El doce de diciembre del año 2000 una horrible tragedia despertó de los anaqueles punitivos un tema que se encontraba esperando un momento de rating para emerger: murieron siete personas, aunque los medios se esforzaran por llamarlos reos e incluso delincuentes. Murieron calcinados a la vista paciente, cómplice y sádica de los funcionarios de Gendarmería […]
El doce de diciembre del año 2000 una horrible tragedia despertó de los anaqueles punitivos un tema que se encontraba esperando un momento de rating para emerger: murieron siete personas, aunque los medios se esforzaran por llamarlos reos e incluso delincuentes. Murieron calcinados a la vista paciente, cómplice y sádica de los funcionarios de Gendarmería que los custodiaban. Ellos eran jóvenes que no habían matado a nadie. Incluso a cuatro de ellos no se les había probado ningún cargo en su contra y por ende, según los hoy tan de moda Derechos Humanos, murieron presos e inocentes, lo que no impidió que llevaran en promedio presos más de un año.
En el caso de los condenados (3 en total) cumplían condenas de dieciocho años (uno de ellos tenía veinte y el otro veintitrés años de edad), es decir de seis años cada uno sin que entre todos ellos se hubiera causado una víctima herida, muerta o violada; delitos en que solo se trató de conseguir un sustento ilegal algo a lo cual en círculos empresariales se le llamaría competencia dentro del mercado.
En una celda vivían sesenta personas, y completamente encerrados pernoctaban. Utilizaban cocinillas a parafina pues es la única manera de procurarse comida; y los gendarmes, obligados por ley a custodiarlos noche y día incluso cuando todos duermen y no se escucha un solo ruido en la noche, los descuidaron tanto que permitieron que se quemaran encerrados por cuarenta minutos.
Pero no fue la irracional respuesta social de la cárcel el tema destacado por la opinión publica, ni la brutalidad de encerrar inocentes, ni de que éstos carecieran de posibilidades de ser defendidos adecuadamente; tampoco la desproporción de que por otro lado criminales como Juan Pablo Dávila, Pedro Espinoza y Feliciano Palma caminaran libremente por las calles cumpliendo todos en promedio un presidio menor que el que estaban purgando estos pobres ladronzuelos de chucherías que quedaron carbonizados y en letras de titulares inmortalizados como delincuentes, como «los delincuentes», como los enemigos de la sociedad.
Como si no fuera peor matar a personas, construir viviendas de mala calidad, autoindemizarse, privatizar y enriquecerse, sacarle el dinero ahorrado a los jubilados, cobrarle a los jóvenes para que se eduquen y con ello se integren al sistema que dice ser de todos y para todos.
Tampoco emergió una indignación nacional a que se investigue cómo seres humanos, en un país que dice respetar los derechos humanos, es posible que se quemen durante cuarenta minutos sin que las autoridades se preocupen siquiera de llamar a los bomberos.
La respuesta es fácil: eran delincuentes, lo que les pasó era lo que se merecían; ello sin importar que técnicamente solo el cuarenta por ciento de ellos era delincuente y el resto legalmente inocente.
Las autoridades corrieron según las ordenes de los empresarios y señalaron que tal genocidio, que tal espectáculo bárbaro y anacrónico que es la cárcel, no podía seguir siendo monopolizado por el estado, que era necesario que los empresarios no sólo fueran cómplices de que en Chile existan más de 37.000 personas presas (más loqueros y orfelinatos), sino que pudieran lucrar con ello de manera de hacer el genocidio más civilizado.
En éste sentido se tomó como ejemplo a los Estados Unidos siendo que para un recién nacido norteamericano la probabilidad de vivir alguna parte de su vida encerrado en un campo correccional es de una entre veinte; para los afroamericanos una entre cuatro [1]. Entonces se señala que se deben privatizar las cárceles (su construcción y su gestión) sin importar que al transformarse en un negocio -en los EEUU es el segundo más rentable luego de los sofwares- no sólo se entra en el riesgo de que el tráfico de influencias persiga un aumento en las penas a fin de que cada interno purgue más tiempo y con ello contribuya al hacinamiento, sino que significa privatizar el motivo por el cual existe el Estado: ya al haberse desentendido de la seguridad social y la educación, solo le queda el monopolio de la violencia como fuente de legitimación.
