La actual casta política que ha cogobernado el país durante 20 años y al margen de algunas excepciones en materia de derechos humanos, ha mantenido una inmoralidad, hipocresía y doble estándar nunca antes visto en la historia política del país, cuando se trata de abordar esta materia. No son pocos los líderes políticos y parlamentarios […]
La actual casta política que ha cogobernado el país durante 20 años y al margen de algunas excepciones en materia de derechos humanos, ha mantenido una inmoralidad, hipocresía y doble estándar nunca antes visto en la historia política del país, cuando se trata de abordar esta materia.
No son pocos los líderes políticos y parlamentarios de la Concertación y la Alianza por Chile, incluidos los sectores conservadores y reaccionario de la Iglesia Católica del país del cono sur, que en más de una oportunidad han llamado a dar vuelta la página y dejar establecida la más absoluta impunidad ante los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura militar encabezada por Pinochet y sus esbirros.
El actual mandatario y representante del legado político y económico de la dictadura, Sebastián Piñera, no es una excepción en este plano. Recordemos que de acuerdos a denuncias aparecidas en la prensa chilena, connotados líderes políticos de la Democracia Cristiana participaron como informantes y colaboradores de la CIA en Chile, con el objeto de desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular encabezado por la figura inmortal del presidente Salvador Allende. Entre esos vende patria se encontraba nada menos que el padre del actual presidente, José Piñera Carvallo, el que era colaborador de la CIA desde el año 1965, de allí que se puede decir que el padre del actual mandatario, como muchos otros DC fueron golpistas y luego cómplices y encubridores de las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.
Recordemos además que su hermano José Piñera Echeñique, se desempeñó como Ministro del Trabajo y de Minería de la dictadura y despojo a la clase trabajadora chilena de conquistas sociales importantes, además de ser colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet. De ello se puede deducir que la familia Piñera Echeñique tenía pleno conocimiento de las violaciones sistemática a los derechos humanos ocurridos bajo el régimen militar. En Santiago se dice que José Piñera es uno de los asesores más cercanos del actual mandatario y que suele actuar desde las sombras.
Hoy Sebastian Piñera Echeñique busca presentarse ante el mundo como uno de los nuevos adalides en la defensa de los derechos humanos en Chile y en el mundo.
Pero vamos viendo, el actual mandatario mientras se encontraba como candidato presidencial del pinochetismo, en reunión cuasi secreta les prometió a los militares en retiro involucrados en crímenes de lesa humanidad, que cuando él fuera primer mandatario iba a desplegar todos los esfuerzos necesarios para terminar con la situación procesal que los afectaba. Lo que indica que Piñera estaría dispuesto a aplicar la ley de amnistía en favor de estos criminales.
Luego y como lo decíamos antes, los sectores conservadores y reaccionarios de la Iglesia Católica chilena con motivos de las fiestas de celebración del Bicentenario de la independencia de Chile, la entidad religiosa estaría promoviendo el indulto presidencial para parte de la población penal del país y también para los militares involucrados en los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura militar encabezada por Pinochet, a lo que por cierto el actual mandatario estaría completamente dispuesto, pues siempre ha sido partidario del borrón y cuenta nueva, y de superar el pasado histórico reciente del país, como ellos suelen llamarle.
Recordemos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles en el tiempo y están supervisado por diversas organizaciones defensora de los derechos humanos en el mundo, además de los pacto internacionales respectivo firmados por el Estado chileno, los cuales no dan cabida a la amnistía, indultos presidenciales y leyes de punto final, como los que promueve la actual coalición de gobierno y los sectores neoliberales de la Concertación y de la Iglesia, que buscan la más absoluta impunidad ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidos por el régimen militar.
Pero vamos viendo, la autodenominada clase política del país y que suele despotricar de forma hipócrita e inmoral contra Cuba, Venezuela o Nicaragua cuando se trata de los derechos humanos, y suele ver «la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio», hasta ahora nada a dicho sobre la muerte que le propinaron cinco infantes de marina a un poblador de la localidad de Hualpén, en la región del Bío Bío. La víctima fatal fue identificada como David Daniel Riquelme Ruiz de 45 años, quien vendía pescados en una feria, cuyo cadáver fue encontrado entre el 8 y 9 marzo después del toque de queda implantado en esa región, producto del terremoto que afectara al país del cono sur.
Los intentos de Sebastian Piñera por militarizar la política o establecer un estado policial encubierto no son nuevos y obedecen a su pasado y compromisos con diversos resabios de la dictadura, entre ellos el legado de su propio padre. De allí que la designación del ex comandante en jefe del Ejército general (r) Óscar Izurieta, como subsecretario de Defensa, apuntan en esa dirección, pero también a no dar paso a la verdad y la justicias en materia de derechos humanos. Cabe destacar que el actual subsecretario de defensa, se negó reiteradamente a desclasificar documentación del Ejército relacionados con las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo el imperio pinochetista.
