Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
Entrevista al politólogo Franck Gaudichaud sobre el referéndum histórico por el que los chilenos decidieron cambiar la Constitución y liberarse del texto redactado bajo el régimen de Pinochet.
El domingo 25 de octubre los chilenos aprobaron el principio de una nueva Constitución que sustituirá a la de 1980 redactada bajo la dictadura de Pinochet. Pensada para sobrevivir al régimen militar, instaurada por el golpe de Estado de 1973, la Constitución de 1980 sellaba los «enclaves autoritarios» y una economía política neoliberal que perduró efectivamente tras la transferencia del poder a los civiles en 1988.Tras un levantamiento popular inédito surgido hace un año, el poder político abrió la vía a la redacción de un nuevo texto fundamental. El 78 % de los votantes tomaron esta oportunidad, la misma proporción que eligió la opción de una nueva asamblea totalmente elegida en vez de una asamblea mixta que incluya la mitad de los parlamentarios actuales.
Análisis de estos resultados con Franck Gaudichaud, gran conocedor de las realidades chilenas y profesor en Estudios Hispanoamericanos en la Universidad de Toulouse (Francia). Coautor de Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica (UNAM, 1919), también ha publicado un gran ensayo sobre los años de la presidencia de Allende y “los mil días” de la Unidad Popular (1970-73)
¿Cuál es la importancia histórica del referéndum del 25 de octubre?
En la historia de dos siglos de la república chilena nunca ha habido una asamblea constituyente elegida por sufragio directo. Este ya es un primer elemento destacable. Después, el voto del domingo pasado marca, obviamente, el final de la Constitución maldita de la dictadura. Claramente los partidarios de la democratización del país han logrado una victoria. Por lo menos, es un primer paso, pues los obstáculos siguen siendo muy numerosos. Esto ha sido posible gracias a la presión del movimiento popular. Hace un año y un mes parecía imposible cambiar la Constitución a brevedad. Esta brecha es una consecuencia directa de la rebelión de octubre de 2019, que obligó a la “casta” política a abrir una puerta. Asistimos a un nuevo resurgimiento del pueblo como sujeto político, cincuenta años después de la Unidad Popular, mientras que estos 30 últimos años la vida política funcionó a la inversa, con una pequeña casta, estrechamente vinculada con el oligopolio económico, que gobernaba y dominaba una sociedad atomizada y fragmentada por el neoliberalismo.
¿Cómo analiza la amplitud de la participación y el resultado por el «apruebo»?
En Chile la abstención creció mucho desde hace 15 años y era mayoritaria en muchos procesos electorales. Ciertamente, ahora con el referéndum, la participación ha sido mayor que durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2017, con 500.000 votantes más, pero todavía es una participación modesta [En las elecciones presidenciales de 2006 participó más del 87 % de los votantes ndlr]. Esta participación se puede considerar decepcionante y muchos son los electores que quisieron marcar su escepticismo frente a este plebiscito, incluso desde la izquierda radical con una abstención activa denunciando este domingo de voto como un nuevo engaño de la “transición”. Pero también hay que considerar el contexto de la pandemia que sufrimos y un día de voto que ha sido instrumentalizado por la extrema derecha en una «campaña de terror» consistente en señalar el “caos” al que llevaría el referéndum.
No me sorprende la victoria del «apruebo», pero sí su amplitud. Con más de dos tercios de los votos, se demuestra que existe en el país una demanda muy amplia de acabar con la Constitución de Pinochet y su herencia, demanda que va más allá de las izquierdas y de los movimientos populares.
El “sí” a una nueva asamblea para redactar la Constitución ha recibido el mismo apoyo masivo, que curiosamente ha sido incluso ligeramente superior al voto por el cambio de la Constitución.
Sí, se ve incluso que una parte de las personas que votaron contra el cambio consideraron que si éste se va a efectuar, que sea por medio de una “convención constitucional”. Lo que señala este resultado es un rechazo masivo a la clase política. Pocas personas se han pronunciado a favor de un proceso que incluya a los parlamentarios actuales y a favor de la opción de “convención mixta”.
