Como Werken (vocero) de la comunidad indígena de Mehuín, en la Décima Región, el ex ministro Juan Guzmán Tapia conversó en exclusiva con Crónica Digital, entregando sus opiniones sobre la situación de los pueblos indígenas, la Justicia y los derechos ciudadanos de las chilenas y chilenos. Guzmán se retiró del Poder Judicial en 2005 y […]
Como Werken (vocero) de la comunidad indígena de Mehuín, en la Décima Región, el ex ministro Juan Guzmán Tapia conversó en exclusiva con Crónica Digital, entregando sus opiniones sobre la situación de los pueblos indígenas, la Justicia y los derechos ciudadanos de las chilenas y chilenos. Guzmán se retiró del Poder Judicial en 2005 y saltó a la historia por ser el juez que pudo enjuiciar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Hoy se encuentra dedicado a la vida académica, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
– ¿Cómo nació su motivación de ser vocero del pueblo lafkenche?
– Llegué a ser vocero o werken de la comunidad indígena de Mehuín como producto de una invitación que me realizó Aucán Huilcamán para participan un congreso, en el que los representantes de la comunidad lafkenche me propusieron ser su vocero frente a los chilenos y los pueblos del mundo. Me motivó el desprecio a su cultura, a su hábitat, al daño ecológico que no sólo se está llevando a efecto en Mehuín, sino también a todos los pueblos originarios que viven en nuestro país por parte de las grandes empresas.
– ¿Influyó en su decisión la defensa de su hábitat que realizaron los pescadores de Mehuín de hábitat y la forma en que lograron rechazar los barcos de la Armada chilena, que protegían a la empresa Celco?
– En efecto, fui a la zona y pude ver los videos y conversar con la Armada, así como con los pescadores, y pude ver cómo el barco contratado por Celco fue impedido por los pescadores de realizar las mediciones para que el ducto de esa empresa vertiera los contenidos contaminados al mar y dañara el frágil ecosistema de ese lugar.
– Después de un año como vocero de uno de los pueblos originaros, ¿qué opinión tiene de la situación de respeto de los derechos de las comunidades indígenas en Chile?
– En primer lugar, pienso que no hay avances importantes en el respeto a los derechos humanos del pueblo mapuche. Más aún, hoy se ha entregado un Informe del Estado chileno en el cual se sostiene que no se aplica la ley de conductas terroristas a dirigentes mapuches. Eso no es verdad, el Gobierno sabe muy bien que se les ha aplicado la Ley Antiterrorista en primera instancia, en segunda por lo penal, y por la Corte Suprema. Se tipificó los hechos imputados como conductas terroristas, en circunstancias que aquellos se tratarían, en los casos de personas que no son mapuches, sólo como delitos comunes. Hay un abuso, una discriminación, y ahora una gran mentira en ese informe entregado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el Gobierno.
– Es decir, hay chilenos de primera y segunda categoría…
– Sin duda, hay personas de primera, segunda, tercera, sino más. Yo consideraría que los mapuches están en aquellos de tercera categoría. Eso es discriminatorio y atenta en contra de los derechos civiles de ese pueblo.
– Hace algunos días fue detenido José Huenchunao y mostrado por la policía engrillado y fuertemente custodiado. ¿Qué sintió al ver esas imágenes?
– Desde luego, vi un gran abuso en contra de esa persona. Todavía se cree que estamos en la colonización. Yo creo que se está realizando violencia estatal, que es una forma de terrorismo estatal, en contra de las personas de origen mapuche que defienden su tierra.
– ¿Cuáles son los pasos que, a su juicio, deberían adoptar para enfrentar el conflicto de los pueblos originarios, sobre todo la violencia que lo ha caracterizado en determinados momentos?
– En primer lugar, debemos saber de donde viene la violencia. Pienso que la violencia que está siendo sancionada puede ser provocada por las mismas personas que se dicen afectadas. Además debería investigarse con la tipología penal pertinente, porque con la ley antiterrorista se usan medios distintos y fraudulentos, como es el caso de los testigos sin rostros, que luego se comprobó que eran testigos sobornados y que, en los casos más emblemáticos, ni siquiera estaban en la zona las personas que eran acusadas de haber supuestamente participado en los hechos.
– ¿Qué otras medidas propone?
– Una prensa honesta que difunda en Chile y en el mundo lo que está pasando. En segundo lugar, buena fe por parte del Gobierno y los Tribunales de Justicia. Debo recordar que en la antigua Grecia, el filósofo Sócrates manifestó que la justicia es de los fuertes, de los poderosos. La justicia hoy sigue siendo la justicia de los poderosos. Creo que en la medida que tengamos conciencia de esa situación y podamos cambiarla, será posible poner fin a la discriminación.
– ¿Y qué le propone al pueblo mapuche?
– Sería muy bueno que el pueblo mapuche se uniera y que no constituyera una cantidad de agrupaciones y grupos. Debería haber una entidad que los representara a todos, una organización poderosa. Debería unirse y constituirse en una fuerza política seria, para así representar a los suyos en las distintas instancias del poder político nacional.
– Usted habla de la exclusión política y social pueblo mapuche, pero existen otros sectores, sociales y políticos, que están excluidos…
– No debería haber nadie excluido en nuestro país, repito nadie, ni los mapuches, ni los sectores políticos que no tienen participación en el Parlamento.
