La quema de camiones que se produjo en la Región de Los Ríos motivó al gremio a dejar un petitorio a la Presidenta Bachelet. Avisaron que si no tienen respuestas en siete días, paralizarán sus labores a nivel nacional. Son poderosos. A continuación, un análisis de lo que está ocurriendo, en palabras del académico Sergio […]
La quema de camiones que se produjo en la Región de Los Ríos motivó al gremio a dejar un petitorio a la Presidenta Bachelet. Avisaron que si no tienen respuestas en siete días, paralizarán sus labores a nivel nacional. Son poderosos. A continuación, un análisis de lo que está ocurriendo, en palabras del académico Sergio Grez.
La noche del pasado martes un grupo de camioneros llegó hasta el Palacio de La Moneda en respuesta a lo ocurrido hace dos días en San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, cuando se produjo la quema de 29 camiones estacionados en un corral, que se encontraban uno al lado del otro. Un hecho que hasta el momento no tiene sospechosos.
El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez -integrante del Consejo Ciudadano del candidato Sebastián Piñera-, encabezó esta avanzada hacia la casa presidencial para entregar un petitorio que considera la designación de «un delegado presidencial para enfrentar las quemas de camiones en el sur»; la creación de una unidad de investigación y persecución policial a cargo de Carabineros, PDI y el Ministerio Público en «las regiones afectadas por el terrorismo, actos incendiarios, quema de camiones y robos»; modificaciones a la Ley Antiterrorista (incorporar agentes encubiertos); y la presencia de Carabineros «en los aparcaderos de camiones y zonas de descanso a nivel nacional», entre otras cosas.
Pero no todo fue dicho con intención de diálogo: Pérez lanzó un ultimátum a la Presidenta Bachelet y dijo que como Ejecutivo tenían siete días para responder al petitorio, de lo contrario se comenzaría una movilización de camioneros a lo largo de todo el país.
«El planteamiento de los dueños de camiones al gobierno tiene que ser leído necesariamente en clave política. Excede claramente los términos, tanto en contenido como en forma, de un petitorio gremial», dice Sergio Grez, historiador y académico de la Universidad de Chile, en conversación con El Ciudadano.
Viejos tiempos
Recordada es la reaccionaria manifestación que ocurrió en 1972 por parte del gremio de camioneros, que fue determinante a la hora de desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Grez afirma que si bien los contextos políticos son muy diferentes, el tono del dirigente que llegó a La Moneda le trae ese hecho, financiado por la CIA, a la memoria.
«Escuchando al presidente de los dueños de camiones me viene en mente la situación de 1972 y 1973. Los términos, el tono y el tipo de emplazamiento a las autoridades -guardando las distancias de los contextos políticos- tienen bastantes rasgos en común. El tonito golpeado o golpeador, el emplazamiento intransigente, la fijación de plazos brevísimos para solucionar problemas que se supone que son de alta complejidad y de largo arrastre, recuerdan mucho la acción sediciosa de estos dueños de camiones«, afirma el académico
Respecto al fondo, el historiador cree que las exigencias van más allá de la ley. «La relativa designación de autoridades especiales, encargadas de coordinar a las policías -y desarrollar una política represiva en contra del pueblo mapuche, porque evidentemente no va en otra dirección- son petitorios que exceden los marcos de la legalidad. Para investigar y juzgar los crímenes que ocurren día a día en territorio nacional están los organismos regulares de la policía y los Tribunales de Justicia», sostiene.
En ese sentido, lo que está exigiendo este gremio de camioneros no tiene un tope ni siquiera con la voluntad del Ejecutivo por aplicar la Ley Antiterrorista, pasando incluso por sobre una promesa de la Presidenta para no aplicar esta regulación, cuestionada a nivel internacional, en casos relacionados al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Y en relación a la exigencia de mayor contingencia policial, Sergio Grez afirma que esta es una histórica demanda de sectores conservadores para enfrentar el problema. «Es desmesurado pretender que el Gobierno coloque más vigilancia en el territorio situado al sur del río Bío Bío. Recordemos que tan solo en la región administrativa de la Araucanía hay más de 1.000 carabineros que están actuando como guardias privados de las empresas forestales. Ellos quieren que esta dotación aumente, de tal manera que sus intereses particulares sean supervisados, protegidos, con el dinero de todos los chilenos», señala.
Por último, el historiador apunta al «tremendo poder» que tienen en la actualidad los dueños de camiones, a falta de otra medio de transporte que pueda reemplazarlos ante una eventual paralización de labores. «Tienen la posibilidad de semiparalizar el país, porque durante la dictadura y los gobiernos postdictatoriales se les ha asegurado una situación de privilegio monopólico en los transportes en Chile, destruyendo la red ferroviaria, no reponiéndola, de tal manera que si ellos paralizan, el país queda semiparalizado», advierte Grez.