Luego de que los parlamentarios de la Concertación comenzaran a retirarse de la sala y de las dependencias del Congreso, se dio lugar a la discusión de un tema que ya estaba en tabla, pero en el que muy pocos habían reparado: la discusión del proyecto de ley que declara imprescriptible e inamnistiables el genocidio, […]
Luego de que los parlamentarios de la Concertación comenzaran a retirarse de la sala y de las dependencias del Congreso, se dio lugar a la discusión de un tema que ya estaba en tabla, pero en el que muy pocos habían reparado: la discusión del proyecto de ley que declara imprescriptible e inamnistiables el genocidio, los crímenes de guerra y lesa humanidad.
La idea de legislar una de las iniciativas emblemáticas del gobierno en materia de derechos humanos fue desestimada con dos votos a favor y nueve en contra, estando presentes en el hemiciclo los senadores Alejandro Navarro y Carlos Ominami, quienes aprobaron la moción, mientras Allamand, Bianchi, Espina, García, Horvath, Larraín, Novoa, Pérez y Procurica la rechazaron.
Para el abogado Eduardo Contreras, quien fue el primero en presentar una querella en contra de Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos «el país se va quedando atrás en materia de derecho penal, y hacemos el ridículo en el concierto internacional no legislando sobre algo que está hace mucho tiempo establecido en las legislaciones de todo el mundo. En Chile hemos tenido que resolver el problema sobre la base de sentencias de la Corte Suprema, que en la última década ha sido muy uniforme en sentido de considerar, conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que no puede haber ni amnistía ni prescripción en delitos de lesa humanidad, y que el Estado jamás se puede exonerar de su responsabilidad»
Esta situación es altamente perjudicial para el país ya que en el corto plazo deberá presentar un informe sobre avances en materia de derechos humanos a las Naciones Unidas, además de ratificar el acuerdo de la Corte Penal Internacional.
La directora del programa de DDHH del Ministerio del Interior, Rose Marie Bornard, reconoce que al rechazar esta inicitiva, Chile «queda en mal pie» a nivel internacional, por lo que espera que «se apruebe el proyecto sobre el Tribunal Penal Internacional».
Aunque aclaró que en «los delitos de lesa humanidad ocurridos en el periodo de la dictadura militar el tratado no surte efectos retroactivos, por lo tanto, es tan importante como aquello para el futuro la aprobación de este proyecto».
Para el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, fue una decisión lamentable, ya que el Ejecutivo esperaba que este proyecto se votara frente a una alta concurrencia de senadores.
De todas formas, el gobierno no pierde las esperanzas. «Se pone en tabla, un poco a sorpresa, cuando hay sólo once senadores en la sala. Pero estamos estudiando cómo remediar el punto, felizmente hay otro proyecto que está vigente, al cual le podemos hacer una indicación para salvar al situación»
Mutuos reproches
Ahora se deberá pasar un año más para volver a poner en tabla el proyecto y realizar un debate en el Parlamento sobre esta normativa legal. Para el senador socialista Juan Pablo Letelier, el responsable es el presidente del Senado, Jovino Novoa, quien a su juicio, rompió las reglas del juego entre parlamentarios.
«En una institución donde siempre ha existido fair play o el trato respetuoso entre todos, esto evidentemente fue aprovecharse de una situación. No hubo ningún llamado para que todos los senadores participaran o informaran que se iba a tratar este proyecto, fue una situación muy sorpresiva que se generó, permítanme decirlo, con intencionalidad», aseveró.
Por su parte, el titular de la testera, justificó su decisión en la responsabilidad de los parlamentarios oficialistas de estar presentes en las discusiones que ya estaban planificadas.
«Era un proyecto que estaba en tabla y que fue puesto en discusión. Si los senadores de la Concertación tenían cosas más importantes que hacer y se fueron, es problema de ellos. Por lo demás, había dos senadores del oficialismo que podrían haber pedido postergación o segunda discusión. Me sorprende que puedan haber reclamos de personas que no estaban cumpliendo con sus obligaciones, además hasta el inicio de la discusión de ese proyecto habían muchos senadores de la Concertación en la sala y yo no sé porqué decidieron retirarse justo antes de que ese proyecto se viera», aseguró.
La iniciativa busca derogar el artículo 93 del Código Penal y que establece que «la amnistía, el indulto y la prescripción de la acción penal y de la pena no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que constituyen el genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes».
Este retroceso legal en materia de derechos humanos en Chile, ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Amnistía Internacional, además de las nacionales, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes argumentan que no se han cumplido los compromisos presentes en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
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