La justicia chilena condenó este lunes a Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de la dictadura (1973-1990), a dos cadenas perpetuas por el asesinato del ex jefe del ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, en un ataque con explosivos perpetrado en Buenos Aires. El general retirado Contreras recibió además otros 20 […]
La justicia chilena condenó este lunes a Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de la dictadura (1973-1990), a dos cadenas perpetuas por el asesinato del ex jefe del ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, en un ataque con explosivos perpetrado en Buenos Aires.
El general retirado Contreras recibió además otros 20 años de cárcel por su carácter de liderar de la asociación ilícita que llevó a cabo el 30 de septiembre de 1974 el acto terrorista contra Prats, quien a su muerte tenía 59 años, y su esposa, de 56 años.
El ministro de fuero (dedicación exclusiva), Alejandro Solís, dictó estas sentencias de primera instancia y otras en contra de ocho personas por esta causa.
También recibió una sentencia de 20 años de cárcel por cada uno de los homicidios y 20 años más por compartir la jefatura de la asociación ilícita el brigadier retirado Pedro Espinoza Bravo, mano derecha de Contreras cuando ocupaba la dirección del primer cuerpo represivo del régimen militar de Augusto Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El general retirado Raúl Iturriaga Neumann, jefe del departamento exterior de la DINA, recibió dos condenas de 15 años y un día de prisión como autor del doble homicidio calificado, mientras que los oficiales retirados José Zara Holger, Juan Morales Salgado y Cristoph Willeke Flöel recayó 10 años y un día por cada una de las muertes.
Iturriaga Neumann, Zara Holger, Morales Salgado y Willeke Flöel también fueron condenados a 541 días de cárcel como miembros de la asociación ilícita.
Mariana Callejas Honores, quien fue esposa del ex agente estadounidense de la Agencia Central de Inteligencia de su país y de la DINA Michael Townley, recibió dos penas de 10 años y un día de presidio en calidad de autora material de los homicidios.
Como testigo protegido de la justicia estadounidense, Townley había confesado su participación en el crimen.
Jorge Iturriaga Neumann fue otro que recibió dos penas de cinco años y un día como cómplice del doble asesinato, el mismo delito por el cual fue condenado el suboficial mayor del ejército Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón, quien obtuvo dos condenas de 541 días de cárcel.
Contreras, Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann ya se encuentran en prisión cumpliendo otras sentencias por violaciones a los derechos humanos.
Prats y Cuthbert, quienes tuvieron tres hijas, Angélica, Cecilia y Sofía, había salido del país exiliados hacia Argentina días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).
El atentado fue una de las primeras acciones de la llamada Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur americano en la década del 70 y 80.
Prats fue nombrado comandante en jefe del ejército en octubre de 1970 por el mandatario democristiano Eduardo Frei Montalva, quien gobernó de 1964 a 1970, tras el asesinato de su antecesor, René Schneider, por parte de extremistas de derecha. Allende lo ratificó al asumir la presidencia el 3 de noviembre de ese mismo año.
Frei Montalva murió en 1982, cuando aparecía como uno de los principales opositores a la dictadura, producto de una extraña infección generalizada tras someterse a una intervención quirúrgica sin mayor riesgo. Se presume que también fue víctima de la llamada «maquinaria de la muerte» de Pionchet.
Al igual que Schneider, Prats fue un constante defensor de la postura constitucionalista al interior de las Fuerzas Armadas. Por ello, Allende lo nombró ministro del Interior y luego de Defensa. Pero el general, ante el escenario de polarización política y social que vivía el país, decidió renunciar y pasar a retiro del ejército.
En su lugar, el ex mandatario socialista designó precisamente a Pinochet, quien luego encabezó el sangriento golpe militar, que incluyó el bombardeo de la sede de gobierno donde se suicidó Allende, y se mantuvo 17 años en el poder. Su régimen dejó más de 3.000 personas muertas y desaparecidas y otras 35.000 fueron torturadas.
Una vez depuesto Allende, Prats se exilió en Argentina al ser advertido del peligro que corría en Chile. Como en Buenos Aires fue amenazado de muerte, intentó viajar a Brasil, pero la embajada de Santiago en Buenos Aires retrasó la entrega de los pasaportes necesarios para abandonar el país.
Prats y Cuthbert murieron instantáneamente luego de que explotara una bomba instalada por Townley en el automóvil de la pareja. Dos años después, un atentado similar en Washington terminó con la vida de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, y de su secretaria estadounidense Ronnie Moffitt.
«Uno se emociona porque son 34 años de intentar conseguir la verdad, de intentar conseguir justicia. En todo este tiempo tuvimos tantas dificultades, que parecía que no iba a llegar nunca este momento», declaró a la radio local Bío Bío, una de las hijas del matrimonio, Angélica Prats Cuthbert.
A juicio de la familia Prats, el gran ausente del listado de condenados fue Pinochet. En 2005, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de desafuero presentada por Solís contra el ex dictador para juzgarlo por esta causa.
Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006 a los 91 años víctima de un paro cardiorrespiratorio, sin responder por ninguno de los casos de violaciones a los derechos humanos y enriquecimiento ilícito por los que era acusado ante los tribunales.
Uno de los nietos de Prats, Francisco Cuadrado, se hizo famoso al momento de la muerte del ex dictador por escupir su féretro mientras era velado en una capilla ardiente instalada en el Salón de Honor de la Escuela Militar de Santiago.
En 2000, la jueza argentina María Servini de Cubría condenó a cadena perpetua al ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel por su participación en el doble homicidio.
«Para nosotros es muy importante que se haya dictado una sentencia más en contra Manuel Contreras, el responsable directo de los crímenes de la DINA, pero no estamos totalmente satisfechos porque hay otros represores que han recibido penas bajas», dijo a IPS Alicia Leiva, secretaria general de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. «Es el mismo grupo de militares que está en prisión cumpliendo diversas sentencias, el que está recibiendo penas altas», indicó la dirigente, quien llamó a la justicia a seguir también la pista de los uniformados que están siendo protegidos, a su juicio, por un «pacto de silencio» al interior de las Fuerzas Armadas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo, señaló que «es hora de que el Ejército realice un gesto moral y por tanto degrade y quite todos los privilegios que aún mantienen Contreras, Espinoza y los otros oficiales retirados condenados por el ministro Solís».
«Deben ser borrados con deshonra de los listados del Ejército, eso es lo menos que los chilenos esperamos de una institución que nos pertenece a todos», indicó el legislador.