En Chile se desarrolla una lucha subterránea nutrida por la tierra misma, en defensa de la semilla campesina e indígena. Esta resistencia a la privatización de la semilla y a la anunciada expansión de los cultivos transgénicos, la llevan adelante silenciosamente de sur a norte del país, fundamentalmente mujeres, guardadoras de semillas. Lo hacen junto […]
En Chile se desarrolla una lucha subterránea nutrida por la tierra misma, en defensa de la semilla campesina e indígena. Esta resistencia a la privatización de la semilla y a la anunciada expansión de los cultivos transgénicos, la llevan adelante silenciosamente de sur a norte del país, fundamentalmente mujeres, guardadoras de semillas. Lo hacen junto a productores y productoras campesinas que usan métodos agroecólógicos, orgánicos, o biodinámicas, o de la permacultura, sin insumos químicos. También la resistencia se da con huerteros urbanos y ciudadanos conscientes de las más diversas organizaciones, muchos de ellos nucleados en un movimiento por la soberanía alimentaria que desarrolla la campaña «Yo No Quiero Transgénicos en Chile» para atajar las leyes que amenazan este patrimonio colectivo para asegurar ganancias a los productores de semillas híbridas y transgénicas. El movimiento estudiantil ha sido un actor fundamental en esta lucha porque la movilización y agitación social impidió al gobierno avanzar en la tramitación de los controvertidos proyectos que consolidarían la privatización de la semilla y la expansión de los transgénicos al mercado interno.
El Tribunal Constitucional
A fines de junio de 2011, el Tribunal Constitucional rechazó declarar la ilegalidad de la firma por el Senado del convenio UPOV 91, un compromiso internacional que resguarda la propiedad intelectual de las semillas manipuladas genéticamente, considerado por las organizaciones campesinas e indígenas como una herramienta orientada a profundizar la privatización de la semilla campesina e indígena. Los Ministros Marisol Peña Torres, Raúl Bertelsen Repetto, Marcelo Venegas Palacios (Presidente), Enrique Navarro Beltrán, Iván Aróstica Maldonado y José Antonio Viera-Gallo Quesney votaron contra el requerimiento de ilegalidad presentado por 17 senadores y avalado por centenares de organizaciones sociales y ambientales. Este convenio, sin embargo, no se ha promulgado puesto que para ello debiera derogarse la antigua Ley de Semillas, remplazada por una Ley de Obtentores, que actualmente sólo es un proyecto en el Senado.
El robo de la quinoa
Esto profundiza la ya crítica pérdida de nuestra biodiversidad y patrimonio genético, iniciada cuando en 1994 Chile se adscribió a la versión 1978 de este convenio y el SAG abrió el registro de semillas a los denominados «obtentores», es decir quienes manipulan genéticamente semillas en laboratorio. Usando esta normativa legal, por ejemplo, en 2001 el empresario y genetista Erik von Baer (1941, Alemania) se apropió de la quinoa (kinwa para los mapuche, quinua para los aymara) bautizando como Regalona la variedad híbrida de una especie que es parte del patrimonio ancestral de los pueblos indígenas. Su patente (o «derecho de obtentor») como lo llama la ley para que los ciudadanos no entiendan de qué se trata) expira el año 2016 y esa variedad se está comercializando ampliamente en el país intentando copar el mercado y poniendo en riesgo la semilla tradicional de quinoa.
La senadora designada Ena von Baer, miembro de este clan de la semilla y dueña de un 15% de la empresa, es la más directa lobbysta de los productores de semillas híbridas y transgénicos en el parlamento. que concentra las mayores ventas y ganancias por ventas y regalías sobre semillas híbridas y transgénicas. La transnacional Monsanto, que concentra globalmente las mayores ventas y ganancias por ventas y regalías sobre semillas híbridas y transgénicas tiene también variedades registradas en Chile: dos de tomate, cuatro variedades de arveja, cebolla, poroto, melón, trébol, tres variedades de lechuga, y ballica y una de cilantro (según www.sag.cl, registro de semillas). Prácticamente todo el tomate que se encuentra en supermercados es producido con semilla híbrida de Monsanto. Chile es considerado centro de origen del tomate.
