Después de algunas horas de debate de la Cámara de Diputados de Chile, se dio por aprobado el engendro legal de educación presentado al parlamento por la primera mandataria Michelle Bachelet, y que consagra la mercantilización de la educación como un producto más del salvaje capital neoliberal que asola a Chile, en perjuicio de la […]
Después de algunas horas de debate de la Cámara de Diputados de Chile, se dio por aprobado el engendro legal de educación presentado al parlamento por la primera mandataria Michelle Bachelet, y que consagra la mercantilización de la educación como un producto más del salvaje capital neoliberal que asola a Chile, en perjuicio de la educación pública.
El cogobierno entre la Concertación y los herederos políticos del pinochetismo, representado por la Alianza por Chile, han resuelto con algunos cambios cosméticos aprobar por 96 votos a favor la controvertida ley general de educación, que mantiene la esencia de la LOCE y que fuera promulgada por la dictadura de Pinochet, antes de concluir su mandato.
Cabe destacar que en el transcurso de las movilizaciones de los estudiantes y profesores, que exigen el retiro de la LGE, quedo al desnudo el perjuicio creado a la educación pública, pues la primera mandataria se vio en la obligación de tener que firmar un pacto de apoyo a la educación pública con los parlamentarios de la Concertación que se negaban a apoyar la enmienda legal. La educación pública, ha asido la gran perjudicada por el capital neoliberal, que ha generado una educación para pobres y otra para ricos, pero ambas de mala calidad. De allí que esta votación a favor de aprobar este contubernio legislativo, contribuye a fortalecer la educación privada, el lucro y la mercantilización de ésta.
Hoy los chilenos pueden observar asombrado como la casta política que cogobierna el país, ha privilegiado el negocio privado y el lucro, por sobre la educación pública y el derecho a un sistema de enseñanza de calidad y eficiente. En esta peculiar democracia chilena, en donde las opiniones de los ciudadanos se vierten vía las encuestas, los consultados reiteradamente (68%) han condenado la LOCE, la nueva LGE y como el gobierno de Bachelet ha manejado el tema de la educación. Pero una vez más el cogobierno entre Concertación y la Alianza por Chile, se han «defecado» en la opinión de los ciudadanos, los estudiantes, los profesores y todas aquellas instancias que están involucrada en la problemática de la educación.
La forma de proceder de la primera mandataria, además deja una vez más en entredicho lo que es la «democracia de la dictadura» que impera en el país, en donde no hay debate, no hay pluralismo, no hay respeto a la diversidad de ideas, no hay inclusión ni participación de los principales actores ligados al mundo de la educación y solo impera el dogmatismo político aferrado a los intereses de la clase económicamente dominante del país.
La nueva LGE no es otra cosa que la protección del negocio de las mafias educacionales, que operan desde lo privado y que se retroalimentan de los subsidios estatales y de los pagos que realizan las familias, para presuntamente obtener un «buen servicio educacional de sus hijos». Sin embargo la nueva ley general de educación solo contribuye al lucro y enriquecimiento de quienes manejan el negocio educacional chileno. En el cual además están involucrados los empresarios educacionales de la Alianza por Chile y un sector de la Concertación, que no quieren soltar está fuente de ganancias que obtienen del erario nacional, en el caso de las escuelas particulares subvencionada y los privados.
Pero no solo eso, la entrega de subvenciones a las escuelas particulares y privadas, pone en contradicción la esencia misma de los que es el funcionamiento del capital neoliberal, que aboga por el mercado libre y el autofinanciamiento cuando le conviene, pero que en este caso no funciona pues ellos se nutren y enriquecen con los dineros de todos los chilenos, vía organismos del Estado.
Pero esta situación no termina con la simple aprobación de la nueva ley general de educación, pues los profesores y estudiantes han resuelto desplegar un plan de movilizaciones que les permita mantener la ofensiva y la claridad de sus propuestas. De allí no es raro que en los próximos días asistamos al despliegue de grandes movilizaciones de los estudiantes y profesores por un lado, y la respuesta represiva del gobierno de Michelle Bachelet contra aquellos que osen oponerse a su soberbia presidencial, que se desarrolla al margen de lo que piensa la ciudadanía sobres esta materia y otras.
Al respecto la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (Aceus) lamentó que se haya aprobado ‘la maldita LGE’ y proclamó que ‘para que esta ley no sea aprobada en el Senado ¡¡¡urge!!! que las movilizaciones traspasen las filas estudiantiles y se pronuncie la sociedad, los trabajadores, profesores, dueñas de casa etc.’.
Chile es un país donde es imposible poder realizar referéndum o consultas populares atingentes a los grandes problemas que afectan a los chilenos, como es el caso de la educación o el sistema electoral antidemocrático. A la clase trabajadora, a los sectores populares y los estratos sociales medios empobrecido, no les va quedando otro camino que el enfrentamiento frontal contra toda la legislación de la dictadura y los cambios cosméticos realizados bajo los cogobierno entre Concertación y pinochetismo (UDI-RN). El pueblo chileno tiene pleno derecho a expresar toda su rabia y rebeldía ante una institucionalidad que desde su origen ha sido ilegitima, como es la Constitución (80) de la dictadura que aún sigue imperando en Chile y que mantiene el país bajo una «democracia maniatada».
Finalmente los estudiantes, profesores, padres y apoderados, y la comunidad educacional chilena exigen una ley de educación que privilegie el derecho a la enseñanza, el termino de las escuelas municipalizadas, el termino de la comercialización de la educación, una educación pública de calidad y eficiente, en donde el estado entregue los recursos necesarios para que la mayoría de los niños y jóvenes se formen de manera integral, independientemente del estrato social al cual pertenezca, o sea una educación igualitaria para todos, como está establecido en los acuerdos internacionales suscritos por Chile, ante organismos internacionales como la UNICEF y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.