Pero no solo eso, el actual mandatario que además cuenta con un prontuario económico notable y que ahora en Chile lo llaman el «pedófilo de los mercados financieros», ha tenido la desfachatez, falta de ética e inmoralidad al designar sin ningún empacho como director de Gendarmería de Chile, nada más y nada menos que a Iván Andrusco, quien fuera miembro de los aparatos represivos de la dictadura en un organismo conocido como la DICOMCAR y que agrupaba a los miembros de la policía uniformada del país del cono sur, entidad represiva que degolló a los militantes comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero.
La DICOMCAR era un organismo similar a la DINA-CNI y el Sr. Andrusco aparece involucrado en varios procesos en calidad de inculpado, procesos que no se han cerrado del todo. Aún así por el solo hecho de formar parte de dicho organismo criminal y represivo el esbirro no deja de ser encubridor y cómplices de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la DICOMCAR, pues él era uno de los jefes importantes en dicho organismo represivo.
La designación de Iván Andrusco como director de gendarmería, viene a corroborar los intentos de Piñera por blanquear las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el imperio de la dictadura militar y proteger a los uniformados que participaron en alevosos crímenes de lesa humanidad. De allí que este nombramiento huele muy mal y refleja la falta de ética y moral del actual mandatario al designar personas poco idóneas para este tipo de responsabilidades.
Sebastian Piñera, siguiendo las instrucciones del narco presidente Álvaro Uribe de Colombia, lo que busca es la aplicación aguda de la «Doctrina de la Seguridad Democrática» implementada por el Imperio para la región, militarizando la política y estableciendo un estado policial encubierto. Así al menos queda al descubierto cuando con motivo del Día del Joven Combatiente y de acuerdo a informaciones aparecidas en diario golpista La Tercera (29/03/2010), se señalaba que en los días previos a dicha conmemoración la policía represiva y uniformada del Estado chileno había realizado 12 mil 280 controles preventivos en el país. En el detalle, se efectuaron 3 mil 588 controles de identidad; 676 controles a locales comerciales; 7 mil 577 controles vehiculares y 439 fiscalización a locales de alcoholes. Además durante los últimos 13 días personales de la 30 ° Comisaría de Radiopatrullas realizó un servicio preventivo extraordinario en distintas comunas de la Región Metropolitana. Finalmente se contabilizaron 632 personas detenidas.
De allí que la denominada Coalición por el cambio o Alianza por Chile (UDI-RN), que agrupa a los herederos del pinochetismo en sus expresiones dura y moderada, comienzan a inscribir sus primeras páginas en cuanto a situación de derechos humanos se refiere, antes fueron cómplices y encubridores de los crímenes de la dictadura.
Otro ejemplo que ilustra dicha situación es la que han comenzado a padecer los trabajadores en huelga de Thyssen Kroup, empresa de origen alemana dedicada al rubro metal mecánico y reconocida en todo el mundo. Los empleados de la compañía manifestaron su rechazo a la presencia de espías seguimiento, toma fotográfica y grabación de videos. La empresa es propiedad de Dante Yutronic quien está vinculado a la Alianza por Chile y con la muerte de Gerardo Rocha, empresario y ex dueño de la Universidad Santo Tomás.
Antes de culminar esta nota nos quedamos sobrecogidos, pues informaciones aparecidas en el sitio WWW de Radio Bio Bio se señalaba que Sebastian Piñera en persona estaba participando en operativos policiales en la ciudad de Concepción, lo que lo retrata de cuerpo entero, pues el primer mandatario esta dispuesto a dirigir la represión en vivo y en directo en contra del pueblo chileno.
Finalmente lo único que cabe esperar, es si la Coalición por el cambio y su presidente Sebastian Piñera, garantizaran de forma integral los derechos humanos de todas las familias afectadas por el terremoto que sacudiera a Chile el 27 de febrero pasado. Por lo pronto todo esta por verse, pero las primeras señales son más bien negativas, pues recordemos que el Estado chileno aún tiene materias pendientes en lo que respecta a los derechos humanos, pues en Chile aún hay presos políticos de la época de la dictadura, están los presos políticos de los pueblos originarios, están los presos políticos con penas de extrañamiento y que no pueden volver al país, además de las desastrosas condiciones en que se encuentra la población penal del país, lo que constituye una gran bofetada a los derechos humanos por parte de Sebastian Piñera y compañía.