El Convenio UPOV (Unión Internacional para la «Protección» Vegetal) es un acuerdo de privados, impulsado por las transnacionales semilleras y agroquímicas, con apoyo de los gobiernos, que asegura y protege no las plantas, sino la propiedad intelectual sobre sus semillas modificadas genéticamente. Países como Perú, Brasil y Argentina se han negado a firmar este convenio, en beneficio de su patrimonio genético, pero últimamente también Argentina cedió al lobby de Monsanto y está impulsando una ley en ese sentido
El UPOV versión 91
Las normas del convenio UPOV se actualizaron el año 91 (por ello se le llama UPOV 91) para que las empresas que venden semillas transgénicas o híbridas puedan perseguir judicialmente en forma directa a quienes reproduzcan libremente esas semillas luego de las cosechas (la llamada «piratería») asegurando las ganancias de las semilleras y la dependencia campesina de estos proveedores. La versión 1991 del convenio prohíbe además la práctica del intercambio de semillas.
Organizaciones campesinas e indígenas de sur a norte del país, expusieron su posición ante el Tribunal Constitucional que abrió una fase de audiencias públicas antes de pronunciarse sobre la petición de ilegalidad, en la que participaron las empresas semilleras. La visión de la semilla como un bien común, patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas, ligado a la vida se enfrentó a la mirada de las transnacionales y sus socios chilenos, para los cuales constituye un recurso del mercado que debe someterse a esas normas.
El Convenio 169 versus UPOV 91
El Tribunal no quiso pronunciarse respecto de que antes de proceder a la firma del Convenio debió consultarse a los pueblos indígenas, sosteniendo que los 17 senadores que hicieron la petición de ilegalidad no se refirieron en su escrito a este aspecto. En ese sentido, dejaron esa tarea en manos del Congreso, ya que el convenio no opera por sí solo y sólo tendrá efecto legal cuando se derogue la actual Ley de Semillas y eventualmente se apruebe una nueva Ley de Obtentores Vegetales, que está en la Comisión de Agricultura del Senado sin calificación de urgencia. El clima de movilización social estudiantil ha impedido hasta ahora (octubre de 2012) que los temas agrícolas avanzaran en la agenda parlamentaria. Por otra parte, las fuertes denuncias que siguieron a la intempestiva votación del Senado aprobando el Convenio de privatización de la semilla, permitieron romper en parte el cerco informativo sobre el tema y comenzar un debate a nivel de organizaciones indígenas, campesinas y ciudadanas sobre las consecuencias de la firma del Convenio UPOV 91 y las posibles estrategias de defensa de la semilla y el patrimonio genético campesino e indígena.
Para el senador Alejandro Navarro, que junto a la senadora Ximena Rincón y el senador Jaime Quintana impulsaron la presentación de ilegalidad del Convenio, la sentencia del Tribunal Constitucional avala la firma del convenio pero al mismo tiempo «obliga al Estado a proteger los derechos de las comunidades indígenas y campesinas y fija limitaciones al Senado.»[1]
El parlamentario cifra sus esperanzas en el artículo 46 de la sentencia, pero olvida que Chile no ha suscrito el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (anexo al convenio de Biodiversidad que sí está ratificado por el país) y por tanto sólo hay recomendaciones pero no obligaciones legales respecto del patrimonio indígena. El Tribunal Constitucional estableció en su párrafo 43, que la propiedad tradicional indígena no podrá ser usurpada, en virtud de que la venta o intercambio de semillas, incluso el contexto de una comunidad indígena, sería suficiente para hacer a una semilla como ‘suficientemente conocida’.
