Asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población […]
Asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente.
Este martes, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció que los líderes indígenas y afrodescendientes encabezan la lista de víctimas de violencia, dando cuenta de un informe presentado por Michelle Bachelet en marzo de este año ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin embargo, los registros presentados del 2018 (115 casos), distan de la realidad en diversos territorios de Colombia. Según informe del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), asegura que entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en 112 municipios de Colombia. Las cifras entregadas hasta mayo de este año, con un recuento de 2 años y 4 meses, supera largamente las 700 personas asesinadas que cumplían roles de defensa de derechos humanos, de territorios y de liderazgo social, según Indepaz.
De acuerdo a la reciente nota de prensa de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció que los líderes indígenas y afrodescendientes son quienes encabezan la lista de víctimas de violencia. y que dentro de lo que va del 2019 (hasta principios de junio del 2019), Acnudh ha recibido 76 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos.
Algunos de los últimos asesinatos:
En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas a balazos tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: «Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha».
El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.
El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.
La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.
El 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado. A fines de mayo, fue asesinado Joaquín Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol en Santa Marta, quien murió a manos de sicarios . Ya iban tres homicidios en la localidad en 24 horas, en zonas de grupos sicarios derivados del paramilitarismo de Giraldo y de Jorge 40, como lo es los Pachenca,
En horas de la madrugada del sábado 1 de junio, fue encontrado el cuerpo sin vida de Dagoberto Álvarez Claro, líder social de la vereda Miraflores en el municipio la Plata de Belén en el Catatumbo, departamento del Norte de Santander, Colombia. Previamente había sido sacado de su vivienda por hombres fuertemente armados, apareciendo luego con varios impactos de bala.
La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, perpetuadas por bandas criminales (sicarios y mercenarios paramilitares) y grupos bélicos.
Amenazas de muerte y desplazamientos forzados
Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.
En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. En estos casos, se encuentra la situación de habitantes del sur de Chocó quienes han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El domingo 2 de junio, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate a causa de un enfretantamiento de grupos bélicos, generando un desplazamiento de 417 personas indígenas.
Por su parte, La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.
La institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia. Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.
Colombia sin paz ni justicia
Los planes del Estado colombiano han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, a pesar de planes y programas de intervención de agencias internacionales, como el de «Inclusión para la Paz en Colombia», Programa de «Justicia para una Paz Sostenible», Programa de «Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva» o el Programa de «fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena», todos financiados por La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), los que no han contribuido a procesos de paz, por el contrario, en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados, los crímenes y violaciones a los derechos humanos han aumentado.
El 13 de mayo del 2019, USAID anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla Farc, en concordancia con el plan estratégico establecido por la Agencia el 2013 y sus planes de intervención del 2014 al 2018, que condicionó su implementación a acuerdos de paz y desmovilización de la guerrilla para la implementación de programas sobre procesos «democráticos y gobernabilidad», «Justicia y Derechos Humanos», programa de reintegración a la sociedad de ex comabientes» y procesos de «verdad».
La institucionalidad estatal colombiana condicionada se enfrenta a dos realidades marcadas. Por una parte, al condicionamiento a estos planes estratégicos de Usaid e instituciones financieras similares y por otra, al incremento de delitos y crímenes contra defensores de derechos humanos en este País durante el 2018 y 2019, mayoritariamente en zonas rurales de conflictos donde prevalecen intereses de empresas transnacionales extractivistas.
El Gobierno de Iván Duque ha desatendido diversas recomendaciones de misiones internacionales de derechos humanos, como la efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de este año, instando al ejecutivo a la implementación de una serie de medidas para prevenir, reparar y garantizar los derechos humanos de personas que cumplen un rol social. Lo mismo, con las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión en Colombia, las que tienen especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, señaló en febrero de este año a la Agencia AnadoluLo sobre la tendencia de asesinatos a líderes sociales «que vemos una respuesta exigua por parte del Estado colombiano. El mecanismo de protección de los defensores de DDHH no cumple con las expectativas ni responde al contexto tras la firma del acuerdo», agregando. «El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios».