Silencio frente al terrorismo de Estado en Colombia, estridencia contra las acciones de las insurgencias

Veo la convocatoria que me hacen llegar vía email para que me sume el día cuatro de febrero a una movilización contra la FARC. No pongo en cuestión que la insurgencia en Colombia comete y ha cometido innumerables y despreciables actos que laceran la dignidad humana. No voy a enunciarlos aquí porque no es preciso seguir ahondando en el horror. Hay cosas que no son defendibles ni ideológica ni política ni éticamente hablando. Dicho lo anterior, lo que si quiero es expresar mi opinión en relación con el texto y el propósito de la convocatoria. Me resulta repugnante que las personas que se auto-consideran «de bien» en Colombia lancen soflamas y cualquier cantidad de epítetos contra las FARC, y, sin embargo, esa misma gente calla y ha callado de modo alevoso y cómplice ante los miles de crímenes cometidos por el paramilitarismo, con la anuncia, y eso podemos decirlo hoy con gran propiedad, del Estado colombiano.

Hoy conocemos por los mismos paramilitares la manera cómo importantes funcionarios del Estado contribuyeron a forjar su industria criminal y a que expandiera dicho fenómeno su corrosivo poder por todo el país, hasta el punto de llegar a permear todos los niveles del Estado y el gobierno. Hemos conocido entre otras muchas cosas, dónde están las fosas comunes, las que se conocen, por supuesto, y a cuantas miles de personas asesinaron y desaparecieron en todo el país, las que han reconocido, pues muchas victimas hoy por hoy no saben qué pasó con su o sus familiares, y tal y como va la cosa no lo sabrán puesto que las audiencias en donde han comparecido los jefes paramilitares y en donde se tenía previsto que contaran toda la verdad, sin ningún genero de duda, dejan la sensación que es más lo que siguen ocultando que lo que aclaran. Y ello para no referirnos que algunos de los familiares de las víctimas que asistieron a las audiencias demandando justicia y verdad terminaron siendo asesinadas [1] .

Por estas víctimas, hay que decirlo, nunca hubo una movilización y la ley de justicia y paz que hoy desarrolla el Gobierno de Uribe para conocer todo lo sucedido parece inexorablemente ahondar más en el ocultamiento que en el esclarecer lo acontecido. Y si alguien se movilizó en alguna ocasión por todas aquellas sonadas masacres y victimas, sin duda, no fueron precisamente las personas que hoy convocan con gran brío esta movilización, a la que se suma y con mucho entusiasmo, no podía ser de otra manera, el Diario el Tiempo.

Para más INRI, hace poco Hernán Veloza [2] , más conocido como H.H y quien fuera Jefe Paramilitar del Bloque Bananero y el Bloque Calima (2001) reconoció que en el sólo Urabá mandó a matar entre 1995 y 1996 a más de 1500 personas, es decir que, frente a esto las 336 muertes que Salvatore Mancuso reconoció en una de las audiencias en la ciudad de Medellín terminan siendo para muchos de sus acólitos nimias, insignificantes. Cabe decir que, entre los acólitos de Mancuso se encontraban miembros en el ramo de la justicia, en el gremio de ganadero, en la Policía y el ejército, y, por supuesto, en el Congreso de la República. En este organismo llegó a reconocer que al menos el 35% de los Congresistas que lo integran estaban a su disposición. Los hechos han terminado demostrando que las reiteradas denuncias de la oposición y de otros sectores sociales en relación con los vínculos existentes entre políticos y paramilitares eran una monumental realidad y no una invención como al principio se dijo desde el alto gobierno.

El último gran acólito y ello ha trascendido a los medios de comunicación, es Benito Osorio [3] , Expresidente de la Fondo de Ganaderos de Córdoba, sobre todo en el periodo de afianzamiento del paramilitarismo en esa región y en Urabá, y quien fuera nombrado por Uribe a finales de diciembre en calidad de gobernador Encargado del paramilitarizado Departamento de Córdoba. Dos semana después de su nombramiento éste personaje y de quien se dice en Córdoba que era uno de los aupantes del paramilitarismo, — no lo sabía acaso Uribe siendo ganadero y terrateniente en esa zona durante más de tres décadas—, el gobierno ha tenido que pedirle la renuncia, pues se comprobó, pese a haberlo negado, que en los momentos previos a su nombramiento fue a visitar a Salvatore Mancuso en su sitio de reclusión ¿de qué hablaron? ¿ por qué este nombramiento?

