidades Williche con sede en Castro- anunció además que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, EE.UU., «debido a que las faltas y omisiones de los funcionarios de Gobierno han sobrepasado todos los límites éticos, morales y de justicia permisibles en las sociedades democráticas de la que todos participamos», según subrayaron.
La presentación está siendo elaborada por la asesora jurídica de la organización, abogada Ana María Olivera y buscaría que el máximo organismo de derechos humanos a nivel continental tome cartas frente a los nulos avances del estado chileno en resolver las demandas de los comuneros. «El documento está listo, redactado y en condiciones de ser enviado a Washington, de manera que este organismo pueda investigar los hechos que están ocurriendo con las comunidades en Chiloé», aseguró la jurista al periódico La Estrella.
Según lo expresado por la profesional, la Comisión Interamericana no es un tribunal, sino una instancia previa que recibe denuncias de particulares que consideran estar siendo afectados o siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. La abogada agregó que «el argumento que nos lleva a ir hasta allá es el hecho que el Estado, a través de la CONADI ha dejado transcurrir negligentemente un plazo legal», a lo que concluyó que la Corporación Nacional Indígena «se puso en una situación de no realizar una acción que legalmente debió haber realizado, que era transferir las tierras en el plazo indicado».
La voz del gobierno
Consultado sobre las acciones a desarrollar por el «Cacicado», el secretario regional de Gobierno, Hernán Gómez Brown, indicó que el ejecutivo ve con preocupación la situación de tensión generada en el sur de la isla, más aún por tratarse del Consejo de Caciques, única instancia reconocida como «interlocutor» por el Estado en la propia Ley Indígena. Lo que mas nos preocupa no es el hecho de que las comunidades expresen sus aspiraciones, de hecho recientemente se han logrado importantes acuerdos, si no el alejamiento de los representantes de Weketrumao, los cuales han optado por medidas de presión y fuerza», indicó.
Agregó el vocero regional, que «las autoridades han estado siempre disponibles para avanzar en los temas complejos, y es justamente gracias a ese trabajo permanente con las organizaciones que se han podido concretar avances substanciales para bienestar del pueblo williche. Por ello hoy vemos sorprendidos este giro en la actitud del Cacicado, al punto que surge la inquietud de si por ejemplo quienes hoy asesoran externamente a dicha organización están trabajando en pos de soluciones o por el contrario, como algunos ya afirman, de generar y potenciar un conflicto».
«Como gobierno no cederemos a presiones ni a medidas de fuerza, como tampoco compartimos el recurso de la descalificación de las autoridades que representan al ejecutivo, por el contrario, instamos una vez mas a las comunidades que se automarginaron del dialogo a retomarlo a la brevedad. Las puertas siguen y seguirán abiertas como lo hemos hecho todos estos años, en que trabajando en conjunto, hemos desarrollado un exitoso proceso a fin de paulatinamente ir dando integrales soluciones a demandas de los pueblos originarios» concluyó Gómez.