El vapuleo es particularmente duro para la derecha chilena, que está noqueada. Salvo su sector liberal, mayoritariamente hizo campaña por el «no» al cambio constitucional. Por lo tanto, el voto del domingo también es un voto-sanción al Gobierno derechista de Sebastián Piñera. Este voto ya ha conseguido fracturar a la derecha y a cada uno de sus partidos, incluida la UDI, el sector más duro. Así, esas controversias la sacuden en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2021, con el temor de verse excluida en la segunda vuelta. Sin embargo, hay que señalar que esos partidos seguirán siendo hegemónicos en el proceso constitucional y electoral, cuyo desarrollo se negoció «a puerta cerrada» en noviembre de 2019 con un pacto firmado entre la derecha y la mayoría de los partidos de la oposición, con el apoyo del Ejecutivo.
¿De qué manera? Y más ampliamente, ¿cuáles son los límites del futuro proceso con respecto a las reivindicaciones del movimiento popular?
No se trata de una Asamblea Constituyente (AC) del tipo de la boliviana (2006), muy abierta a la influencia de los movimientos sociales, ni de un sufragio que se hará mayoritariamente con personas no profesionales de la política, al contrario de lo que se dice aquí y allá. Se habla en Chile de «convención constitucional» y no de un AC libre, plurinacional y soberana. Los viejos partidos de la élite intentarán controlar todo el proceso.
A día de hoy no se sabe cómo podrán presentarse las personas “independientes”, o sea la sociedad civil movilizada. Una parte de la izquierda parlamentaria propone, de momento, dejar espacios en sus listas a los representantes del movimiento popular, pero todavía no hay nada de esto regulado. Por otra parte el día de la votación, el próximo 21 de abril, habrá al mismo tiempo elecciones municipales y a gobernación, con las grandes maquinarias electorales que desplegarán su experiencia… ¡y sus medios financieros!
La segunda limitación reside en el hecho que el “pacto” de noviembre indica que todos los artículos del nuevo texto deberán ser validados por una mayoría cualificada de dos tercios… Pablo Longueira, una figura de la derecha dura, celebró públicamente que su campo posee así una especie de «derecho de veto» sobre la futura Carta Magna. De hecho tendrá una minoría de bloqueo, a menos que consiga muy pocos representantes, lo que es poco probable en el Chile realmente existente hoy. Es decir que parte de los «viejos» artículos de la Constitución neoliberal autoritaria pueden ser reintroducidos en la «nueva» Constitución por estos actores. Sin hablar del peso de los partidos social-liberales de la ex–Concertación, que fueron artífices de la consolidación neoliberal durante 30 años. Además se ha decidido dejar de lado asuntos centrales del debate como los tratados internacionales, incluidos los relativos al libre comercio.
¿Todo esto tiene el riesgo de limitar los derechos sociales y medioambientales que podrían ser consagrados por un nuevo texto? ¿A pesar de todo se ha abierto una brecha para reconocer la diversidad del país, en particular los pueblos autóctonos?
Un proceso constituyente siempre es producto de una negociación sociopolítica. Pero en este caso se restringe el proceso antes de comenzar y una vez más, en Chile, el riesgo es que ese nuevo pacto constitucional se haga «en la medida de lo posible», como la transición democrática de 1988-89 con un Pinochet que quedó como jefe de las fuerzas armadas y senador vitalicio. Esta vez los conservadores, y también una parte de los antiguos partidos de la «Concertación», la coalición social-liberal que gobernó el país desde 1990 a 2010, harán todo lo posible para no limitar el derecho de propiedad o, por ejemplo, cambiar el código del agua, que es uno de los más neoliberales del mundo.
Dicho esto, además de la existencia del propio proceso, hay elementos importantes. La convención será paritaria –por primera vez en el mundo- Está garantizada una representación de los pueblos autóctonos, aunque todavía hay que definir el equilibrio entre los mapuches (mayoritarios) y los demás. Los movimientos populares y parte de las izquierdas son conscientes de que es necesario mantener la presión “desde abajo” para que la brecha de la transformación del orden social y político permanezca abierta. La “convención constitucional” será solo una etapa en un momento de disputa más amplio, donde habrá riesgos y oportunidades para las fuerzas antineoliberales y anticapitalistas.
¿Cómo se sitúa el movimiento social con respecto a la izquierda instituida? ¿Existe la voluntad de conseguir una representación autónoma?
