Exigimos a las autoridades, en especial a la fiscalía general de la Nación brindar todas las garantías procesales constitucionales y legales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, denuncia la delicada situación de persecución que se adelanta contra nuestra organización social y política, agravada por los hechos que a continuación expresamos: […]
Exigimos a las autoridades, en especial a la fiscalía general de la Nación brindar todas las garantías procesales constitucionales y legales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, denuncia la delicada situación de persecución que se adelanta contra nuestra organización social y política, agravada por los hechos que a continuación expresamos:
Aproximadamente a las 2:15 pm, del mércoles 6 de junio de 2018, fue detenido en Bogotá DC, nuestro compañero y colaborador Julián Andrés Gil Reyes, quien se desempeña como secretario técnico, y miembro de la comisión internacional del Congreso de los Pueblos.
Julián detectó extraños seguimientos de sujetos de civil, desde días anteriores haciendo registro fotográfico y monitoreo de las actividades de la sede del Congreso de los Pueblos en donde labora y desarrolla sus actividades de trabajo y políticas.
Cuando se disponía a salir de la sede, justo en la entrada, fue abordado por cinco sujetos de civil y dos uniformados al parecer de la policía nacional, quienes lo introdujeron en un vehículo sedán particular marca Renault, de color azul grisáceo de placas ZJN – 059 de Zipaquirá, y conducido al Comando de policía de Cundinamarca, ubicado en Bogotá en la avenida las Américas con carrera 53.
Exigimos a las autoridades, en especial a la fiscalía general de la Nación brindar todas las garantías procesales constitucionales y legales al ciudadano Julián Andrés Gil Reyes, y parar de manera inmediata la persecución contra los líderes y lideresas sociales en Colombia.
Denunciamos estas detenciones irregulares como una estrategia de judicialización y criminalización del Estado Colombiano para desmantelar las organizaciones sociales e impedir el constitucional derecho a la protesta y al desarrollo de los principios democráticos.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23156