1. ¿Cuál es la situación actual de la persecución contra los movimientos sociales y de oposición en Colombia? En el tema de presos políticos, ha habido un retroceso importante, pues el gobierno ha impulsado una legislación que le permitirá encarcelar a más personas por más tiempo. Ese es el espíritu de la Ley de Seguridad […]
1. ¿Cuál es la situación actual de la persecución contra los movimientos sociales y de oposición en Colombia?
En el tema de presos políticos, ha habido un retroceso importante, pues el gobierno ha impulsado una legislación que le permitirá encarcelar a más personas por más tiempo. Ese es el espíritu de la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley enfocada a la persecución de la protesta social. Ha convertido a los delitos relacionados con la protesta social en la única clase de delitos en Colombia con los cuales una persona condenada a penas menores de cuatro años la deba forzosamente pagar con cárcel. Con cualquier otra ley colombiana, alguien con penas de menos de cuatro años puede cumplir su condena excarcelada. Esta ley se le ha hecho algo de propaganda porque trata como un delito que la parte empleadora impida el ejercicio del derecho a la sindicalización. Esto ha sido vendido hacia fuera, particularmente hacia los EEUU en el marco del TLC con ese país, como una garantía del respeto a las libertades sindicales en Colombia. Es decir, si alguien está creando un sindicato y el patrón sabotea este intento o echa personas involucradas con la organización sindical, esta persona podría pagar con dos ó cuatro años de cárcel. Pero este delito, a diferencia de otros de la ley, sí es excarcelable. Además, no hay nadie que haya sido juzgado por este delito, o siquiera investigado en circunstancias que personas sí están siendo juzgadas por la ley de Seguridad Ciudadana por otros delitos
2. El gobierno desconoce la existencia de prisioneros políticos, y según organismos de derechos humanos existirían alrededor de 9500 prisioneros políticos. ¿Por qué cree usted que se da esta diferencia de apreciación?
El gobierno parte de la base de desconocer la existencia de presos políticos en Colombia. Ellos plantean que los crímenes que han cometido los guerrilleros son delitos comunes, que la rebelión, es decir el delito político por excelencia, es equiparable a la delincuencia común. El gobierno dice que presos políticos son sólo aquellos presos por sus opiniones o aquellos a los que no se les ha respetado el debido proceso. Human Rights Watch tuvo una postura muy vehemente para negar en los mismos términos que el gobierno de Santos la existencia de presos políticos colombianos. Se dice que en Colombia se respeta el derecho a la defensa y las garantías judiciales en eso se basa para decir que no hay presos políticos. Entonces tenemos una situación paradójica, en la cual por un lado, existe un reconocimiento jurídico de la existencia del delito político, pero lo que se difunde por razones políticas, es que no existen delincuentes políticos. Es una situación en la cual el problema no puede ser debidamente abordado si se niega su existencia.
Entonces, existe un desconocimiento de la situación política de los presos políticos por parte del gobierno, pero se les señala y estigmatiza con una auténtica política de odio, una estrategia contenida claramente desde los organismos de inteligencia del Estado que diseñaron la ‘operación internet’… cada vez que se toca el tema de los presos políticos en los medios, hay reacciones idénticas por parte de ciertos foristas que repiten los mismos argumentos, calcados el uno al otro.
3. ¿Podría hacernos una radiografía de la situación carcelaria en Colombia? ¿Existe un trato marcadamente discriminatorio contra los presos políticos?
La situación carcelaria en Colombia es de una gravedad inusitada. Pero los que sufren son los presos políticos y los presos de guerra, porque lo que son soldados, paramilitares, parapolíticos y corruptos son presos de otra marca, privilegiados y que reciben un trato envidiable para la mayoría de los colombianos de a pie. Los presos que no pertenecen a este selecto grupo, sufren de hacinamiento, de restricciones al acceso al agua, de condiciones insalubres, de falta de atención médica, maltratos de los guardias, de maltratos a sus visitas, de castigos colectivos, de tortura y trato degradante, y del aislamiento. Esto lo sufren todos los presos, pero particularmente los presos políticos, con quienes el INPEC se ensaña y quienes sufren particularmente de ciertos tipos de malos tratos.
Las cifras del hacinamiento hablan por sí solas. Uribe recibió un país con algo más de 50.000 presos en 2002, dejando el país en 2010 con 80.000 presos. Santos, ya va en los 105.000 presos. Tenemos una tasa carcelaria que crece al ritmo vertiginoso de 1,7% mensual. Se construyeron en este período 10 nuevas cárceles, las llamadas ERON, que son cárceles de hasta 4000 personas, con lo cual crearon unos 26.000 cupos nuevos en total. Aún así, los cupos totales en el país son para 75.000 personas, lo que significa que tenemos un hacinamiento del 40%. Pero qué sucede, que las cárceles nuevas no aceptan hacinamiento, sino que este hacinamiento se está produciendo solamente en las cárceles viejas… entonces, tenemos cárceles como la Modelo, con hacinamiento del 200% o Bellavista, con un hacinamiento de 250%.