La sentencia del Tribunal constitucional afirma que el UPOV 91 no vulnera la biodiversidad biológica, y el Tribunal ordena en el considerando 60 «no interpretar el convenio con prescindencia de la normativa nacional e internacional sobre protección de patrimonio fitogenético, entre ellos, el Convenio de Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), este último ya suscrito por Chile y en trámite de aprobación en la Cámara de Diputados» [2].
Se trata de recomendaciones que pueden o no ser atendidas en la discusión parlamentaria, donde lo importante es que existan mecanismos efectivos y adecuados de consulta a los pueblos indígenas.
Intercambio de semillas
La discusión abierta sobre estos temas ha provocado un nuevo impulso de la práctica del intercambio de semillas entre comunidades indígenas, como parte de una estrategia de resguardo y reapropiación de su patrimonio genético y cultural local. En los debates generados respecto del tema, han salido a la luz prácticas discriminatorias de INDAP a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena. En ese programa, según denuncian comunidades de varias regiones del país sólo se puede participar para plantar semillas híbridas que van acompañadas con el paquete tecnológico de agroquímicos: fertilizantes, herbicidas, insecticidas. Quienes desean mantener sus cultivos con métodos agroecológicos, utilizando semillas locales y métodos naturales de control de plagas no son sujeto de beneficios para este programa. Precisamente este proceder de los órganos públicos orienta sobre la forma como el mercado y el Estado imponen una determinada forma de producción, impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria.
El concepto de soberanía alimentaria implica el poder decidir libremente qué producir, cómo hacerlo – en forma sustentable y socialmente justa – respetando las tradiciones culturales y costumbres de cada comunidad. Hoy prácticamente toda la semilla que se ofrece a los pequeños campesinos es híbrida, y si mañana llegaran a legalizarse los cultivos transgénicos, la alternativa sería justamente aquella. El convenio UPOV 91 y los proyectos del gobierno apuntan directamente en ese sentido, mientras la propaganda oficial asegura que nadie prohibirá a los campesinos decidir libremente qué cultivar.
Con posterioridad a la decisión del Tribunal Constitucional se multiplicaron a lo largo del país los encuentros para debatir e informarse sobre el tema de la semilla. Entre las comunidades que reaccionaron rechazando el Convenio UPOV 91, en julio de 2011, están, la Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas Leftraru, la Asociación Indígena Newen Boyen de Coronel y la Comunidad Indígena de Coronel Marihuen. En declaración pública sostuvieron: «Las comunidades mapuche reafirmamos nuestro rol tutelar de las plantas y semillas y conocimiento tradicional, práctica heredada que sostiene la vida, la cultura, los alimentos y el espíritu. Las semillas forman parte de la espiritualidad del ser Mapuche, las plantas, la tierra, el agua, los animales y por tanto la vida es sagrada para la cultura mapuche y campesina.
Declaramos que las semillas son un patrimonio ancestral de los pueblos originarios y campesinos, por lo tanto están unidos a nuestra cultura y el acto de intercambiar conocimientos ancestrales, alimentos, plantas, animales, árboles y semillas, es una acción de unidad con lo más fundamental de la vida. Por todo lo anterior rechazamos la adhesión de Chile al convenio UPOV 91, puesto que transgrede, atropella y agrede nuestros legítimos derechos , a crear, mejorar y seguir utilizando la biodiversidad agrícola y alimentaria que nos han dejado nuestros ancestros y que debemos resguardar para las generaciones que vendrán. «[3]
En Temuco se realizó en julio de 2011 un encuentro sobre el tema, facilitado por Mapuexpress-Grupo de trabajo por derechos colectivos, la Corporación Urracas y por el Centro educación ambiental intercultural – PEWMAYIÑ – eco invernaderos. Participaron en la jornada representantes de Trueke Labranza, Red Ciudadana Villarrica, CET SUR, Equipo técnico CIEM, Conziencia Libre, Centro alumnos periodismo UFRO, Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos – Mapuexpress, WallMapuWen, Movimiento social Libre, Revolución de la Cuchara, Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas Leftraru, Comunidad Federico Alcamán y Juan Huenchual (Quepe), CIPA (Asociación Gremial de Comunidades Indígenas y Comités de Pequeños Agricultores de la Provincia de Cautín) Hogar We Liwen Valdivia, Corporación Urracas, Proyecto Eco Invernaderos, Centro educación ambiental – intercultural Pewmayiñ, Corporación Mapuche Newen, Comunidad Ramon Chincolef Nahuelpan de Coñaripe.