En el país del norte ha sido tan buen negocio las cárceles que en los últimos treinta años se han aumentado las penas para todos los delitos (sobretodo los de narcotráfico); se han creado aberraciones como el de «la tercera es la vencida» (que se ha propuesto seriamente en Chile), y el estado norteamericano ha dejado de invertir en seguridad social en la misma proporción que ha aumentado sus gastos en policías y cárceles. Ello ha traído como consecuencia que sin importar cuan en picada caiga la criminalidad, los EE.UU tendrán que agregar, cada semana una nueva cárcel con mil camas, probablemente por una década.
Se utiliza como ejemplo a los Estados Unidos y ellos tienen al igual que nosotros un alza en la población carcelaria anual de un diez por ciento y sus tasas de criminalidad se han mantenido estables por veinte años.
Una explicación racional a éste problema la da Loïc Wacquant, en su libro Las Cárceles de la Miseria: el nuevo orden globalizado neoliberal produce cada vez más excedentes, sendos grupos de marginados a los cuales la sociedad en ningún caso pretende insertar porque no caben. La producción a gran escala cada vez requiere de menos mano de obra y el 60% de los hoy empleados lo están en empresas de servicio. Estos trabajos en servicio no requieren especialización y por ende, cada trabajador puede ser sustituido sin problemas si no hay leyes laborales.
La profundización del sistema neoliberal ha causado que se eliminen las trabas a la libre competencia y con ello se abolieran las normas laborales conquistadas con décadas de lucha, al no haber oposición sindicatos, por estar la mayor cantidad de asalariados trabajando sin contrato, sin especializaciones y con dos dígitos de desempleados amenazando. Este clima baja los salarios y los empresarios consiguen que la mano de obra se venda al mínimo mientras se explota al máximo. Con ello los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Esto unido a la tecnologización de los sistemas productivos permite que el sistema económico cada vez necesite de menos personas para seguir creciendo.
Este fenómeno, como lo señala Touraine, consigue que en el primer mundo quede excluido un diez por ciento de la población y en el tercer mundo el noventa por ciento. ¿Qué hacer con todos esos pobres que como decía Malthus, crecen geométricamente?, una respuesta la dio el Keynesianismo, integrando a esas personas al trabajo, dando seguridad en el empleo, acceso a la seguridad social, a la educación, dando derecho al capitalismo. Al caer el muro de Berlín y con ello la amenaza soviética, ya no es necesario estar bien con el pueblo en esta nueva sociedad global capitalista, por ello se elimina el Estado benefactor en el primer mundo y se cambia el paradigma de Estado providencia a Estado penitencia, o de estado maternalista a uno paternalista.
Así Wacquant sostiene que en los Estados Unidos la represión penal sustituyó a la seguridad social, la cárcel sustituyó a la vivienda básica y el alimento que en ella le dan a los internos al salario mínimo. Junto con ello, al «sacar de circulación» a sendos grupos de varones jóvenes y en especial afroamericanos, han conseguido mantener a raya la cesantía, puesto que los presos no ingresan a las estadísticas como población desocupada. Recordemos que en dicho país ya se llegó a la escandalosa cifra de dos millones de personas presas. Esto es coetáneo a la privatización del sistema represivo tanto en la venta de armas, prestación de seguridad y hasta la construcción y gobernación de cárceles.