– En los últimos meses se ha estado discutiendo sobre la Ley de Amnistía, en las esferas políticas, en el Gobierno y en el mundo judicial. ¿Cuál es su opinión?
-En primer lugar debo indicar que las leyes de amnistía tienen un carácter político y su objetivo es pacificar a algún grupo que ha participado en alguna guerra, revolución o guerra civil. En el caso chileno, esta surgió en un gobierno autoritario, en una dictadura, donde se produjeron tantas torturas, desapariciones forzadas y otros hechos criminales. La amnistía que existe en el país es una autoamnistía y por tanto no aplicábamos esta disposición a los casos de derechos humanos, porque las convenciones internacionales así lo establecen: hay ciertos delitos que son inamnistiables e imprescriptibles. Desde mi punto de vista, está en los jueces no aplicarla.
– Pero hay algunos jueces que la han aplicado…
– Sí, pero creo que a la larga se va a corregir este factor.
– Usted investigó a Pinochet, hoy está muerto y no fue castigado por la justicia. ¿Cuál es su sentimiento?
– Yo procesé a Pinochet en dos casos: en la Caravana de la Muerte y en la Operación Cóndor. Cuando me di cuenta que no había voluntad política, ni tampoco voluntad jurídica por parte del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema, estime que debía hacer una labor fuera de la justicia en temas de derechos humanos.
– ¿Podría explicar a lo que se refiere cuando señala que no existió voluntad del Poder Judicial?
– Por supuesto, la Corte Suprema y el sistema judicial chileno perdió la oportunidad de rehabilitarse frente a Chile y el mundo. El Poder Judicial hizo una labor muy cobarde durante el régimen militar, particularmente rechazando más de 10 mil recursos de amparo, lo que significó la desaparición forzada de personas, la muerte y la tortura de millares de personas. Cuando solicité a la Corte Suprema someter a juicio a Pinochet y no lo sometió a juicio, perdió la oportunidad de rehabilitarse. El sistema judicial sigue hoy deshonrado.
– ¿Qué piensa que ocurrirá con los casos de derechos humanos que todavía se están investigando en la justicia?
– Creo que la mayoría de los jueces chilenos son honestos y confió que se haga justicia.
– Otro tema no menor es la responsabilidad política de los ministros del régimen de Pinochet en los casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Está de acuerdo que respondan ante la justicia?
– Yo pedí el desafuero de Sergio Fernández, ministro del Interior, y también de Enrique Montero Marx, pero mi idea no sólo era procesarlos a ellos, sino también a los ministros de la Corte de Apelaciones de la época, y la gran mayoría estaban en la Corte Suprema, los cuales coparticiparon en la represión en contra de los chilenos. La idea mía era llegar también hasta ellos. Pero se olfateó antes cual era mi investigación, en especial hacia la justicia.
– Hace algunas semanas Michelle Bachelet cumplió un año de Gobierno. ¿Cómo evalúa Usted los 365 días en materias de derechos humanos?
– Me parece que hizo más como ministra, en su oportunidad, que como Presidenta de la República en temas relacionados a los derechos humanos. La prueba es el continuismo que se ha dado en estas materias: lo podemos ver en los Gobiernos de Frei, Lagos y hoy Bachelet en el caso particular de los pueblos originarios. En materia de investigación de los casos pendientes de violación a los derechos humanos en el régimen militar, podemos decir que hay avances, pero ha sido el esfuerzo de los jueces.
– ¿Y los derechos civiles?…
–Mire, cuando llega a Santiago ve una maravillosa carretera que hizo Ricardo Lagos, que se llama Costanera Norte. ¿Dígame si no siguen las mismas poblaciones callampas que han existido siempre? Allí se está infringiendo los derechos de los trabajadores. También en ámbitos como el plan Transantiago.
– ¿Los derechos de los ciudadanos están siendo transgredidos con el Transantiago?
– Yo creo que sí. El Plan Transantiago era fundamental por el caos que existía y por un transporte público muy deficiente. Pero por lo menos satisfacía medianamente al usuario. Se puso «la carreta antes que los bueyes», la implementación debería haberse hecho gradualmente, primero por sectores y después en toda la capital. Me pregunto: ¿por qué se inyectaron millones de dólares en el sistema de carreteras y no la misma cantidad en el Transantiago? La verdad es que se privilegia a los más ricos en desmedro de los más pobres.
– En ese contexto, ¿la justicia está preparada para enfrentar la creciente demanda de los ciudadanos?
– Evidentemente que no. Falta mucho que aprender y crear. Los jueces crean el derecho, y por tanto todavía hay un proceso de aprendizaje. Un ejemplo de ello es la cantidad de casos que los tribunales de justicia dan a tramitación en materia medio ambiental, son muy pocos… Eso demuestra la realidad de nuestro sistema judicial. Para ello debería evolucionar la mentalidad de los jueces y tener los medios para poder estar a la altura de los derechos ciudadanos, creo que las escuelas de derecho tienen mucho que decir en la formación de los futuros abogados, jueces y fiscales, en lo que se refiere en los derechos colectivos y globales.
Iván Gutiérrez Lozano: Periodista y Director de Crónica Digital. Colaboró Rossy Frutos, estudiante en práctica de periodismo universidad Pedro de Valdivia.