La Delegación de Paz de las FARC-EP, dentro del análisis que hemos hecho de las diferentes propuestas provenientes de la sociedad colombiana en su conjunto, quisiéramos usar este espacio para tratar un tema específico que, desde un punto de vista integral, interactúa e influye sobre los temas de la agenda. Se trata de la extranjerización […]
La Delegación de Paz de las FARC-EP, dentro del análisis que hemos hecho de las diferentes propuestas provenientes de la sociedad colombiana en su conjunto, quisiéramos usar este espacio para tratar un tema específico que, desde un punto de vista integral, interactúa e influye sobre los temas de la agenda. Se trata de la extranjerización de la tierra, entendiéndose el tema de la política minero-energética y de grandes proyectos agroindustriales que se vienen aplicando cada vez con más fuerza dentro del marco global del neoliberalismo.
Dibujemos primero un cuadro general, que después nos ayuda a entender mejor cuál es la realidad que las diferentes sectores sociales y populares de Colombia enfrentan, y por qué a través de los diferentes foros, páginas web y formularios físicos nos han llegado tantas propuestas e inquietudes sobre este tema específico.
En Colombia hay 114.17 millones de hectáreas de área terrestre. Los llamados «bloques petroleros» ocupan el 58.2% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir bloque petrolero? Es una extensión de tierra que, si no está siendo explotada ya, es considerada por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), área reservada -regiones donde se considera que hay posibilidad de que haya petróleo- o área disponible, listos para iniciar un proceso de concesión. En otras palabras: aunque no signifique que en la totalidad de esas 66.5 millones de hectáreas (el 58.2%) se esté efectivamente explotando petróleo, sí quiere decir que dependiendo de los estudios, se podría explotar petróleo y están en riesgo los modos de vida de las comunidades que ahí habitan.
Ahora echemos un vistazo a la minería. De los ya mencionados 114.17 millones de hectáreas, 4.848.471 de ellas están utilizadas para la explotación minera, mientras que 26.348.039 están solicitadas para tal fin. Cabe hacer el mismo señalamiento que con el petróleo: son 31.196.510 hectáreas, aunque no siendo explotadas en su totalidad en este momento, sí existe una amenaza pendiente sobre las cabezas de los habitantes de esas regiones.
Y cabe recordar otro «detalle»: Las áreas que son denominadas reservas mineras estratégicas (áreas potenciales de explotación minera por su gran cantidad de recursos mineros) son puestas en venta por la Agencia Nacional Minera, bajo la principio: el que más ofrece, lleva. David contra Goliat: Los pequeños y medianos mineros pierden, las grandes multinacionales llevan.
El siguiente mapa representa a los cultivos de palma africana en Colombia.
«Usted nos explicaba, por ejemplo, que su país tiene un millón de hectáreas sembradas en palma africana, palma de aceite, y quizá no tienen más tierra para poder expandir estas plantaciones. Colombia tiene cerca de 300 mil hectáreas sembradas, pero es un país lleno de oportunidades. Si uno mira este país en su conjunto, uno ve perfectamente que existen muchísimas posibilidades de sembrar seis millones de hectáreas más de palma africana» Álvaro Uribe Vélez, al ex Primer Ministro de Malasia, Doctor Tun Mahatir Bin Mohamad
Según un informe de la FAO (Food and Agriculture Organization, ONU) en 2008, «El rápido crecimiento de la demanda de materias primas para biocombustibles ha contribuido a un aumento de los precios de los alimentos, y amenaza la seguridad alimentaria de compradores netos de alimentos, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas». Así mismo, advierta que «El impacto más importante está determinado por el cambio en el uso de la tierra, por ejemplo a través de la deforestación, dada la expansión de la superficie destinada a la agricultura. Otros posibles efectos medioambientales negativos en la tierra y los recursos hídricos, así como en la biodiversidad, también dependen en gran medida de los cambios en el uso de la tierra».
Después de este panorama muy general, que se limita a ser una mirada fugaz sobre el ordenamiento territorial de los proyectos de extracción minero-energética y de proyectos para el cultivo de agrocombustibles, vamos a publicar algunos de los múltiples planteamientos que nos han llegado a través del Foro «Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) que tuvo lugar en Bogotá el 17, 18 y 19 de diciembre, frente a este tema.
Muchas organizaciones hacen primero un diagnóstico del problema, cada una desde sus propias experiencias vividas, pero a la vez muestran un conocimiento teórico profundo de la problemática. Asoquimbo afirma que: las empresas nacionales y transnacionales (Isa, Isagen, Endesa, Enel, Emgesa, Emerald Energy, Anglo Gold Ashanti, Hydrochina, etc.) invierten sus excedentes financieros en la explotación de nuestros recursos naturales con el propósito de incrementar su capital, explotando al máximo la fuerza laboral, desplazando a las comunidades de sus territorios, destruyendo los tejidos sociales, la seguridad alimentaria, la fauna, la flora e incrementando el calentamiento global. La Coordinación Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: (…) la violación al derecho al territorio es cada vez más evidente, enmarcadas en los macroproyectos mineros, hidroeléctricos y viales que buscan desalojar a cientos de familias, que desde hace más de 70 años y por más de tres generaciones llevan habitando y subsistiendo en estos territorios. Esto se hace claro en el caso de la hidroeléctrica de Ituango, La concesión de tierras del Bajo Cauca, Guamoco, Remedios, Segovia a empresas transnacionales y multinacionales para la explotación aurífera, y el replanteamiento económico que se busca realizar con el anejo de las ZRC, llevando como consecuencia la pérdida total de la soberanía del pueblo colombiano. El MOVICE plantea: «Es importante recordar que los contextos de conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados y ciertos en la tierra y su producción, ya sea agropecuaria o extractiva, como el caso de «Chiquita Brands»; hayan participado directamente como financiadores de actores armados ilegales. Igualmente la propuesta Santos avanza hacia la adecuación de un escenario propicio para la implementación de los TLC, la cual es el centro de la propuesta de las alianzas productivas y las formas asociativas de producción con el fin de lograr «aumentar las escalas de la producción bajo un enfoque de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización».
