Hasta ahora, 1 de junio del 2015, una propuesta concreta de adopción de un Modelo dado de Justicia Transicional, no ha sido objeto en la Mesa de un debate centrado; al respecto, por fuera de los diálogos formales, de parte y parte ha habido desde el principio múltiples referencias al tema, así como preanuncios de […]
Hasta ahora, 1 de junio del 2015, una propuesta concreta de adopción de un Modelo dado de Justicia Transicional, no ha sido objeto en la Mesa de un debate centrado; al respecto, por fuera de los diálogos formales, de parte y parte ha habido desde el principio múltiples referencias al tema, así como preanuncios de posturas en apariencia definitivas. Respecto a este tema, como ha acaecido con los demás, sobre todo con el de la tierra y los territorios, ya entrarán a jugar- o mejor, ya han entrado a jugar- las posiciones, las necesidades y los intereses de las partes como ha sido propio de las lógicas de toda metodología negociadora. Constituye ésta una importante indicación empírica de que sí habrá un modelo convenido, pues de lo contrario, a los diálogos de la Habana no les auguramos un final exitoso.
En un principio las posturas de las partes fueron radicales y cerradas. El 6 de agosto del 2013, al año de iniciarse los diálogos, la guerrilla de las Farc emitió un Comunicado leído por Pablo Catatumbo en el que manifestaron que esa organización guerrillera no admitía la Justicia Transicional ni el Marco jurídico por la Paz. «El Marco, leyó Catatumbo, fue una iniciativa autónoma del presidente y eso no jugará un papel en el proceso. Cuando el presidente reconoció un conflicto armado interno admitió culpa y por eso razón no podría ser juez y parte». Más adelante manifestaron que el referente de Justicia que tenían no era el de la Transicional sino, más bien, el asociado a su derecho de rebelión con sus correspondientes conductas conexas. Y más tarde, el 16 de febrero del 2015, cuando César Gaviria habló de una Justicia Transicional para todos los victimarios, Iván Márquez señaló que esa iniciativa había que saludarla porque «introduce un elemento importante para el esclarecimiento de las responsabilidades del conflicto en Colombia» no quedándose atrás Pablo Catatumbo cuando manifestó, «la propuesta es importante porque pone en discusión el tema de avanzar hacia la búsqueda de la verdad y encontrar la justicia». Fue sí como sin entrar todavía a pactar al respecto, las posturas se fueron suavizando y flexibilizando. Por esta misma fecha Catatumbo dijo que la paz no podía depender de la justicia y entonces, regresando a posturas duras señaló que así como «a los delincuentes comunes no se les aplicaba el Protocolo II de Ginebra», «a los rebeldes no se les podía dar el tratamiento diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del enemigo».
Pero, unas páginas atrás en la Entrevista que concedió al COLPRENSA EL 30 de abril del 2015, Catatumbo manifestó que era necesario que la Justicia Transicional aplicara para todos los actores de la violencia. Y para hoy 31 de mayo del 2015, al margen de las que tenga in pectore, éstas son las posiciones explícitas de Ivan Márquez.
Señala que «la confianza de la Mesa está malherida y que sólo un cese bilateral puede ayudar a que el proceso avance con celeridad. Eso sí estamos atravesando una turbulencia. Nos habíamos aproximado en una visión sobre la comisión de establecimiento de la verdad, pero los hechos desatados en el campo militar (la muerte de 40 guerrilleros en la última semana, sobre todo) han aplazado este asunto. Si se va a hablar de justicia se necesita la verdad porque aquí se habla de «los malos» pero no de los responsables supremos. El día que el Estado asuma sus responsabilidades empezaremos a desglosar el camino… El tema de la justicia se atravesó como una mula muerta en el camino de los acuerdos. En el proceso hay cosas novedosas como las audiencias con las víctimas pero no se mueve a favor de ellas. Se dice que las FARC rechazan la justicia transicional, pero lo que buscamos es una justicia convenida. Entiendo la justicia transicional como un acuerdo político. El gobierno, de modo unilateral, ha presentado el atajo del Marco Jurídico para la Paz, pero no quedó de buen sabor. Podemos encontrar una fórmula de reconciliación sobre las bases de la verdad histórica, la justicia transformadora, la reparación integral y la no repetición… Debemos reflexionar sobre las fórmulas que las víctimas trajeron. No vinimos a la Habana a intercambiar impunidades pero hay que abrir las puertas al margen nacional de apreciación que nos invita a hacer una reflexión sobre los orígenes del conflicto, porque los Tribunales Internacionales no conocen nuestra historia… El problema radica en pensar la justicia como un tema punitivo, con tribunales que no conocen ni a Guapi ni a Chocó. Una institución saludable debería hacerse a un lado por falta de elementos de juicio. Devolvemos la pregunta sobre la cárcel: están dispuestos a pagar cárcel los dirigentes políticos, los ex-presidentes o empresarios?».
Algo similar ha acontecido con las posiciones del gobierno de Santos, que han oscilado en asociar Justicia Transicional con una suavización de la aplicación del Código Penal pasando por relacionarlo con los derechos de la víctimas pero manteniendo vigente el horizonte punitivo hasta postular un Modelo mixto, mitad Justicia Transicional mitad Derecho Penal ; más abiertas, han sido las últimas posturas de Humberto de la Calle Lombana.
