Hace un par de días, presentamos al país algunas reflexiones a propósito de las opiniones emitidas por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre decisiones de la Corte Constitucional en torno a los considerados «máximos responsables» del conflicto interno colombiano. Ahora se presenta el caso en que vuelve a jugar el tema del […]
Hace un par de días, presentamos al país algunas reflexiones a propósito de las opiniones emitidas por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre decisiones de la Corte Constitucional en torno a los considerados «máximos responsables» del conflicto interno colombiano.
Ahora se presenta el caso en que vuelve a jugar el tema del señor General Freddy Padilla de León (embajador de Colombia en Austria luego de ocupar los más altos cargos militares durante los gobiernos de Álvaro UribeVélez), a quien el Centro Europeo de la Constitucionalidad y Derechos Humanos ha acusado ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales, «falsos positivos», y graves violaciones a los derechos humanos, todas ellas consideradas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Es la inoperancia y el descrédito de la justicia Colombiana lo que genera esta situación, a la que se le suman todas las desconfianzas que suscita la imposición de un instrumento de impunidad, como es el fuero militar.
Decíamos que para el logro de la paz en Colombia es imperativo hacer prevalecer la soberanía jurídica sobre la inadmisible injerencia de jurisdicciones internacionales.
Desde las FARC se piensa que la seguridad jurídica de los eventuales acuerdos para la terminación del conflicto, es una necesidad, y ella debe ser producto de esa soberanía jurídica. Pero tal circunstancia solo puede darse haciendo un saneamiento a fondo del sistema judicial colombiano, construyendo una trancisionalidad que mane del acuerdo de las partesy restableciendo toda la verdad histórica, lo cual solamente será logrado por la fuerza de un verdadero tratado de paz, si se refrenda con el poder creador del constituyente primario. Deberá entenderse que más allá de los militares que participaron y participan directamente en la guerra, son las élites en el poder las máximas responsables de la violencia y el desangre nacional. Aunque nuestras palabras han sido diáfanas respecto a esta temática, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desde el taller internacional sobre Derecho Internacional Humanitario que se desarrolla en Cartagena, nuevamente arremete contra las FARC acusándonos de urdir con el Centro Europeo de Constitucionalidad y Derechos humanos, las acusaciones que pesan contra el General Padilla de León. Se equivoca nuevamente el ministro de la guerra.
Pinzón es un obstinado francotirador disparando contra la santabárbara, buscando siempre hacer estallar en pedazos los diálogos de La Habana. Al tiempo que dispara contra el proceso de paz, negándonos la condición de opositor político que ha sido reconocida por el hecho mismo de haberse entablado las conversaciones entre partes iguales, vuelve a la manida práctica de estigmatizar a quienes asuman posiciones de cuestionamiento a los desafueros del poder.
Lo que ocurre con la mencionada organización defensora de derechos humanos, es lo que cotidianamente se da contra personalidades y organizaciones del orden nacional, que luego son perseguidas, criminalizadas, encarceladas, y hasta eliminadas.
Nos da la impresión que el ministro de marras no está hablando en la línea discursiva del gobierno, sino subordinado a la línea anti-paz del enemigo público número uno de la solución política, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.