Según el índice global de impunidad elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, Colombia tiene un índice muy elevado de impunidad, ocupando en 2020 un honroso octavo lugar en América con 47 puntos, siendo el máximo Honduras con 60 puntos y el Paraguay con 53,1 puntos. El director de la ong colombiana “Pares”, colaborador en la elaboración estadística de tal índice, dice lo siguiente:
«Es claro que el fenómeno de la impunidad es la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: la corrupción, inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten. Según ONU-Mujeres, en Colombia, por ejemplo, sólo el 13% de los feminicidios llega a una condena; en el caso de la desaparición forzada, según el Movice, de los ochenta mil casos reportados al 2018 se había investigado apenas 7,700 y, de éstos, sólo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. Es decir que el 99.5% se encuentran sin resolver.»
La pregunta que inmediatamente viene a la mente de cualquier lector de estos indicadores es: ¿Cómo es posible tal fenómeno, si el Estado colombiano con la Constitución de 1991 y siguiendo el modelo judicial de los EEUU, creó uno de los aparatos de coerción más protuberantes de las Américas: un gran Leviatán burocrático y político que para el año 2021 tiene como presupuesto general asignado por el Ministerio correspondiente la asombrosa suma (en pesos colombianos) de$ 73.781.976. 362?
La respuesta a tan complicada pregunta hay que rastrearla en el complicado y contradictorio defecto de su origen estructural: El pacto Constitucional del 91, entre el bipartidismo liberal-conservador con las guerrillas rojaspinillistas, indigenistas y maoístas desmovilizadas unos meses antes, realizado sobre tres aspectos básicos:
1- Conservación intacta del pacto Lleras Camargo con las FFMM (1958) sobre la doctrina militar Estadounidense de la Contrainsurgencia que implementaría durante su gobierno (1962-1964) y que durante en el gobierno del Estatuto de la Seguridad de Turbay Ayala (1978-1982), había mostrado su agotamiento y la necesidad de modernizar la coerción Judicial
2- La aceptación de los firmantes, de la implementación de la apertura neoliberal de la economía, la descentralización administrativa y la transnacionalización de la mayoría de los aspectos de la vida en Colombia.
3- A cambio de dejar escrito en el papel constitucional, algunos derechos democráticos para la población en general y para algunas minorías indígenas que habían empuñado las armas.
Origen defectuoso del armatoste judicial creado por el Estado colombiano en el mencionado pacto constitucional y que hoy 30 años después, alguno de los concernidos pone al descubierto de manera autocrítica, aunque centrándola en la “corrupción” como el aspecto más visible aunque no el más esencial, en todo ese recorrido de descomposición y crisis del aparato de coerción que describe. (ver https://www.opendemocracy.net/es/fiscalia-general-colombia-corrupcion/)
La verdad es que, los divulgadores y sistematizadores de la categoría historia marxista y leninista (es decir clasista) de fascismo en Nuestramérica, allá por los años 60-70 del siglo pasado, generalmente luchadores valerosos conta la peste maligna de las dictaduras militares (fascistas) que impuestas desde Washington asolaron el Cono Sur; en aquella difícil discusión política practica y por la premura de encontrar “los amigos verdaderos para atacar a los verdaderos enemigos” ( Mao Zedong 1936) dentro de la enumeración de las características más destacadas de tal categoría, pasaron por alto o no consideraron la importancia que por ejemplo el Antifascista Gramsci asignaba al fenómeno de la impunidad como parte de la esencia caótica y reaccionaria en contra de los trabajadores que tiene el fascismo.
Veamos la siguiente cita “in extenso”, teniendo presente que fue escrita para Italia en 1920, pero que tiene una actualidad para Colombia desconcertante:
“La fuerza del Estado burgués reside toda ella en la organización oficial. Desde el armisticio hasta hoy la organización armada del Estado italiano no ha cesado un instante en revelarse en íntima y progresiva descomposición; la descomposición se ha extendido a todas las demás instituciones que se apoyan en la fuerza armada: La administración de la justicia, la administración del poder gubernamental”. Escribe Gramsci a finales de 1920, en el editorial del periódico Avanti titulado la Fuerza del Estado, cuando en Italia se iniciaba la captura de Estado por el fascismo.
Y continúa ... “El Estado italiano, aún con su farragosa y mastodóntica maquinaria ha sido siempre una cosa tan cómica que no debe maravillar que pueda ser arruinada precisamente por un tipo como D´Annunzio…Estado significa centralización de mando y de acción. El Estado italiano se cae en pedazos precisamente porque los poderes locales no funcionan según las consignas que parten del centro del gobierno: pululan en vez de eso los grupos armados que sustituyen a la acción armada oficial, obedecen a los intereses locales, llevan a cabo una lucha de partisanos contra los adversarios locales. El fascismo, es la expresión de esa corrupción de los poderes estatales. En la mayoría de las ciudades de Italia los funcionarios apoyan al fascismo, arman a los fascistas, se confunden con los fascistas, en todos esos centros el fascismo se confunde con la jerarquía militar, porque en todos esos centros el poder judicial deja impune al fascismo. El fascismo como fenómeno nacional no puede fundar un Estado propio, no puede organizarse como poder central, porque Ya se confunde con el Estado…El Estado italiano se debate en esta su crisis morbosa de intima descomposición, y de ella solo puede resultar nueva barbarie, nuevo caos, nueva anarquía, nueva reacción. Nunca como en este momento el Estado italiano había sido tan risible, algo tan cómico, pero por desgracia, en la vida de los Estados, ser cómicos y ridículos significa impunidad para los violentos y ninguna seguridad para las personas, significa abuso, extorsión, prepotencia, significa reacción contra los trabajadores.” (subrayado por aps)
No debe quedar duda entonces, de que el fenómeno de la impunidad es consustancial al fascismo histórico y como tal, deberá ser siempre tratado por los antifascistas de todo el mundo.
Nota bibliográfica: Gramsci Antonio. Sobre el Fascismo. Ediciones Era. México. 1979. Pag 66