«El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, llega a La Habana a iniciar el nuevo ciclo de conversaciones con una premisa que de entrada abre de nuevo la discusión con las Farc: «Alguna parte de la pena alternativa tiene que ser efectiva, no va a ser un simulacro de pena…Sobre la justicia transicional, De la Calle volvió a elogiar la propuesta del expresidente César Gaviria, respecto a que se aplique también a no combatientes que tuvieron alguna responsabilidad con los actores del conflicto. De la Calle añadió que la justicia transicional no es una versión light y que el objetivo de este proceso es que en Colombia se proscriba definitivamente el uso de las armas para hacer política. Fue directo en manifestar que los acuerdos en esa materia están en manos de las FARC. ‘El balón de la justicia transicional está en la cancha de las Farc’. «Entendemos valioso el aporte del expresidente César Gaviria de un esquema de justicia transicional ampliado a otros actores del conflicto, directos o indirectos, no combatientes, es una necesidad», aseguró de la calle quien señaló que «si estamos hablando del fin del conflicto realmente tenemos que incorporar en ese proceso a la totalidad de los actores pero en condiciones de justicia transicional». Enfatizó en que un modelo de justicia no pretende otorgar amnistías generales. «No solo justicia en el sentido penal. La lucha contra la impunidad no puede ser entendida como la imposición de penas», señaló. De la Calle, quien en el conversatorio estuvo acompañado de los ex comisionados de paz, aseguró que las Farc sí tendrán que dejar las armas tras la firma de un acuerdo de paz. «No puede haber armas y urnas. No es que mientras se cumplan los acuerdos por parte del Gobierno, el Gobierno u el Estado se someten a una especie de interventoría armada, unos señores con un fusil mirando si el Gobierno cumple o no», manifestó.
Como podrá observarse, en el proceso, sin que un proyecto de propuesta haya sido objeto de un debate focalizado, Farc y Gobierno han venido flexibilizando posiciones extremas y cerradas sobre el asunto. Con seguridad que cuando se focalice este asunto estratégico entrarán a jugar los intereses y necesidades de cada una de las partes y entonces podrán pactar un Modelo de Justicia Transicional, que especial y excepcional y alternativo, sea, al mismo tiempo, viable en lo político, sólido en lo jurídico y justo en lo ético.
Precisemos un poco más en detalle, primero, el juego que en toda lógica negociadora realizan las posiciones, los intereses y las necesidades de las partes, y segundo, el sentido y contenido de esos seis adjetivos, «especial, excepcional, alternativo, viable, sólido y justo».
Sobre el primer punto recordemos lo que acaeció cuando se inició la discusión del primer tema de la agenda acordada, el del desarrollo rural integral. Las partes entraron con posiciones duras y radicales, las Farc con la tesis de reforma agraria que cubriese al conjunto del latifundio incluido el productivo y el Gobierno con la de «nada de reforma agraria»; entraron a jugar entonces las necesidades y los intereses, los del gobierno asociados a la importancia de brindarle seguridad jurídica y política a la inversión directa extranjera que llegaría para la explotación del subsuelo colombiano para lo cual era necesario crear un ambiente de pacificación en los campos colombianos, y los de las Farc moviéndose en la dirección de redireccionar su siempre prometida revolución social inscribiéndola en el marco de las luchas institucionales democráticas, es decir, sin armas en las manos. Y en ese debate-reflexión estuvieron durante más de seis meses, transcurso en el cual las duras posturas iniciales se fueron morigerando llegando finalmente a un acuerdo informal limitado- limitado porque en el congelador quedaron 10 importantes «salvedades» sobre el tema – de que en la Colombia rural había más de diez millones de hectáreas improductivas o inadecuadamente explotadas, que podían ser objeto de una reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra. Un horizonte metodológico similar se ha venido preanunciando en materia de un posible acuerdo en materia del Modelo de Justicia Transicional. Las posiciones se han venido precisando y morigerando y quizás se esté a portas de un abordaje más directo y focalizado del tema. Por lo tanto, no es que no exista la posibilidad de un acuerdo sobre la materia, pero el tiempo para tomar una decisión convenida al respecto ha comenzado a pasar y pesar y mientras ello no ocurra dificultoso va a resultar que se produzca un cuarto acuerdo estratégico, ahora sobre las víctimas, y si la toma de esa decisión se extiende más más allá de ciertos límites, los que se pondrían en peligros serían los diálogos mismos.
Agreguemos también algo sobre el Modelo a pactar y las adjetivaciones. En primer lugar se trataría de un Modelo de Justicia, especial, es decir cualitativamente distinto de la Justicia Judicial, excepcional, lo que significa que sólo sería válido para el abordaje del final del conflicto interno armado, y alternativo, porque su horizonte más definitorio no sería el problema de las penas- las que solo aparecerían en un segundo momento como algo derivado- sino los derechos de las víctimas. Por otra parte, ese Modelo de Justicia Transicional, especial y excepcional y alternativo, tendría que ser viable en lo político , es decir, que su aplicación tenga un buen margen de posibilidad, sólido en lo jurídico, vale decir, que en materias relativas a crímenes de lesa humanidad haga presencia efectiva la tesis de la penalidad alternativa, y justo en lo ético porque debe estar enhebrado alrededor de los derechos de las víctimas sobre todo del derecho a una reparación efectiva y satisfactoria en la realidad y en los corazones.
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