El Gas Licuado del Petróleo (GPL), así como el Gas Natural (GN) es importado a Chile fundamentalmente desde Argentina y Estados Unidos a través del mar.
Al país arriba a dos plantas regasificadoras: la de Quinteros y la de Mejillones, donde se procesa e introduce en los cilindros para su consumo doméstico. Sin embargo, sólo tres empresas monopolizan la distribución gasífera, de las cuales Metrogas, propiedad de Gasco S.A., se lleva más de la mitad del mercado.
Tras emitir recientemente un estudio de alto impacto social, la Fiscalía Económica (FNE) detectó graves irregularidades en la industria de la distribución del gas, entre cuyas aseveraciones está que el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiera ser 15% menor que el actual, y el precio del gas natural que pagan los usuarios de Metrogas tendría que estar 20% más barato.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, aseguró que, “Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”.
El Informe Preliminar de su sexto Estudio de Mercado, donde la FNE abordó el mercado del gas en Chile en el período comprendido entre 2010 y 2020, se enfocó en los grupos sociales que usan gas licuado de petróleo y gas natural.
Para desarrollar el estudio, la FNE recopiló datos inéditos sobre el mercado del gas en el país y contó con la asesoría de los académicos Juan Pablo Montero, de la Universidad Católica de Chile, y de Eduardo Saavedra, de la Universidad Alberto Hurtado, además del economista de la Universidad de Oxford, Christopher Decker.
La FNE calculó que, debido a la concentración del mercado del GLP, los distribuidores privados mayoristas de esta energía incrementaron sus utilidades anuales hasta un 55% más que las obtenidas el 2014, lo que equivale a US$ 261 millones anuales “extra” de ganancias.
Por otra parte, la Fiscalía detectó que una excepción contenida en la última reforma a la Ley de Servicios de Gas, de junio de 2017, permitió a Metrogas, a través de Agesa, una empresa no sujeta a regulación, incrementar a los consumidores el precio de su servicio de distribución de GN.
Ello se tradujo, desde febrero de 2017, en un aumento de hasta un 20% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, equivalentes a US$ 87 millones anuales.
El caso de Gasco S.A.
La corporación Gasco, duramente tratada por la Fiscalía Nacional Económica junto con Lipigas y Abastible, y empresa que se lleva la parte mayoritaria del negocio, aseguró que la propuesta de la entidad, “podría terminar perjudicando gravemente la calidad del servicio y también el precio del gas en el país”, sin ofrecer ninguna explicación de cómo y por qué disparó los precios.
Por otra parte, Patricio Tapia Gómez y Solange Bustos, dirigentes del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, fueron quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Gasco GLP, desde el 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera y única hasta el momento, realizada en los más de 160 años de existencia que tiene la firma.
El presidente de la compañía, entonces y ahora, es Matías Pérez Cruz, pinochetista acérrimo, antisindicalista, fans del candidato presidencial neo-fascista José Antonio Kast, y quien se hizo tristemente célebre el 6 de febrero de 2019 cuando se viralizó un video que lo exhibió expulsando de manera prepotente y violenta a tres mujeres de lo que llamó «su jardín», a orillas del lago Ranco.
Ahora bien, los dirigentes precisaron que, “A diferencia de la salud pública del Estado, cuando una persona deja de pagar la cuenta de gas, la empresa le clausura el suministro inmediatamente. ¿Qué ocurre entonces? Que las corporaciones de gas privadas cuando cortan el gas por no cancelarlo, simplemente dejan de ser “empresas estratégicas”. O sea, pierden su condición de “empresa esencial” que otorga un “servicio básico de utilidad pública”. Donde manda el mercado ya no hay “servicios básicos estratégicos”, porque en el caso del gas se trata de un producto que sólo puede comprar quien tiene los medios para hacerlo. Su suministro no está garantizado como un derecho social. Además, si alguien no puede comprar gas de una empresa privada “A”, puede comprarlo en la empresa “B”, porque se supone que en Chile existe libre competencia”.
Patricio Tapia y Solange Bustos, que provienen de la empresa Gasco, explicaron que, “Gasco se divide en dos empresas: Gasco S.A., que corresponde al cuerpo administrativo, y Gasco GLP, que es la parte operacional o de producción. Chile carece de gas propio para abastecer al mercado interno. Se le nombra parte productiva a los obreros que realizan las mezclas de las materias primas provenientes del extranjero a través de embarcaciones que arriban a la planta de Quinteros; llenan los cilindros de esa mezcla, y distribuyen a los clientes los cilindros en camiones y vehículos. El costo del gas que llega al puerto en forma congelada, la empresa Gasco S.A. lo compra a un precio infinitamente más bajo que el gas que luego vende a otras firmas y a los consumidores en general”.
Los representantes sindicales, ante la coyuntura de la colusión de los precios del gas, la cual opera como un verdadero monopolio, indicaron que se encuentran preparando una propuesta a nivel país, “donde se estudie seriamente y de acuerdo al criterio de los servicios básicos como derechos sociales, el establecimiento de una empresa pública del área que traslade a los trabajadores especializados que hoy laboran para los privados en pésimas condiciones, a esta eventual industria pública; y que representantes de comités de usuarios, elegibles y revocables, fiscalicen las posibles irregularidades que pudieran suscitarse, siempre bajo el principio del bien común”.
Igualmente, los dirigentes expresaron que la compañía Gasco es parte escandalosa de la colusión del gas, como lo visibilizó la investigación realizada por la FNE, exponiendo las maneras ilegales y fraudulentas a las que echa mano para obtener sus multimillonarias ganancias a costa de las mayorías sociales y los consumidores, en medio de una crisis económica, social y sanitaria inédita. Asimismo, la empresa encabezada por Pérez Cruz, ha sacado buena parte de sus ganancias, explotando a las y los trabajadores y destruyendo sistemáticamente a la organización sindical, puntualizaron.
Tapia y Bustos relataron que, tras realizar su histórica huelga y a modo de castigo ejemplar, la firma les arrebató los más importantes beneficios que había conquistado, como “la Corporación de Bienestar de los Trabajadores del Gas (Cobegas) que tenía dos fondos: un fondo de pensiones que otorgaba a los ex funcionarios una pensión complementaria a la legal, y un Fondo de Servicio Médico que funcionaba como Seguro Médico, que no estaba condicionado por preexistencias, no era deducible y al que podían pertenecer los jubilados hasta su deceso y continuar sus viudas con el seguro”. Y añadieron que, “hoy los socios que son trabajadores de Gasco están obligados a afiliarse al seguro complementario que posee la empresa, que sí tiene deducibles y límites de edad, además de que algunas de sus coberturas son inferiores, y al que no pueden pertenecer los jubilados. La presidenta de la Cobegas, Lorena Matamala, que es dirigente del Sindicato 3 de Gasco, llamó personalmente a los trabajadores a cambiarse al seguro médico de la empresa para exterminar el seguro de la Cobegas. Ambos seguros se financiaban con un aporte de la empresa y un aporte del socio trabajador. Por ejemplo, al seguro médico la empresa aportaba el 1.4% de la remuneración imponible. Todo ello terminó”.
“Un capítulo completo de infamia contra los intereses de las y los trabajadores suman las prácticas antisindicales de Gasco”, sentenciaron los dirigentes.
*En la imagen, los dirigentes Patricio Tapia y Solange Bustos.