Los presos políticos, además, están mezclados con los paramilitares, no se les separa, y por lo general los ponen en situaciones de desventaja numérica, lo que se agrava con la alianza que existe entre los guardias del INPEC y los paramilitares en las prisiones. Esto es un peligro constante contra la integridad de los presos políticos.
Los presos políticos, en general, sufren más por torturas y tratos degradantes, con los cuales se castiga a todos los presos, pero existe un ensañamiento muy intenso con los presos políticos. El INPEC ve al preso político como un enemigo del Estado, y ya que al funcionario se le ha indoctrinado en una mentalidad contrainsurgente, se le da un trato marcial al preso político. Por ejemplo existe un cuerpo especial de guardias del INPEC que usan equipamento militar, hasta con camuflado.
4. Esta situación que usted describe, ¿afecta a todos los recintos penitenciarios? ¿las cárceles nuevas, las ERON, representan un mejoramiento en términos humanitarios?
El reglamento de las cárceles nuevas es horroroso. Se sufre mucho del aislamiento, luego hay restricciones a la comunicación entre patios o pasillos, el reglamento es más estricto pasándose 14 horas encerrados en la celda. Las horas en el patio son 10, pero no puedes volver a tu celda en esas horas como sí puedes hacerlo en las cárceles viejas. Tienes menos horas de visita, te dan tan sólo 3 horas físicas de visita cada 15 días. La visita conyugal es sólo 1 hora cada 45 días. En las cárceles viejas, hay visitas todos los domingos y la conyugal la puedes tener en tu propia celda, todo el día, que pese al hacinamiento, te puedes hacer tu cambuche y ahí estás, en tu celda, todo el día si quieres. En las nuevas, te sacan esposado frente a tu familia, es muy humillante.
En las nuevas cárceles el principal castigo es por aislamiento. Este es el tipo de castigo principal al que se somete a los presos políticos. Cuando hablamos de aislamiento estamos hablando de calabozos sin ventanas, donde se permite apenas una hora de sol al día, donde la comida se les arroja por una rendija en la parte baja de la puerta, al estilo de las prisiones en EEUU… legalmente, se te puede tener hasta dos meses en esas condiciones, pero sabemos de casos que han estado hasta años en esas condiciones. Si un preso político tiene problemas de seguridad, porque lo han amenazado paramilitares en la cárcel, entonces se les aísla en estos calabozos supuestamente como medida de protección. Pero esto no es una medida de protección, sino que es un castigo.
5. Se ha denunciado la falta de atención médica a los presos políticos como una forma de tortura… ¿qué opina de esta situación?
La situación más grave se da con las personas capturadas en combate. A los combatientes heridos no se les presta debida atención médica, muchos de ellos llegan heridos con disparos… no se les atiende si tienen enfermedades terminales, existen presos que están con cáncer y se les niega la atención médica.
Faltan los remedios en general, pero hay un fármaco que siempre se encuentra en las prisiones: la clozapina, que es un fármaco psiquiátrico, un psicotrópico, pero lo toman más los muchachos que son delincuentes comunes. Lo da directamente el INPEC, pero lo prescribe un psiquiatra que, por ejemplo para el caso de La Dorada, una vez al mes visita la cárcel por ocho horas para atender a más de 160 presos. En esa visita, lo único que hace es recetarles más de esta droga, que los vuelve adictos, los deja como zombies, y se convierte en un mecanismo de control social de los presos. Esta droga nunca falta en estas cárceles, es la única que nunca falta.
6. Se ha dado un importante debate en torno a los alcances del Marco Jurídico para la Paz. Hay detractores de derecha que dicen que se beneficia a la «guerrilla», mientras que detractores de izquierda insisten que es un marco para la impunidad. ¿Cuál es su apreciación respecto a él?
El fiscal dice que lo más importante del Marco Jurídico para la Paz, es que las violaciones de derechos humanos no puedan ser sujetas a indulto o amnistía. Que las violaciones menores sí son indultables, se puede excarcelar siempre y cuando se trate de delitos comunes, pero resulta que en esta definición de delitos comunes entra todo. De hecho ahora mismo, 2200 militares se están declarando culpables, están aceptando cargos por los falsos positivos para beneficiarse de la excarcelación en el Marco Jurídico para la Paz y así salir libres. El Senador Roy Barreras está detrás de todo esto y ya 2200 militares dicen estar dispuestos a ir a sentencias anticipadas, de un total de poco más de 2400 militares procesados por estos crímenes de lesa humanidad. Hay unos 5000 más que están siendo investigados en estos momentos. De los oficiales que están en proceso de promoción una cifra importante de ellos están siendo investigados por violaciones en el marco de la guerra sucia, porque no se trata de uno ó dos oficiales corruptos, sino de una política estatal de guerra sucia.
