La Corte Suprema y el Consejo de Defensa del Estado defenderán la validez del fallo que condenó a un grupo de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea en 1974 por oponerse al golpe cívico militar de 1973, una condena en su contra emitida por un Consejo de Guerra, en dictadura, «por traición a la […]
La Corte Suprema y el Consejo de Defensa del Estado defenderán la validez del fallo que condenó a un grupo de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea en 1974 por oponerse al golpe cívico militar de 1973, una condena en su contra emitida por un Consejo de Guerra, en dictadura, «por traición a la patria». Es decir que, el habernos opuesto al derrocamiento de un gobierno democrático y legítimamente constituido, el no haber aceptado formar parte de quienes torturaron y cometieron crímenes de lesa humanidad, el habernos mantenido fieles al juramento que hicimos cuando cada uno de nosotros ingreso a las Fuerza Aérea, todo esto significó traicionar a la patria.
Con ello no solo se está avalando la acción conspirativa e ilegal que se inició antes del 11 de Septiembre de 1973 y que tuvo como primera víctima al asesinado Comandante en jefe del Ejercito General Rene Schneider (25.10.1970), sino que se avala la traición de un grupo de altos mandos de las FFAA al gobierno democrático de Salvador Allende y que concluyó en el golpe cívico militar. Algo mas grave, se le reconoce validez a los tribunales militares, los que actuaron en una situación de guerra inexistente, creada para justificar todas sus acciones, una guerra declarada unilateralmente en contra del país.
No nos sorprende el papel del Consejo de Defensa del Estado, el que actúa en función de los equilibrios políticos que hoy definen su composición, pero si nos preocupa la opinión del principal órgano de justicia de nuestro país. Actuar como parte acusadora en un proceso en contra de Oficiales y Suboficiales, que en un momento histórico y determinante para la historia del país, actuaron valientemente y en conciencia, negándonos a obedecer ordenes superiores enajenadas y criminales, es un retroceso en la larga lucha que hemos dado los chilenos y chilenas por el respeto a los derechos humanos.
Es necesario recordar que el General Bachelet y todos los oficiales y suboficiales condenados por el Consejo de Guerra, organizado por la Fuerza Aérea en 1974, fuimos victimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las dependencias de la Academia de Guerra Aérea, torturados por Oficiales de la institución, y todos los argumentos usados en nuestra contra, para condenarnos por «sedición y traición a la patria», fueron extraídas bajo tortura. El tribunal militar que nos condenó en 1974, como todos los que operaron en el país, fueron parte de la dictadura, avalaron el terrorismo de estado, los fusilamientos extrajudiciales y la desaparición de personas, por lo que se constituye en un vergüenza otorgarles validez a sus acciones, mas aun hacerlo en plena democracia.
Los informes Retigg y Valech, entre otros, señalaron la verdad que por años se ocultó en Chile, lo que sucedió antes, durante y después del golpe militar de 1973, en ellos se demuestran las aberraciones cometidas por los tribunales militares. Los libros sobre estados de causa del Segundo Juzgado Militar de Santiago documentan cómo operaba la justicia militar en 1973, sometiendo a centenares de prisioneros políticos a sumarios y condenándoles a muerte «en tiempos de guerra» con acusaciones de infracción a las leyes de Seguridad Interior del Estado y de Control de Armas, así como los «delitos» de «Extremista», «Activista» o «Actividades Políticas» .
Por eso es que alguien aquí se esta situando al lado equivocado de la historia, o enviando señales erradas. Los militares de distintas ramas de las FFAA, quienes nos opusimos a todo esto, al golpe cívico militar de 1973, somos la prueba viviente de que es posible no cumplir ordenes ilegales o anticonstitucionales, ordenes que significaron atormentar, perseguir y asesinar a personas por el solo hecho de pensar distinto.
Contrario a lo que se está planteando hoy, confirmar en democracia las condenas que nos impusieron por oponernos a una dictadura criminal, lo que le atañe al Estado es amparar las decisiones individuales que valientemente asumimos en 1973. Le concierne reformar el Código de justicia Militar y eliminar la figura de la obediencia debida, la que permite que los mandos y los soldados deban obedecer escrupulosamente las órdenes emanadas de un superior jerárquico so pena de castigo.
Decisiones como las que se han anunciado en nuestra contra no contribuyen a fortalecer la democracia, avalando acciones que bajo el manto de la justicia debilitan la institucionalidad democrática. Porque se está respaldando la acción de militares corruptos y sediciosos, quienes quebrantaron en el nombre de la patria, la legalidad y la institucionalidad democrática en 1973.
En Chile se torturó, se violaron los DDHH, se cometieron crímenes de lesa humanidad, la justicia tiene un papel importante que jugar para que esto no se repita. Educando para la Justicia, lo que significa esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan sin ambigüedades y erradicando la impunidad.
Finalmente, reconocemos con orgullo a quienes fueron capaces de luchar entregando sus vidas por un Chile mejor, como sociedad le debemos a estos hombres y mujeres, al General Alberto Bachelet, al General Schneider, al General Prats así como a tantos oficiales y suboficiales que se opusieron al golpe de estado un reconocimiento como país.
El General Alberto Bachelet, a quien junto a todos nosotros se nos pretende juzgar por oponernos a ser parte de una dictadura oprobiosa, fue un soldado patriota, que sirvió y amo a su patria y que murió en una celda de la cárcel publica dejándonos un ejemplo a seguir.
Por ello la historia nunca le olvidara, seremos sus camaradas quienes le recordaremos, ciertos que la gloria le mantendrá en la eternidad.
– El autor, Enrique Villanueva M. es Vicepresidente del Centro de Estudios Exonerados Fuerza Aérea 1973 (CEEFA -73)
Mas sobre el tema:
——–