Cada día se demuestra quiénes están detrás del Terrorismo de Estado en Colombia. Todos los gobiernos, siguiendo los dictados de Washington, han asesinado sindicalistas. Todos sin excepción. Lo único es que los asesinos ejecutores se atreven a denunciar que las multinacionales les pagan por sus ‘servicios’, cosa que siempre hemos denunciado. El 8 de enero […]
Cada día se demuestra quiénes están detrás del Terrorismo de Estado en Colombia. Todos los gobiernos, siguiendo los dictados de Washington, han asesinado sindicalistas. Todos sin excepción. Lo único es que los asesinos ejecutores se atreven a denunciar que las multinacionales les pagan por sus ‘servicios’, cosa que siempre hemos denunciado.
El 8 de enero del 2006 en artículo publicado en ANNCOL preguntábamos por qué asesinan los sindicalistas en Colombia. [ 1 ] .
Nuestras pesquisas nos llevaron a la conclusión de que a los sindicalistas los asesinan desde el Estado. Su asesinato proviene de órdenes impartidas desde el gobierno a las fuerzas militares y de éstos a sus brazos ejecutores, los narco-paramilitares, cuando no eran los mismos militares disfrazados de narco-paramilitares.
Analizábamos allí también que la oligarquía colombiana ‘combina todas las forma de lucha contra el pueblo’ y cuando las otras ‘formas’ le fallan recurre a la eliminación física de los contradictores, sean políticos, comunales, mujeres, estudiantes, o sindicalistas.
El ejercicio de la actividad sindical deviene entonces en actividad castigada por los agentes estatales, la cual se inscribe en la violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, desde sus derechos laborales hasta sus derechos fundamentales.
Las estadísticas muestran la crisis
Las frías estadísticas muestran la profunda crisis humanitaria que sufren los trabajadores colombianos, en especial los trabajadores sindicalizados y sus dirigentes.
Entre el 1 de Enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2006 -según datos del Banco de Datos de la ENS (Escuela Nacional Sindical) y de la CUT- se han registrado 8.105 casos de violaciones a la vida, la integridad física y la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia, discriminadas así: 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos, 192 atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34 allanamientos ilegales.
Desde 1991, año en que se comienzan a recopilar las cifras, se demuestra que todos los gobiernos han practicado el Terrorismo de Estado contra los sindicalistas y sus organizaciones sindicales.
Durante la administración de César Gaviria Trujillo fueron asesinados 518 sindicalistas.
Durante la administración de Ernesto Samper Pizano fueron asesinados 795 sindicalistas.
Durante la administración de Andrés Pastrana fueron asesinados 600 sindicalistas.
Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez fueron asesinados 282 sindicalistas.
Durante lo que va corrido del 2007, primer año de la segunda administración de Uribe Vélez, han sido asesinados 10 sindicalistas.
La administración de Álvaro Uribe Vélez pretende mostrar que la disminución del asesinato de sindicalistas que muestran las cifras obedece a su política de ‘seguridad democrática’. Nada más falso. El terror desatado contra los trabajadores, que se traduce en una baja tasa de sindicalización, y la sustracción de materia por el asesinato de los sindicalistas, son las causas de la ‘disminución’ de estas cifras.
¿Quiénes están detrás de los asesinatos? Definitivamente detrás de los asesinatos selectivos de los sindicalistas está el estado colombiano. Y detrás de éste, están las manos de las empresas y de los empresarios. Prueba de ello son las denuncias que han hecho desde hace muchos años los mismos sindicalistas, las cuales son echadas en saco roto por los funcionarios del gobierno y el estado, y los artículos publicados por diversos analistas de la situación colombiana.
Recordemos que desde ANNCOL se ha venido denunciando, por ejemplo el papel de las petroleras en el Plan Colombia, en los artículos de Allende La Paz. También se ha denunciado el pago de las multinacionales Chiquita Brands y Drummond a las bandas de narco-paramilitares para que continúen asesinando los sindicalistas de esas empresas. Igual política asesina adelanta la Coca Cola y la Nestlé en Colombia.
El capo narco-paramilitar Salvatore Mancuso, acusado de más de 6.000 asesinatos de sindicalistas, campesinos e indígenas, ha aceptado en entrevista a Natalia Spring que «Se pactó este acuerdo con Chiquita Brands Inc, Dole, Banacol, Uniban, Proban y Del Monte. Nos pagaban 1 centavo de dólar por cada caja que salía del país. El resto de empresas del sector hacían un aporte semestral. La empresa Dole se encargaba de recoger el dinero y finalizar la operación, de la que se tenía pleno conocimiento en las compañías y que se calificaba como una contribución a la convivir Papagayo». «El producto de esas contribuciones se distribuía proporcionalmente entre la Casa Castaño, el Bloque Bananero, una parte para inversión social y otra para pagar corrupción de instituciones del Estado».
Por este abrebocas que dio Salvatore Mancuso ahora el ‘establishment’ narco-paramilitar quiere acallarlo y ahora ‘denuncian’ que los capos narco-paramilitares ‘siguen delinquiendo desde las cárceles’. Ahora, que quieren acallarlos sin ‘delinquen’, pero mientras realizaban las masacres y los más de 3.500 asesinatos selectivos que realizaron durante los Sainetes de los Ralito, ahí SÍ no estaban ‘delinquiendo’!!!
Una política de exterminio
Es de resaltar que las empresas multinacionales son las más directamente involucradas en estas políticas de exterminio. El gobierno colombiano, y todo el estado, responde a los intereses de estas empresas imperialistas, ante cuyos deseos criminales se arrodillan los cipayos de la oligarquía tradicional.
No podemos explicarnos los asesinatos de los sindicalistas como algo ligado al conflicto armado. Hay una larga historia de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas que muestran que estas violaciones no son debidas a ‘una violencia difusa e indiscriminada’, como bien dice la CUT, sino que están siempre ligadas a las luchas por sus derechos laborales que adelantan los trabajadores, sean paros, huelgas, negociaciones colectivas o creación de sindicatos.
Los empresarios presionan al gobierno para que adelante el exterminio de los sindicalistas, cuando no son ellas directamente las que financian y les ordenan a las bandas narco-paramilitares el asesinato de los sindicalistas. El exterminio de los sindicalistas le significa a los empresarios pingües ganancias, razón por la cual son ellos los primeros patrocinadores de la guerra en Colombia y sus primarios beneficiarios, buscando con ello la anulación de las conquistas laborales de los trabajadores, sus acciones de lucha por sus reivindicaciones más sentidas y el borramiento de la legislación colombiana los derechos laborales.
Detrás de todo ello, claro está, permanece el imperio estadounidense que adelanta sus planes de guerra contra el pueblo colombiano, Plan Colombia, para imponerles sus tratados comerciales -ALCA, TLC, etc- y continuar chupando nuestros recursos naturales y la sangre de nuestros trabajadores.
Por ello, los cipayos como Alva-raco Uribe Vélez deben renunciar!