El pasado viernes el ministro de economía Pedro Solbes compareció ante la prensa tras el Consejo de Ministros para ofrecer las nuevas previsiones económicas para el año 2009 (1). Los datos son por todos conocidos y, de confirmarse, como así parece que ocurrirá, serán los peores de los últimos cincuenta años. Además, en una entrevista […]
El pasado viernes el ministro de economía Pedro Solbes compareció ante la prensa tras el Consejo de Ministros para ofrecer las nuevas previsiones económicas para el año 2009 (1). Los datos son por todos conocidos y, de confirmarse, como así parece que ocurrirá, serán los peores de los últimos cincuenta años. Además, en una entrevista concedida poco después al diario El País, admitía que el gobierno había utilizado todo el margen que tenía contra la crisis (2). La presentación de unos datos tan nefastos tras haber declarado a principios de este año que estaba convencido de que 2009 sería un buen año (3), así como la irresponsabilidad de declarar que ya no dispone de margen de actuación parece demostrar que la crisis actual ha superado la capacidad de previsión del actual gobierno en materia económica.
El vuelco de los datos es evidente y espectacular. De uno de los crecimientos del P.I.B. más fuertes de Europa Occidental se pasará a un decrecimiento del 1,6 %. El desempleo prácticamente duplicará su tasa respecto a los mínimos históricos de la democracia alcanzados en 2007 situándose, según estas estimaciones, próximo al 16%, aunque la Comisión Europea prevé que en 2010 alcanzará el 18,7% (4). Y el déficit público se acercará al 6 por cien frente al superávit del que disfrutaban las cuentas nacionales en los últimos años. Éste último dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la política fiscal llevada por los últimos ejecutivos y hace que me pregunte si el señor Ministro no se estará acordando, y por supuesto arrepintiendo, de las bajadas de impuestos llevadas a cabo en los años de bonanza económica.
Los anteriores gobiernos, tanto los del Partido Popular como los del PSOE, han aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para reducir diversos impuestos a ciudadanos y empresas con el objetivo declarado de estimular la economía y potenciar la demanda e inversión privadas. Como consecuencia de la fase expansiva de la economía y el extraordinario crecimiento del sector inmobiliario, estas reducciones no sólo no provocaron una disminución de la recaudación, si no que permitieron al Estado disfrutar de superávit fiscal. Sin embargo, la crisis actual está demostrando lo inadecuadas que fueron dichas políticas, pues fueron tomadas pensando únicamente en las consecuencias a corto plazo y sin tener en cuenta las posibles implicaciones que tendrían con un cambio de ciclo de la economía.
Actualmente parece indiscutible que es necesario recurrir al déficit fiscal para mitigar los efectos de la crisis. La reducción de la actividad, el aumento del desempleo y la incertidumbre económica han provocado una contracción del consumo privado; este hecho unido al fin del «boom» del ladrillo ha provocado una importante disminución de los ingresos de las Administraciones Públicas. Aunque algunos aboguen por ello, una reducción del gasto público provocaría, aparte del aumento del diferencial que nuestro país tiene con el nivel europeo de gasto público y social, un recrudecimiento de la crisis, pues la demanda interna se vería más reducida aún. Sin embargo, el déficit no deja de ser un mal menor y hubiese sido mucho mejor que nuestros gobernantes no hubiesen tomado medidas que nos obligan a mantener en la actualidad un desfase presupuestario tan elevado.
Desde una perspectiva más conservadora, de no haberse reducido los impuestos, el Estado hubiese dispuesto de un superávit mayor, lo que hubiese permitido una mayor reducción de la deuda pública (que por suerte no es excesivamente elevada) y, en estos momentos en los que el desfase presupuestario se dispara, permitiría que el déficit actual fuese menor, aún manteniendo el nivel de gasto público o incluso elevándolo ligeramente.
No obstante, hubiese sido más eficiente e interesante un enfoque más progresista. Desde este punto de vista, la mayor recaudación fiscal nos hubiese permitido en años pasados mantener superávit, pero a la vez aumentar el gasto social en nuestro país, que todavía se encuentra lejano del de los países más avanzados de Europa. Por un lado, el mayor gasto en educación (y en I+D+i) hubiese permitido mejorar la exigua productividad del trabajo en nuestro país, lo que sin duda fortalecería nuestra economía, y por otro lado el aumento del gasto en sanidad y otros gastos sociales como por ejemplo los necesarios para el desarrollo de la ley de dependencia hubiesen prodicido una mejora del estado del bienestar español y una creación de empleo de más calidad y menos dependiente del sector inmobiliario. Estas medidas hubiesen provocado que nuestro país se encontrase en una mejor situación para combatir la crisis, que además tendría unos efectos menores al haberse reducido la dependencia del «ladrillo» de nuestra economía.
Por tanto, las reducciones de impuestos que se han llevado a cabo en los últimos años no sólo han reducido al capacidad de reacción del gobierno para establecer medidas que mitiguen los efectos de la crisis, sino que éstos recursos adicionales de los que hubiese dispuesto el estado, utilizados eficientemente, podrían haber ayudado a hacernos un país con una economía más sólida y menos vulnerable a la crisis.
Notas:
(1) La peor recesión en medio siglo, El País, 17/01/09
(2) «Hemos utilizado todo el margen que teníamos contra la crisis», El País, 18/01/09
(3) Solbes: «Estoy convencido de que va a ser un buen año», El País, 01/01/09
(4) Bruselas prevé una contracción del 2% de la economía española en 2009, El País, 19/01/09