Y el tropel no para aquí, pues recientemente el gobierno de Colombia ha reconocido por fin, que, paramilitares y funcionarios del gobierno son los responsables del asesinato de 47 sindicalistas, lo que eleva a 267 los asesinados durante los últimos cincos años, es decir, en pleno mandato de Uribe y de la Seguridad Democrática, lo que convierte a Colombia en el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical como así lo ha reconocido la OIT [4] . Hay que decir que, este reconocimiento es el resultado de la presión [5] que ha realizado el Congreso de los EEUU, de mayoría demócrata, por cierto, y quien le está exigiendo a Uribe que esclareciera dichos crímenes si quiere que le sea aprobado el Tratado de Libre Comercio. Es decir que, tuvo que esperarse que el amo del norte y la Unión Europea pidieran responsabilidades para que una parte de la verdad se supiera. Esto llega tarde: todos sabíamos que el Estado y el paramilitarismo en una simbiosis criminal eran y son los responsables de tales crímenes, sólo que poco se había hecho para asumirlo.

Y ello para no hablar de las campañas de limpieza, e incluso, las matanzas que siguen cometiendo los paramilitares después de la desmovilización en importantes ciudades del país. Salvo las centrales obreras, sectores del Polo Democrático y las ONGs de derechos humanos, a propósito consideradas por el Presidente Uribe en distintas ocasiones como áulicas del «terrorismo» y de la guerrilla, ¿quién se le ha movilizado contra estos crímenes?, desde luego no muchos/as de los que saldrán el día cuatro de febrero en una colorida comparsa y en donde se escuchará a la fija: no más secuestros de las FARC —no se mencionarán los que acomete el Estado— fuera Hugo Chávez de Colombia, Piedad Córdoba vende Patria y, por supuesto, No al Despeje.

Frente a esto me pregunto, ¿por qué la «gente de bien» que hoy llama a movilizarse contra las FARC no se ha inmutado siquiera a suscribir una comunicación que denuncie todos los desafueros cometidos por el paramilitarismo y el Estado? En Colombia, sin duda, el gobierno y eso que llaman sociedad civil parece que les horroriza sólo un tipo de crímenes cometidos por un tipo de victimario y no los cometidos por todos los victimarios. El día que quienes convocan este tipo de manifestaciones me muestren una convocatoria que ponga en igualdad de condiciones a todas las víctimas y a todos los victimarios ese día saldré a marchar, pues consideraré que se está atacando a todos los victimarios por igual y dignificando a todas las victima de forma simétrica.

¿Cuántas veces la Corte Interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica ha condenado al Estado colombiano por violación a los derechos humanos y cuántas manifestaciones por tales hechos han convocado «esta gente de bien» que ahora se expresan contra las FARC? No nos equivoquemos, hay que repudiar por principio ético los desafueros de la insurgencia, pero hay que huir de aquellas posturas que desde el Estado y el gobierno usan el dolor de las víctimas de la insurgencia para sacar réditos políticos y limpiar el sucio nombre de un gobierno que cada vez más le cuesta huir del descrédito; también hay que huir y a toda prisa de aquellos sectores de la sociedad civil que denuncian con toda bravura las tropelías de la guerrilla, pero, curiosa y contradictoriamente se quedan calladitos y hasta dan por bueno los horrendos crímenes del para militarismo y del Estado mismo.

Frente al contenido de la convocatoria, digo, efectivamente: estoy cansado de ver cómo la gran mayoría de los jóvenes en Colombia huyen de la falta de oportunidades; estoy cansado de ver como El Presidente Uribe nombra a amigos y personajes en el alto gobierno, los cuales luego deben renunciar porque se les demuestra relaciones y nexos con el narcoparamilitarismo, sin que asuma ninguna responsabilidad política por ello; estoy cansado de ver cómo las élites que mal gobiernan el país utilizan el patrimonialismo como herramienta para profundizar las diferencias sociales, económicas y políticas ya existentes; estoy cansado de ver cómo las elites en Colombia perdieron cuando han querido hacer la paz y también cuando han querido hacer la guerra; estoy cansado de ver cómo tres millones de desplazados/as, —la mayoría de ellos/ellas responsabilidad del Estado y los paramilitares– deambulan por las frías calles de Bogotá o de otras ciudades sin ninguna ayuda por parte del Estado;

