En definitiva, para avanzar al desarrollo, la política económica no puede remitirse exclusivamente a ordenamientos monetarios y fiscales, como ha sido característico de nuestro país, sino que precisa de iniciativas estatales que apunten a modificar la estructura productiva, superando el extractivismo. Sólo así será posible generar mayor empleo, reducir las actividades informales y, también, frenar la delincuencia.
Sergio Arancibia, en artículo de El Mostrador (01-03-2024), destaca dos cuestiones centrales sobre el comercio exterior de nuestro país. Por una parte, la composición exportadora de bienes primarios, consecuencia de la inexistencia de una política económica externa e interna que favorezca el desarrollo industrial. Por otra parte, la inestabilidad de precios que muestran los bienes primarios en el mercado mundial, consecuencia de las manipulaciones especulativas y la geopolítica de las naciones dominantes.
La apertura radical al mundo y la gran cantidad de tratados de libre comercio, que caracterizan la economía chilena, han ayudado a consolidar la exportación de bienes primarios pero, al mismo tiempo, cierran oportunidades a la industria local.
Con aranceles prácticamente en cero, junto a la nula regulación de las inversiones extranjeras se ha producido un doble fenómeno. Por una parte, las importaciones provenientes de países con mejores tecnologías y sofisticación industrial (y también los bajos salarios de las empresas chinas) han impuesto sus mejores condiciones competitivas, obligando al cierre de empresas nacionales manufactureras de larga tradición.
Por otra parte, un Estado inmóvil, sin política industrial, hace que la inversión extranjera se dirija a los sectores extractivos, los que entregan elevadas rentas y tienen menor complejidad empresarial.
La elite empresarial y la clase política, de variados signos, tanto de derecha, centro e izquierda, están convencidos que nuestro país puede desarrollarse -que en Chile es sinónimo de crecer-, vendiendo nuestros recursos naturales, sin procesamiento alguno, para el progreso económico chino y de los países desarrollados.
La elite empresarial y política no se da cuenta (o quizás no le interesa) que el elevado desempleo, el crecimiento de la informalidad, los bajos salarios e incluso el aumento de la delincuencia, son consecuencia de la escasez de actividades industriales y de los limitados procesos de transformación en el sector de servicios.
La elevada apertura de la economía chilena al exterior, sin ningún grado de regulación, se ha hecho efectiva mediante la decisión unilateral de las autoridades de reducir las restricciones a las importaciones, y otorgar el mismo trato al capital extranjero que al nacional y facilitar los flujos del capital financiero. Pero, también, esa apertura se ha profundizado gracias a la gran cantidad de tratados de libre comercio negociados en las últimas décadas.
Así las cosas, frente a una dura competencia externa (incluso desleal) y con un Estado inmóvil, nuestra economía ha sido incapaz de diversificarse; pero, la elite económica y política vive contenta con su tesis del crecimiento -que ahora es cada vez menor-, fundada en la actual matriz productiva-exportadora, a lo que se agrega un sector financiero que la alimenta, especialmente con el sistema de AFP.
La elite no quiere reconocer que el camino del desarrollo se construye diversificando la matriz productiva-exportadora. Y le da lo mismo cualquier tipo de crecimiento, mientras le sirva para acumular ganancias en su favor.
Como bien señala el economista Ha-Joon Chang, de la Universidad Cambridge, el sector manufacturero es clave para aumentar la productividad y avanzar al desarrollo. Porque en la industria es donde se potencian los avances tecnológicos al conjunto de la economía y se hacen más efectivas las habilidades productivas de las personas. O sea, el progreso técnico y los trabajadores educados son fundamentales para el desarrollo de los países.
Los argumentos de Chang caen en el vacío en nuestro país, porque no hay esfuerzos del Estado orientados a modificar la matriz productiva y exportadora de recursos naturales, ya que en la lógica neoliberal debe ser exclusivamente el mercado el orientador de los operadores económicos.
Por tanto, si se quiere modificar la matriz productiva-exportadora no se puede depositar la fe en el libre mercado y habrá que convertir al Estado en un agente activo de la transformación productiva. Esto lo han entendido muy bien los países asiáticos en las últimas décadas y, por cierto, en el pasado, las economías hoy desarrolladas.
A diferencia de la industria manufacturera, los cambios tecnológicos que se realizan en las actividades extractivas no se difunden al conjunto de la economía. Además, la producción y exportación de bienes primarios concentra el poder económico en un reducido núcleo empresarial, cuyas rentas extraordinarias le ha permitido domesticar a la clase política. Este modelo productivo es el fundamento material de las desigualdades y explica, en gran parte, la dificultad para convertir a Chile en país desarrollado.
En consecuencia, para avanzar en la transformación productiva se requiere:
En primer lugar, que el Estado despliegue una política económica activa, porque la industrialización no ocurre espontáneamente. Requiere de una dirección, con políticas cuidadosamente diseñadas, con inversiones y esfuerzos coordinados con el sector privado. Por cierto, hay que reconocer que las políticas industriales de hoy día no pueden limitarse a replicar las del pasado.
En segundo lugar, se necesita un decidido impulso de inversiones en ciencia y tecnología, ya que hoy día esta es apenas el 0,4% del PIB, bastante menor a la media de los países de la OCDE, que es el 2,4% .
En tercer lugar, es preciso impulsar educación gratuita en favor de todos los jóvenes del país, con elevación sustantiva de su calidad. Ello les permitirá manejar las nuevas tecnologías y mejorar procesos productivos ligados a la industria y a servicios más sofisticados. La vinculación entre industria y educación es esencial para la formación especializada, la investigación y el fomento del emprendimiento científico-tecnológico.
En cuarto lugar, la industrialización hoy día ayuda a luchar contra el cambio climático, acelerar el crecimiento económico y generar empleos dignos, al tiempo que aprovecha mejor las tecnologías de vanguardia; además, en comparación con otras actividades, la industria manufacturera contribuye de forma importante a la innovación ecológica: el 60% de todas las patentes verdes del mundo pertenece a empresas industriales (Informe sobre el Desarrollo Industrial 2024, ONUDI, noviembre 2023).
En definitiva, para avanzar al desarrollo, la política económica no puede remitirse exclusivamente a ordenamientos monetarios y fiscales, como ha sido característico de nuestro país, sino que precisa de iniciativas estatales que apunten a modificar la estructura productiva, superando el extractivismo. Sólo así será posible generar mayor empleo, reducir las actividades informales y, también, frenar la delincuencia.