En general, más allá de esta legislación particular, el gobierno colombiano parte de un punto que no es negociable para la insurgencia, tal es que los procesos de paz sean nada más que procesos de desmovilización y sometimiento de los guerrilleros a la justicia… lo ven apenas desde las premisas de la reinserción, la excarcelación, etc. Además, no hay ninguna garantía de que las reformas que se puedan dar se implementen. Así las cosas, pareciera difícil que estas iniciativas por sí solas estén pavimentando el camino a la paz.
7. ¿Cuál es la situación jurídica en que se encuentran los prisioneros políticos en Colombia? Se ha hablado, en documentos del DAS, de una ‘guerra jurídica’ ¿Ustedes tienen elementos para decir que esta situación se refleja en las condiciones objetivas de los presos?
En Colombia se aplica a los prisioneros políticos un derecho penal para el enemigo, en el cual se reducen las garantías de defensa, con agravamiento para las penas por delitos vinculados a la insurgencia, se condena sin mayores pruebas, pruebas que no se sostienen en un exámen probatorio. Es una verdadera guerra jurídica en la cual el «derecho» es utilizado de manera parcial, arbitraria, como un arma en una guerra en la cual se utilizan toda clase de métodos.
Si tú eres comandante de un frente guerrillero, se te hace responsable de absolutamente todas las acciones cometidas por miembros de ese frente. Pero esa misma teoría no se aplica al Ejército, porque de ser así, Juan Manuel Santos, por cadena de mando, estaría preso por los falsos positivos ocurridos durante el tiempo en que estuvo a la cabeza del Ministerio de Defensa. Todos los mandos del ejército, si se les aplicara esta teoría, deberían estar tras las rejas. Entonces, tenemos mandos de la guerrilla que están enfrentando 40 ó 60 procesos, y que también enfrentan condenas en ausencia. Esta es otra figura de la guerra jurídica, porque se condena a una persona sin que ésta tenga derecho a defenderse, con lo cual se da una imposición de penas altísimas, en la realidad ocasiona cadena perpetua. Este tipo de condenas, además, no tienen ninguna clase de beneficios por estudio o por trabajo, como otros tipos de delitos. Entonces, se dice que no hay presos políticos en Colombia, pero sí hay un tipo de presos que son claramente discriminados y lo son por razones políticas.
8. A ustedes se les ha acusado de ser los «abogados de la guerrilla»…
Como organización, nosotros defendemos el derecho de toda persona a ser juzgada con las debidas garantías procesales. Una democracia no debería utilizar el aparato de justicia para perseguir a los que considera sus enemigos. En aras de atacar al enemigo no se le pueden quitar las garantías, eso es propio de las dictaduras, que utilizan juicios sumarios o tribunales militares. Nosotros defendemos, como organización de derechos humanos, el derecho de toda persona a ser juzgada mediante un debido proceso. Los paramilitares y los militares tienen todas las garantías y muchos privilegios indebidos. Los militares tienen incluso una organización, que acaba de ser fundada, y se piensa crear una institución con dinero de todos los contribuyentes colombianos, para defenderlos de cualquier razón por la que se encuentren presos, esto incluiría todo, incluso por delitos sexuales o violencia intrafamiliar. A otra organización que se encarga de proteger a los presos del ejército, Demil, nadie la acosa como se nos acosa a nosotros por defender a estos presos políticos a los cuales no se les respeta ningún derecho y se les victimiza con maltratos de manera regular.
9. Ya que usted está de gira en Europa, ¿qué rol cree que está jugando la UE ante el conflicto social y armado en Colombia? ¿Cree que desde Europa pueden darse ciertos escenarios que beneficien una salida política al actual conflicto, que puedan ayudar a liberar presión de la grave crisis humanitaria colombiana?
El que los movimientos guerrilleros colombianos sean considerados terroristas por la UE es algo que pesa políticamente para la insurgencia, pero también pesa para la sociedad civil que pide una solución negociada al conflicto. La UE se ve incapacitada para mediar porque con terroristas no se dialoga… Aparte de Irlanda, que ahora pareciera estarse abriendo un poco más y dispuesta a jugar un rol frente a Colombia, el único gobierno europeo que hasta ahora pareciera tener una mayor receptividad al tema de servir como un espacio de acercamiento entre las partes, es el gobierno suizo, pero ellos no están en la UE. Ellos no declararon entonces ni a las FARC ni al ELN terroristas. Lo que nos preocupa es que sí han firmado un Acuerdo de Cooperación Judicial en el marco del TLC que impulsan con Colombia, en el cual si hay colombianos u otros con orden de captura en territorio suizo, puedan ser deportados a Colombia de manera expedita. Y las extradiciones son un componente importante de esta «guerra jurídica».
Nota:
[1] http://www.omct.org/es/human-
José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario, residente en Irlanda donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.
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