Desde la semana pasada el presidente venezolano pasó a tener el rol de facilitador de un acuerdo humanitario en la vecina Colombia. Hay muchos obstáculos para que su tarea culmine exitosamente pero al menos ésta ha comenzado.Hay muchas maneras de medir la duración del conflicto interno colombiano. Si se lo considera en su perspectiva histórica […]
Desde la semana pasada el presidente venezolano pasó a tener el rol de facilitador de un acuerdo humanitario en la vecina Colombia. Hay muchos obstáculos para que su tarea culmine exitosamente pero al menos ésta ha comenzado.
Hay muchas maneras de medir la duración del conflicto interno colombiano. Si se lo considera en su perspectiva histórica puede decirse que comenzó en abril de 1948, con el Bogotazo o levantamiento popular en la capital del país tras el asesinato del líder progresista Jorge Eliécer Gaitán. Si se lo mide en términos del enfrentamiento de la fuerza estatal con la guerrilla comandada por Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), la fecha indicada sería mayo de 1964, cuando los insurgentes burlaron una campaña de cerco y aniquilamiento del ejército y fundaron las FARC.
Sea estimada de una forma u otra, o apelando a otras consideraciones intermedias, el resultado es aproximadamente el mismo: un conflicto muy prolongado y costoso en vidas humanas debido a las políticas de la ‘seguridad nacional’ alentadas desde West Point.
Es que aunque se trata de un choque interno entre sectores colombianos, salta a la vista la intervención de Estados Unidos, invariablemente alineado con el establisment económico, político y militar de Colombia al que financió de diferentes formas. Desde la administración Clinton hasta la actual de George Bush, aportaron más de 5.000 millones de dólares para el llamado ‘Plan Colombia’ -rebautizado ‘Plan Patriota’- que busca infructuosamente aniquilar a la guerrilla.
La prueba de que los rebeldes están muy activos se vio este domingo, cuando los Frentes 21 y 50 de las FARC provocaron 11 muertos, siete heridos y cuatro desaparecidos a un batallón de Alta Montaña del ejército. La batalla se libró en el municipio de Pijao, departamento Quindío, y las bajas fueron admitidas por el jefe del Ejército, general Mario Montoya Uribe, quien viajó al lugar debido a la gravedad de los hechos.
La persistencia del factor guerrilla explica que se haya abierto otra posibilidad cierta de negociar un canje humanitario con el gobierno. Aquella retiene entre 40 y 50 ‘canjeables’: políticos, policías y tres agentes de inteligencia estadounidense capturados luego de ser derribada su avioneta en 2003. Y Alvaro Uribe Vélez mantiene en prisión a 400 farianos. De allí que, casi desde que éste asumió su primer mandato en agosto de 2004, Marulanda Vélez comenzó a plantear la necesidad de un acuerdo humanitario: el Estado libera los guerrilleros y las FARC hacen lo propio con sus rehenes.
Esa tesis ha venido calando hondo en la opinión pública del país y también en la arena internacional. En este ámbito ayudó a un mayor impacto el que una de las retenidas por los rebeldes sea Ingrid Betancourt, candidata presidencial capturada en febrero de 2002 y que posee la doble nacionalidad colombo-francesa. Ya en tiempos de Jacques Chirac y ahora con Nicolás Sarkozy, París ha movido influencias para que el intercambio se haga realidad y la ciudadana Betancourt quede en libertad. Así lo reiteró el canciller galo Bernard Kouchner.
Los escollos
El principal escollo para tal solución negociada lo constituyó en estos años la política del presidente Uribe, refractario a sentarse a discutir con la guerrilla. El estaba convencido de que lo correcto era arrasarla militarmente, ponerla de rodillas, obligarla a la rendición incondicional o más aún a la liquidación política, material y humana. Lógicamente su socio mayor en Washington también se negaba a cualquier trato con una organización que entre ambos habían incluido como ‘terrorista’ en el listado internacional, Europa incluida, confeccionado por el Grupo de los 8 países centrales.
Supuestamente sería cuestión de tiempo aniquilar a las FARC. Y respecto a los retenidos por ésta, la política oficial fue la del rescate militar, una línea resistida por los familiares de los afectados y por la propia realidad. Es que cada vez que se montaron esos operativos terminaron con los rehenes muertos. Así ocurrió el 18 de junio último con 11 diputados del Valle de Cauca, que perdieron la vida cuando una fuerza militar no identificada -donde habría mercenarios extranjeros- quiso liberarlos y cobrar alguna recompensa.
