Cuando Sergio Catrilaf Marilef sostiene que es un perseguido político, la evidencia parece estar de su lado. Ha pasado más de dos años de su vida en la cárcel, acusado de incendios terroristas. En ambos casos, «Tur-Bus» y «Luchsinger Mackay», terminó absuelto. Pese a todo, dice condenar la violencia política y apuesta, como lo ha […]
Cuando Sergio Catrilaf Marilef sostiene que es un perseguido político, la evidencia parece estar de su lado. Ha pasado más de dos años de su vida en la cárcel, acusado de incendios terroristas. En ambos casos, «Tur-Bus» y «Luchsinger Mackay», terminó absuelto. Pese a todo, dice condenar la violencia política y apuesta, como lo ha hecho siempre, por la vía institucional para recuperar tierras de su comunidad.
Sergio salió raudo y sonriente del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Su familia y su comunidad lo esperaban.
Ser dirigente mapuche no le ha salido gratis. Ha logrado triunfos, como la recuperación del 90% del territorio ancestral Lof Meküpülly, reivindicado por los Catrilaf. Pero ha debido pagar con cárcel, lejos de su familia, imputaciones que terminan en absoluciones.
Primero fue en 2009, en el bullado caso por la quema de un Tur-Bus. 4 años de investigación para llegar a una verdad judicial: Raúl Castro Antipán, infiltrado de la Sipolcar de Carabineros, participó en este y otros ataques incendiarios y después culpó a personas que, en realidad, eran inocentes.
El Estado debió pagarle 8 millones de pesos a Sergio Catrilaf en costas.
Un año antes, en 2008, su nombre se puso en el foco de las policías. Su comunidad, la Juan Catrilaf II, prestó la personalidad jurídica para que un territorio perteneciente al colono Jorge Luchsinger fuera traspasado al Lof Lleupeko Katrileo. Fue un proceso legal e institucional. Pero para Sergio, fue el inicio de la persecución en su contra.
En el caso Luchsinger Mackay, el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, presentó ese acuerdo como prueba en el juicio. Dijo, como si fuera algo de causa y de efecto, que la familia Catrilaf tenía intereses en el territorio de los Luchsinger. Y que Sergio era el líder.
En total, fueron cuatro los miembros de la familia Catrilaf que fueron acusados por el crimen. Todos fueron absueltos. Tras ser liberado, El Desconcierto conversó con Sergio Catrilaf Marilef.
– ¿Cómo ha sido el proceso de reivindicación de tierras en los últimos años?
– Esto parte de que en el territorio somos 130 comunidades y nosotros somos la que ha reivindicado tierras a través del articulo 20 letra b de la Conadi, a través de los canales institucionales. Jamás hemos reivindicado la violencia política como método de acción.
– ¿Cuántas hectáreas han recuperado?
– Solo la familia de Catrilaf unas 800. En una ocasión le prestamos la personalidad jurídica a otra comunidad.
– La de Matías Catrileo.
– Si, esa fue una solicitud especial a la comunidad que fue por parte de gente de gobierno que en su momento tenían cercanías con nosotros, Viera Gallo, Rodrigo Egaña, ellos eran cercanos y nos pidieron ese favor. En este juicio vimos como la Fiscalía utilizó eso para vincularnos en este hecho tan horroroso como es el caso Luchsinger Mackay.
– El mismo gobierno, a través de la Intendencia, te catalogó como un peligro para la sociedad cuando decidiste declararte en rebeldía. ¿Cómo fue eso para ti?
– No me interesa mucho las opiniones de ellos la verdad. Hoy fue un tribunal de la República quienes dijeron que este caso amerita la ley común.
– Ya te había tocado una situación parecida antes con el caso Tur-Bus. También pasaste mucho tiempo en prisión preventiva y saliste absuelto
– Si, eso fue al tenor de que era el presidente de la comunidad y desde ese entonces llevaba dos años como dirigente.
– ¿Algún representante del Estado se acercó a ti después de eso?
– No, nada. En ese caso quienes estaban en el gobierno era la gente de derecha, con ellos nosotros no conversamos.
– ¿Esperan algo con este gobierno?
– No mucho, conocemos quienes son. Burgos fue quien maquinó esta idea de neutralizar a los movimientos, al margen de si las protestas son en tono aceptable. Fueron Burgos y Aleuy quienes planificaron todo esto.
– ¿Eras consciente de que, en tu rol como dirigente mapuche, te podrían encarcelar de esta forma?
– No, uno espera claramente de que los canales institucionales son los medios o herramientas válidas para concretar demandas. Así lo hemos hecho nosotros. El error ha sido confiar en los políticos y los gobiernos de turno.
– ¿Condenas el uso de la violencia política?
– Sí, por supuesto. Nosotros hemos avanzado en la reconstrucción del Lof Meküpülly en un 90%, eso nos indica que estamos en la línea correcta, hemos utilizado disponibles institucionales y hemos llegado a donde estamos. Eso lo hemos logrado acercándonos a los propietarios, presentando nuestras propuestas e intenciones. Y acercándonos también a la institución. Eso nos dice que estamos en el camino correcto, hemos utilizado los canales institucionales para argumentar nuestras demandas y nos ha ido bien. No deberíamos cambiar eso.
– ¿Qué te parece el actuar de la Fiscalía en este y otros casos contra comuneros mapuche?
– Ellos reciben directrices políticas. Lo dijo el fiscal en uno de sus alegatos, su intención de ligarme a este hecho y encarcelarme era en mi condición de líder de la comunidad. Además dijo textualmente: ‘él elabora las ideas y las estrategias de su comunidad’ en el Lof Meküpülly. Esas fueron sus palabras. Y que por tanto debería ser el culpable de la muerte de los Luchsinger Mackay, siendo que en esos predios nosotros no tenemos demanda territorial.
– ¿Qué le dirías a los fiscales Arroyo y Chiffelle?
– Le diría a las instituciones que si se quieren reparar o retomar la confianza de la comunidad, que hoy se ha perdido completamente, que ellos deberían dar un paso al costado.