En Pondores, La Guajira los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, comandantes de las direcciones de los frentes del antiguo Bloque Martin Caballero, reunidos con su equipo de defensa jurídica, hemos revisado en profundidad el Auto 19 del Caso 001, expedido por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP. Consideramos que en buena medida dicho auto desconoce el contexto y carácter del conflicto social armado en el que participamos, y niega el marco del delito político que definió la actividad insurgente de las FARC-EP. No es negando los hechos de la guerra, pero tampoco negando la existencia del conflicto, sus contextos y el carácter de la insurgencia como se avanzará hacia el resarcimiento de las víctimas y la reconciliación del pueblo colombiano.
La JEP no puede dar por cierta la “verdad estatal”, construida como instrumento de guerra, y basarse solo en fuentes oficiales como el Informe Génesis o las acusaciones del Fiscal Martínez Neira. Estas fueron versiones fabricadas por quienes nos combatieron durante el conflicto, que no pueden ser juez y parte en este proceso de justicia para la paz. A diferencia de lo firmado en el Acuerdo, nuestra contraparte siempre quiso presentar el ejercicio de la rebelión de las antiguas FARC-EP como si fuera delincuencia común, terrorismo, empresa criminal u otras categorías distintas al delito político, faltando a la verdad histórica.
Cientos de excombatientes estamos dispuestos a dar fe que nuestro Comandante Bertulfo Álvarez, (QEPD) nunca fue un criminal de guerra, si no que por el contrario toda su vida político militar estuvo guiada por la ética revolucionaria, el respeto a nuestros principios y normas, así como al derecho internacional humanitario, tal cual estaba mandatado por las FARC-EP. Nos consta que siempre aplicó la disciplina revolucionaria y el régimen interno cuando hubo alguna falla de nuestros combatientes, por lo que es equivocado que se hable de política sistemática frente a posibles errores individuales, o de omisión de sanciones de su parte.
Estamos dispuestos a acudir a todas las herramientas que nos aporta el Acuerdo de Paz, para esclarecer hechos que no son ciertos y para que se precisen acusaciones sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que no corresponden con la dinámica de nuestro accionar rebelde. Nuestro derecho a la defensa no rompe nuestro compromiso con las víctimas y su reparación integral, así como la exigencia del cumplimiento pleno de lo firmado.
Pedimos a la JEP avance en el proceso de verdad y reparación de todas las víctimas del conflicto armado, reconociendo al paramilitarismo como parte del terrorismo de Estado. Reclamamos garantías de seguridad y jurídicas para desarrollar nuestro aporte ante el SIVJRNR. Demandamos que cese el genocidio contra las y los excombatientes, y pedimos libertad inmediata para los firmantes del acuerdo que aún esperan su excarcelación y amnistía de parte de la JEP, tras más de cuatro años.