Parece difícil levantar una nueva fuerza política popular de ahora al próximo mes de abril. Pero se están dando esas discusiones, porque Chile pasó de un ciclo destituyente a uno constituyente. Por lo tanto, el contexto cambió con respecto a octubre de 2019. Además, en noviembre de 2019, mientras la revuelta estaba en pleno apogeo y tras la mayor huelga nacional desde el final de la dictadura, varios dirigentes del Frente amplio (izquierda alternativa) firmaron el acuerdo «para la paz y una nueva Constitución» con la derecha parlamentaria, acuerdo que incluye todos los límites mencionados. Eso provocó una crisis que ha conducido a su explosión y a la separación de su ala izquierda.
El Partido Comunista no firmó ese acuerdo. Simplemente no le invitaron, pero eso le coloca en mejor posición que a otros con respecto a las revueltas de octubre. Es una fuerza modesta en el Parlamento, pero Daniel Jadue, alcalde de la comunidad de Recoleta en Santiago, es una figura popular, actualmente testado con éxito en las encuestas para la presidencia, donde estaría a la altura del conservador Joaquín Lavín. Y el PC mantiene un pie en varios movimientos sociales. Para la ex-Concertación sería una pesadilla que ganase el acceso a la segunda vuelta, lo que le obligaría a negociar un acuerdo en una posición subordinada con respecto al PC.
Usted es coautor de una obra sobre el callejón sin salida de las experiencias progresistas y también habló de un final de ciclo para la izquierda, ¿cómo interpreta el resultado del referéndum y la reciente victoria del MAS en Bolivia?
En ese libro hablamos más bien del final de «una edad de oro» de los gobiernos progresistas: una especie de conjunciones de los astros entre movilizaciones sociales, victorias electorales en muchos países, alto precio de las materias primas, nuevas integraciones regionales sin Estados Unidos, etc. Pero, actualmente, no hay un «giro a la derecha» porque, aunque las fuerzas conservadoras y reaccionarias han recuperado terreno, bien a través de victorias electorales, por medio de golpes institucionales o de golpes de Estado, no consiguen estabilizar su nuevo poder, ni parecen tener un plan de gobierno para la región. Más bien estamos viviendo un período de turbulencias muy fuertes, con movimientos populares explosivos sobre el fondo de crisis económica muy grave, con el regreso del Estado autoritario y de leyes de excepción en el marco de la pandemia, y la dificultad de todos los gobiernos para controlar la situación. En este marco, las fuerzas de centro-izquierda o nacional-populares permanecen como opciones concretas a los ojos de millones de personas latinoamericanas.
En Argentina y México el centro-izquierda ha vuelto al poder. En Bolivia el MAS y su candidato Luis Arce ganaron las elecciones con un enorme éxito (más del 55% en primera vuelta) tras efectuar un balance crítico de la gestión anterior. Hubo un gran debate interno sobre las formas de autoritarismo o de clientelismo a las que sucumbió el partido, la falta de renovación del personal político, la actitud de caudillo reprochada a Evo Morales… Y derrotaron al gobierno de facto de Áñez y a las fuerzas ultraconservadoras de la “Media Luna”, como también a los neoliberales de Carlos Mesa. Esta victoria es una victoria de las bases populares del MAS.
¿Encontramos este tipo de reflexiones (auto)crítica en la izquierda de en otros países?
En el caso boliviano veremos si esas reflexiones tienen un efecto en la forma de gobernar de Arce y Choquehuanca (el nuevo vicepresidente), quienes de momento hablan de un «Gobierno de unidad nacional», sin volver a la retórica de transformación de la época de Evo Morales. Pero la fuerza del MAS tiene su anclaje en los sindicatos, en los movimientos campesinos e indígenas especialmente, que pueden al mismo tiempo apoyar al movimiento y denunciar sus errores o su visión «neodesarrollista» y extractivista. Esta capacidad de balance crítico y renovación del progresismo, por el momento, no existe en otros lugares. En Brasil, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores (PT) parece conformarse con un enfrentamiento electoral entre dos figuras (dos hombres además), Lula (que acaba de cumplir 75 años) y Bolsonaro, sin una auténtica revisión de sus fracasos y de lo que condujo a la destitución de Dilma, al golpe parlamentario y al surgimiento de un monstruo: el bolsoranismo.