La propuesta fariana fue desde el principio la misma: que el gobierno despejara de sus efectivos militares dos municipios (Pradera y Florida), diera garantías a sus hombres, hubiera delegados de la ONU, Cruz Roja Internacional y de países que habían participado de los diálogos previos (Francia, España y Suiza), etc, para que pudieran entregar sus retenidos.
El gobierno se opuso a esa solicitud de despeje porque a su juicio facilitaría la reorganización de las FARC. El motivo verdadero es que si en esos dos municipios, de 800 kilómetros cuadrados, aparecían los guerrilleros armados con sus rehenes y se llevaban sus presos políticos, la imagen de victoria de los ‘terroristas’ hubiera sido innegable e imborrable en los medios de comunicación del mundo.
Uribe necesita negociar con las FARC fuera de Colombia y si se llega a un acuerdo, que el intercambio también sea afuera del país. Tal razonamiento fue el que abrió paso a la mediación de Hugo Chávez, pedida por la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, opositora al presidente colombiano. Esta mujer fue a Caracas junto a un nutrido grupo de familiares de los retenidos, siendo recibida por el líder bolivariano, quien aceptó la riesgosa mediación en el país vecino.
Puede ser algo intermedio
La fuerza insurgente ha mantenido hasta el momento el reclamo de una zona de despeje para negociar y concretar luego el acuerdo humanitario. Esa negociación aceptaría hacerla en otro lugar y todo indica que el lugar apropiado puede ser Venezuela, un país limítrofe y con un mandatario bolivariano que además ha aceptado el rol de mediador.
Chávez estuvo el viernes pasado en Bogotá y se reunió durante ocho horas con el primer mandatario en la finca de descanso presidencial de Hatogrande, tras lo cual dieron en conjunto una conferencia de prensa de casi dos horas.
El rol del visitante y su simpatía personal cautivaron a los colombianos según un editorial del oligárquico diario El Tiempo (3/9, ‘El Hugo Chávez que no conocíamos’).
En esa rueda con el periodismo, el venezolano comunicó que Uribe había dado su consentimiento para que él como facilitador invitara a Marulanda a enviar un representante a una reunión en Caracas.
En ese sentido hay fuertes indicios de que tales diálogos, bilaterales entre Chávez y las FARC, y quizás luego entre las dos partes en pugna y el dueño de casa de Caracas, se pueden poner en marcha. La senadora Córdoba manifestó que pueden realizarse en quince días o a lo sumo en treinta.
Raúl Reyes, miembro del Secretariado Nacional de las FARC, manifestó a Pablo Biffi, enviado de Clarín (26/8): ‘sí, nosotros no tenemos problemas en dialogar en cualquier sitio, pero la entrega de prisioneros debe ser en Colombia’. De ese modo ya la jefatura rebelde había dado luz verde a conversaciones auspiciadas por Chávez.
Respecto a que la entrega de los prisioneros sea en el país donde se libra el conflicto, suena razonable pero en el presidencial Palacio de Nariño se mantienen en cerrada negativa a despejar zona alguna. Quizás entre Chávez y los delegados europeos de Francia, España y Suiza puedan pergeñar una zona desmilitarizada de Colombia donde simplemente se concrete el intercambio negociado en otra parte.
Una solución de ese tipo no será exactamente la que deseaban Marulanda Vélez y Raúl Reyes, pero estaría cerca de sus planteos. Lo esencial a tener en cuenta a la hora de un balance -si es que algo así se concreta- es que la fuerza que ellos representan no pudo ser arrancada de su implantación en 1.000 de los 1.025 municipios del país. Y que ha conservado 160 frentes de combate a pesar de la avalancha de dólares y equipos norteamericanos para el ejército oficial del general Montoya, de oscuros vínculos con los narcos y paramilitares como desnudó el escándalo de la narcopolítica destapado a fines del año pasado.
En el citado editorial de El Tiempo, el vocero de los sectores más conservadores admite quién va ganando con esta negociación: ‘con el innegable protagonismo político que esta cumbre les ha dado a las FARC, es de esperar que estén a la altura de la importancia del momento’.