Estoy cansado de ver como Ardila Lule, Julio Mario Santo-Domingo y demás representantes de los principales gremios económicos y financieros se llenan, mientras el 68% de la población vive en la miseria; estoy cansado de ver y oír cómo se cierran hospitales y clínicas y de saber que el ejercito se lleva una gran parte del presupuesto general de la nación, sin que la derrota de la insurgencia que una vez se prometió —con tanto candor— se vea a la vuelta de la esquina como de modo ingenuo pensó y piensa Uribe y la élite que le respalda; estoy cansado que el Presidente Uribe le siga mintiendo al país sobre sus verdaderos nexos y los de sus familiares con el narcoparamilitarismo; estoy cansado de ver cómo Colombia es el corral del gobierno americano; estoy cansado de que me digan de que sin Uribe el país se cae; estoy cansado de que me digan de manera estúpida que la «insurgencia es terrorista» y el Estado y los paramilitares no lo son;

Estoy cansado de que la gente de manera torpe y en coro con el gobierno niegue y sin distancia crítica que en Colombia no hay un conflicto social y político y de que éste urge una solución política, si no que lo que existe es una amenaza terrorista; estoy cansado de la frágil memoria del país que da por buena las masacres de los paramilitares mientras repudia las de la guerrilla; estoy cansado de ver cómo los congresistas –y funcionarios nombrados por Uribe—- empiezan a ser condenados por paramilitarismo y se les condena sólo a ocho años de prisión, o menos, como en el caso del representante a la Cámara por el Departamento de Sucre, Carlos García, o como el del Senador por el Departamento del Atlántico, Dieb Maloof, mientras al señor de ruana le ponen penas inconcebibles por delitos menores.

De igual modo, estoy cansado de ver como los hijos de los políticos y gente con pocos meritos vienen a hacer alarde de haberse ganado becas para venir a estudiar a Europa, justo cuando sus padres podrían financiarles sus estudios y con ello dejar esa oportunidad a quien bien la necesita; estoy cansado de ver y oír que quien critica al gobierno está contra él; estoy cansado de ver como Uribe desinstitucionaliza al Estado y acaba con lo poco de democracia que había; estoy cansado de ver como se militariza y narco-paramilitariza la sociedad sin que esa gente de bien se pronuncie con el mismo vigor como ahora pretende hacerlo; por último, estoy cansado de esta elite que mal gobierna a Colombia y por ello deseo que un día la gente se dé cuenta que hay la necesidad de proscribir a aquellos sectores comprometidos con la corrupción, la violencia oficial y todo tipo de desmanes contra los bienes del Estado y la gente más indefensa. Uribe y Francisco Santos han dicho que Las FARC y las guerrillas son la peor amenaza de la democracia en América Latina y en el hemisferio occidental, me resisto a creer semejante estupidez funcional; la verdadera amenaza para el continente es la pobreza creciente y compleja que crece de la mano del neoliberalismo y de la globalización asimétrica que imponen los países del norte a los del sur y ello lo reconoce hasta el mismo George Soro, de profesión especulador.

Insisto, que por principio ético hay que condenar aquellos actos de la insurgencia que la niegan en los principios y fines que ella dice perseguir. No secundar la marcha que con rabioso sentimiento antifariano y antiinsurgente nos proponen sectores de la sociedad civil y los estamentos del Estado y el Gobierno, no significa que estemos admitiendo actos repudiables como los de Bojayá, Machuca, o la situación, por ejemplo, en la que Claras Rojas tuvo que hacer la gestación de su hijo Emmanuel y la manera como después éste fue separado de la misma.

Ello tampoco quiere decir que no se sienta uno conmovido por lo que tuvo que vivir Consuelo González de Perdomo y lo que viven el resto de las personas secuestradas, no, lo que quiero dejar claro es que no hay que ser instrumento político ni ideológico de nadie y menos de un sector de la sociedad civil que no ha tenido el valor de cuestionar ni denunciar los desafueros del paramilitarismo; y muchos menos, por cierto, del gobierno y del Estado, que solventes muestras ha dado y desde hace mucho tiempo atrás de ser el principal perpetrador de toda suerte de desafueros contra la población civil; unas veces teniendo como victimarios a la Policía y al Ejército de forma directa, u otras apoyando las sañas y el sadismo del narcoparamilitarismo.

Cuando la convocatoria tenga por fin denunciarlos a todos, entonces ese día yo encabezaré la marcha. Por lo pronto marchen contra las FARC, pero les recuerdo, otras familias en Colombia se siente agraviada por el Estado y los paramilitares y seguro que muchos de ustedes no lanzarán una consignas por ellas.