Con todo, el pensamiento de Wacquant no es posible importarlo a Chile sin previamente aplicar la siguiente corrección monetaria: primero, la unidad de análisis de Wacquant es muy limitada (el barrio, la ciudad, Estados Unidos, Europa) lo que impide observar de qué manera éste cambio del estado del primer mundo se relaciona con lo que sucede en el sistema Mundo; segundo, la relación raza- marginación en Chile adquiere formas muy distintas a los Estados Unidos (Los afroamericanos) o Francia (argelinos o Norafricanos) centrándose acá en pueblos originarios y no inmigrantes (al menos la inmigración peruana o boliviana no ha tenido las magnitudes de las olas migratorias primermundistas). El factor racial de todas formas constituye una excusa para discriminar a través del fenotipo ya que cualquier argumento racista hoy se encuentra completamente desacreditado debido a los últimos estudios genéticos y atropológicos; tercero, en Chile no es posible observar el tránsito de Estado de providencia a Estado Penitencia ya que Chile no tuvo un Welfare o éste fue muy disimil a lo ocurrido en el primer mundo. El desempleo tampoco es producto de la desindustrialización sino que de una industrialización inacabada; la última prevención es que no se puede verificar éste modelo explicativo en nuestro país no porque no exista la guetificación sino porque en Chile la delincuencia se ha mantenido estable en los últimos veinte años y no ha aumentado la violencia en los ilícitos (se ha mantenido estable la tasa de homicidios que dicho sea de paso es la más baja de Latinoamérica y cinco veces menor al promedio regional).
Pero es interesante observar que los niveles de miedo a la delincuencia de parte de la población son comparables a los de las ciudades más violentas de América y que la población penal se haya triplicado en dos décadas. Lo anterior se encuentra ligado a un crecimiento sostenido de la economía, aumento de la brecha entre ricos y pobres y una deseguritización social. En fin, Wacquant se ha convertido en una lectura indispensable en éstos momentos de insegurización ciudadana, más aún cuando en Chile nos encontramos con una privatización carcelaria en ciernes.
La empresa Wackenhut, es la controladora de éste negocio en los EEUU y ya tiene instaladas cárceles en Inglaterra y Australia. En Abril de 1994 organizó en Santiago un Seminario que patrocinó Paz Ciudadana y la Fundación Libertad y Desarrollo. En él se señaló la construcción de cárceles privadas como la panacea al problema de la seguridad ciudadana (cabe notar que en ese momento paz ciudadana aún no realizaba ningún seminario de diagnóstico sobre la Seguridad Ciudadana en Chile, eso recién fue en 1995).
Mucho dinero hay detrás para conseguir el monopolio natural del sufrimiento, por ello es que se las cárceles hoy se venden como instituciones capitales de la civilización cuando el terminar con ellas sería el primer paso para una sociedad civilizada.
Hace dos siglos y medio que Cesare Beccaria escribió su célebre tratado Del delito y de las penas, y señalaba que era imposible privar de la libertad a quien atentara contra la propiedad pues se trataban de derechos de una entidad distinta, hoy no solo está encallecida nuestra sensibilidad, utilizando sus dichos, sino que está tan asentado que la propiedad es el derecho más importante de la sociedad que más del noventa por ciento de las personas presas lo están por ese motivo, de ellos a su vez, el noventa por ciento es de escasos recursos económicos. Ahora los empresarios quieren cobrar por tener presos a aquellos que les roban una radio o una billetera, cobrarle al Estado. Este, en vez de invertir en salud y educación dirigirá esos fondos nuevamente hacia arriba aumentando la brecha, con ello la acumulación de capital, con ello la pobreza, con ello la represión penal, con ello los presos…
El problema del hacinamiento carcelario no está dado por el aumento de los delitos sino por el aumento de las detenciones, de la mano dura policial y judicial, de la intolerancia y la mantención de presos sin condenas. Estamos cosechando lo que ha sembrado Orpis y Espina, María Pía Guzmán, Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo, COPESA, El Mercurio y el Gobierno durante toda la década anterior. Ellos llamaron a la mano dura, a la eficiencia, al no dejar nada impune, a vigilarlo y controlarlo todo para esconder con un dedo el sol de la pobreza. En Chile no ha aumentado la delincuencia en la última década pero ya mucho se ha lucrado manteniendo este engaño y paradojalmente en la misma proporción en que ha aumentado el hacinamiento carcelario ha aumentado la brecha entre ricos y pobres.
Las opiniones expresadas en los artículos y comentarios son de exclusiva responsabilidad de sus autor@s y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la redacción de AlterInfos.
Notas
[1] Ver Loïc Wacquant, Las Cárceles de la Miseria. Editorial Manantial, Buenos Aires, año 2000.
http://www.alterinfos.org/spip.php?article1821