La convocatoria de la huelga general del 29s ha supuesto para los sindicatos mayoritarios un alud de críticas de todos los colores en los medios de comunicación. El 29s ha servido también de pretexto a la derecha más casposa del Estado español para poner en cuestión el propio derecho de huelga y para cargar contra […]
La convocatoria de la huelga general del 29s ha supuesto para los sindicatos mayoritarios un alud de críticas de todos los colores en los medios de comunicación. El 29s ha servido también de pretexto a la derecha más casposa del Estado español para poner en cuestión el propio derecho de huelga y para cargar contra los sindicatos como institución. En las últimas semanas, varios personajes que con mala fortuna son llamados públicos, han cargado contra la figura de los liberados y liberadas sindicales, han acusado a los convocantes de la huelga de «terrorismo sindical» y han afirmado que la huelga dañará la ya débil competitividad de la economía española. Todo ello poniendo en duda públicamente la legitimidad democrática de los sindicatos mayoritarios para llamar a la huelga general.
Es preocupante que se cuestione la legitimidad de los sindicatos para hacer un llamamiento a la huelga y que se entre en argumentos tan peligrosos como el de la competitividad internacional de la economía española. La competitividad del mercado laboral ya ha llevado al gobierno a la reforma laboral en contra de la cuál se convoca la huelga, sólo falta que para satisfacer a inversores y patronal los trabajadores y trabajadoras nos auto-mutilemos renunciando al derecho de huelga. El mecanismo de imposición ideológica del pensamiento neoliberal ha sido muy efectivo en este sentido. Si a principios de los 80 alguien se hubiera atrevido a poner la competitividad por delante del derecho de huelga o hubiera cuestionado la necesidad de los sindicatos para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales habría sido tildado de fascista. La introducción de cambios en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo ha sido gradual pero sistemática, permitiendo que asumiéramos como verdad universal que los derechos laborales son un obstáculo para el mantenimiento y la creación de empleo.
Es cierto que desde la izquierda también llueven las críticas sobre los sindicatos mayoritarios y que existen serias dudas sobre la vigencia de la huelga como herramienta de reivindicación en sociedades post-industriales. Pero pedir más democracia interna en unas burocracias sindicales mejorables, construir alternativas para empoderar a los trabajadores y las trabajadoras en la capacidad de negociación frente a las empresas, y crear nuevas herramientas de protesta más adecuadas a la actual organización del trabajo, no es en absoluto incompatible con la defensa del sindicalismo como forma de organización imprescindible para la transformación social y para luchar por el cumplimiento de los derechos de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo.
La crisis económica está dificultando cada vez más la tarea de defensa de los derechos laborales por parte de los sindicatos. Las personas trabajadoras y las organizaciones que las agrupan han visto como su capacidad de negociación frente a empresas y patronal se ha ido erosionando desde los años 80. La erosión es el resultado de la carrera sin fin hacia la precariedad impuesta por la amenaza de la deslocalización. Ofrecer las mejores condiciones a los inversores locales e internacionales está significando en muchas zonas del mundo reducir las resistencias a la explotación de trabajadores y trabajadoras. Mientras en las sociedades ricas existe una estrategia de progresivo desprestigio de los sindicatos y de cooptación de las élites y de las estructuras por parte de los poderes fácticos, en las áreas de nueva industrialización las actuaciones anti-sindicales presentan mayor intensidad cuando el movimiento obrero reacciona ante condiciones de extrema precariedad. El informe de la Confederación Sindical Internacional del año 2010 documenta casos de acoso, intimidación y de asesinato, de sindicalistas en 140 países. Al menos 101 sindicalistas y activistas laborales fueron asesinados durante el 2009: 48 en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, 6 en México, 6 en Bangladesh, 4 en Brasil, 3 en la República Dominicana, 3 en Filipinas, uno en la India, uno en Irak, y uno en Nigeria. Esto supone un incremento del 30% respecto al año anterior.
Los asesinatos y la agresión física de sindicalistas son la cara más visible de la represión del movimiento obrero pero hay otras. La legalidad de los sindicatos y las organizaciones de defensa de los derechos laborales está en peligro a muchos de los países de nueva industrialización que producen para grandes empresas transnacionales. Bangladesh, por ejemplo, ha vivido en los últimos años fuertes enfrentamientos entre gobierno y sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente ocupados en el sector de la confección, exigían el incremento del salario mínimo situado aproximadamente en los 24 € mensuales. Cuando el 29 de julio, el gobierno bengalí fijó el nuevo salario mínimo en 32 € mensuales los sindicatos salieron a la calle para expresar su indignación ante un cambio normativo que sigue dejando millones de familias a la miseria. Desde entonces, se han ilegalizado diversas organizaciones y se han dictado órdenes de detención contra cientos de sindicalistas y activistas por «fomentar el malestar y la agitación en el sector de la confección». La Campaña Ropa Limpia internacional denuncia y documenta también palizas y extorsiones hacia las personas detenidas.
En Camboya las movilizaciones iniciadas a mediados de septiembre y promovidas por los sindicatos del sector de la confección han tenido motivaciones similares. Las trabajadoras y los trabajadores exigen un salario mínimo de unos 80 € mensuales (lo que se ha calculado necesario para la subsistencia). Durante este septiembre, miles de obreras y obreros han ejercido su derecho de huelga convocados por el CCAWDU (Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Uniones) y el NIFTUC (National Independent Federation of Textile Uniones of Cambodia). La reacción patronal no se hizo esperar y, a fecha de hoy, ya han sido despedidos 261 delegados y delegadas sindicales.
Cuando desde los movimientos internacionales contra la explotación laboral exige a los gobiernos de estos países que hagan cumplir su legislación, que garanticen los derechos laborales y que aseguren el respeto a las libertades sindicales, la respuesta es que la inestabilidad y los disturbios dañan su competitividad y asustan a los inversores internacionales. Hay que hacer frente a la retórica neoliberal trabajando para globalizar las resistencias sindicales con el objetivo de hacer de los derechos laborales un requisito básico para cualquier actividad asalariada.
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