La Carta de Curarrehue
En la cordillerana comuna de Curarrehue se han realizado Trafkintus (intercambio de semillas) convocado por guardadoras de semillas y otras organizaciones locales en 2011 y 2012. Relatan que como parte del Trafkintún están el nutram, la conversación y las presentaciones; Trafkimún, es el momento en que las comunidades comparten sus conocimiento, su Rakizuam (Pensamiento) que involucra diversos aspectos como por ejemplo la memoria del territorio, es decir experiencias favorables y adversas y el final, está el Ngulam, los sabios consejos en la solución de sus problemas en el futuro.
Una de las impulsoras de este encuentro, Ana Epulef señalaba: «Hoy nos reunimos en torno al Trafkintü que se traduce en el acto de intercambiar conocimientos ancestrales, alimentos, plantas, animales, árboles y semillas, es un acto que intercambia lo más fundamental de la vida y los alimentos. Declaramos también que las semillas son un patrimonio ancestral de los pueblos originarios y campesinos, por lo tanto están unidos a nuestra cultura, forman parte de la espiritualidad del ser Mapuche, las plantas, la tierra, el agua, los animales y por tanto son sagrados para la cultura mapuche y campesina…Las semillas son la vida por lo tanto es inaceptable que algún gobierno o alguna empresa pretenda apropiarse, adueñarse, registrar o patentar la vida, los alimentos o las semilla».
Del Trafkintun realizado en Kurarrehue el 19 de mayo de 2012, surgió la «Carta de Kurarrewe» por el cuidado de la semilla y la soberanía alimentaria del wallmapu, tareas que asumirán las mujeres del pueblo mapuche que participaron allí y habitan en Chile y Argentina. Entre otros aspectos, la carta llama a generar cambios en la política pública, para evitar el avance de los transgénicos y la privatización de las semillas. También pide propiciar la relación entre la comunidad científica y el mundo campesino, e indígena, entre lo técnico y el saber heredado, el aprendido. Llaman a cuidar la semilla para la diversidad, preocuparnos por preservar las semillas antiguas en los territorios sin que sean intervenidas. Se comprometen a generar redes para difundir, educar y sensibilizar a la comunidad, respecto de los efectos de los transgénicos a través de la alianza urbana y rural, para prevenir y evitar el avance de los transgénicos.
Plantean que es necesario asumir estrategias para fortalecer las economías locales y la defensa de los territorios, a través de circuitos económicos solidarios que continuarán generándose y fortaleciéndose. Hacen ver que «La gente quiere lo fácil, por eso va al supermercado, para comer «basura». Es necesario cambiar nuestra forma de vida, nosotros somos una semilla, las palabras son semillas y todo es un ciclo, una comunidad de continuidad….»
Destacan asimismo finalmente que en la relación – naturaleza, semillas, vida, alimentación, pueblos – lo importante, además de los genes, son los conocimientos asociados a las semillas, depositada en la propia comunidad, en la gente que vive en el territorio. Ello se convierte en un derecho de los pueblos, como fundamento del cuidado de la vida y del patrimonio cultural de la humanidad.
– Publicado originalmente en http://www.cluch.cl/2012/10/semillas-libres/ web de Cultura Libre, en adhesión de la autora a la convocatoria de Vandana Shiva a desarrollar acciones sobre el tema en esta quincena.