Pablo Catatumbo afirmó que alrededor de 30 excombatientes han sido asesinados durante el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Esto también fue referenciado por Iván Márquez, quien dijo que por parte de las FARC se ha cumplido con lo acordado mientras que el Gobierno Nacional ha dilatado los procesos. Mientras que la Fuerza Alternativa […]
Pablo Catatumbo afirmó que alrededor de 30 excombatientes han sido asesinados durante el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Esto también fue referenciado por Iván Márquez, quien dijo que por parte de las FARC se ha cumplido con lo acordado mientras que el Gobierno Nacional ha dilatado los procesos.
Mientras que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ingresa en las vías democráticas, sus miembros en los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización sufren de graves condiciones de seguridad, ejemplo de ello es Tumaco, donde los diferentes grupos armados están en la disputa por el territorio y oponen en riesgo el espacio donde están los excombatientes.
Críticos al Gobierno manifiestan que hay sectores del Estado que han torpeado el tránsito hacia la vida social de los excombatientes desde el ámbito jurídico, social y económico.
De nuevo el Estado argumenta que son hechos aislados, sin ver una sistematicidad que organizaciones sociales y defensoras de DDHH, como Cahucopana, el CPDH y Aheramigua entre otros han denunciado como un programa contra los líderes sociales, la izquierda y los excombatientes, hechos que fueron expuestos en las audiencias púbicas del CIDH en Montevideo que se desarrolló del 23 al 24 octubre.
Las condiciones de protección a líderes sociales y excombatientes están siendo cuestionadas puesto que este año presenta resultados preocupantes con más de un centenar de líderes sociales asesinados.
Por otro lado, la represión estatal contra el movimiento social se ha ido incrementando, por cuenta de las protestas sociales. El incumplimiento de los acuerdos con el movimiento campesino, afro e indígena ha hecho que estos salgan a las carreteras a levantar su voz.
En medio de la contienda electoral se espera que los candidatos a cargos públicos se pronuncien contra estos graves hechos y sienten una posición contra estos asesinatos que están tomando de nuevo el tinte del genocidio de la UP.
El Estado de proporcionar garantías a la protesta social y el pensamiento crítico, sin que de nuevo se vuelvan a vivir los vergonzosos hechos del pasado.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22304