El MODEP, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, plantea: «Un elemento muy importante de este modelo de acumulación capitalista hace referencia a la apropiación de tierras y territorios por parte de monopolios nacionales e internacionales, por medio de compra, arriendo y usufructo de territorios para megaproyectos agroindustriales, el agro-negocio y minero-energético de carácter imperialista y por medio de esta modalidad se genera un ordenamiento territorial alrededor de esos proyectos de inversión, en torno a los cuales se organiza la población y se generan relaciones sociales y de producción de las comunidades, subordinando las necesidades de los pueblos, del ecosistema y los derechos y diversidad de las comunidades». La Delegación de La Guajira: «Las comunidades indígenas han venido denunciado mega proyectos que rodean la Sierra y que amenazan el agua, la tierra y, sobre todo sus tradiciones y el respeto a sus pueblos. Entre estos la construcción de hoteles 7 estrellas en el parque Tayrona por parte de la transnacional tailandesa Six Senses, el puerto multipropósito de Dibulla, y el desvío del río Ranchería, para lo cual el ejército ya está provocando el desplazamiento de comunidades como Yuoret y Paridan donde realizaron un operativo de amedrentamiento y detención de miembros de una comunidad y el asesinato de un indígena».
Las comunidades señalan la obvia relación entre estas empresas multinacionales, los paramilitares y la Fuerza Pública. Así dice la Coordinación Agrominera del departamento de Antioquia: (…) la relación existente entre los megaproyectos, el paramilitarismo y el creciente pie de fuerza en las regiones a través de planes militares denominado «Plan Troya». Fensuagro Nariño rechaza «la posición de Fedegan de deslegitimar el presente foro, porque a esta entidad no le conviene que se escuche a los campesinos, pues los ganaderos financiaron la mitad de los grupos paramilitares». La Mesa de trabajo número 20: «Algunas organizaciones sociales plantean que el conflicto se ha profundizado a raíz de la incursión del paramilitarismo buscando el control de los recursos en territorios estratégicos, generando el desplazamiento de comunidades enteras». Relatoría Mesa C: «Exigir al Estado y al Ministerio de Defensa la aplicación de mecanismos y estrategias conducentes a evitar la conformación de ejércitos privados, al servicio de empresas mineras o extractoras de recursos».
Hay una cantidad de organizaciones mineras quienes exigen el respeto y respaldo a los pequeños y medianos mineros: La Coordinación Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: Las comunidades campesinas y mineras de Antioquia, exigimos la soberanía sobre nuestros recursos minero energéticos, por lo tanto proponemos la construcción del nuevo código minero coherente con las necesidades de las comunidades que respete el trabajo que históricamente se ha ido desarrollando por minero artesanales y la mediana minería. 2.2. Legalización, protección de títulos mineros, así como el apoyo para tecnificar los procesos de minería locales.2.5. Exigimos garantizar la seguridad de nuestros compañeros mineros, no más estigmatización del trabajo minero. ANZORC declara: «Se debe implementar un programa de fortalecimiento de la pequeña minería y la minería artesanal que garantice condiciones de seguridad, protección ambiental, acceso a tecnología, y mayor participación en las ganancias».
La Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos, en la cuarta propuesta de nuestra iniciativa de DESARROLLO RURAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA: «Establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socio ambiental o a su reconversión».
Otra propuesta recurrente es la de la consulta previa a las comunidades sobre los grandes proyectos que quieren llevar a cabo dentro de sus territorios. Plantea la Coordinación Agrominera de Antioquia: Garantía de realización de la consulta previa, libre e informada frente a los grandes megaproyectos agrarios y minero energéticos. MUCAPOC (Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano) plantea: «La consulta previa debe ser un espacio d identificación de necesidades, diálogo, debate y construcción colectiva que vele por dar espuestas apropiadas y oportunas. La forma cómo debe funcionar es mediante la utilización de los censos como herramienta para que se incluya en lo posible la mayor cantidad de población, campesinos, indígenas y negritudes, tanto lo que viven en sus regiones de origen como aquellos que se encuentran en condición desplazamiento; la implantación de mesas de trabajo locales, donde se aborden las temáticas desde los aspectos de importancia para la población (conservación y prevención de los recursos, vial agrario, etc.), posteriormente ue se realicen plenarias a nivel regional y finalmente nacional. Las mesas de trabajo y las plenarias deben contar con la presencia de integrantes de las diferentes instancias responsables de los temas tratados (ministerios de ambiente, agricultura, vías, etc.), además de «veedores» y transmisiones en vivo y en directo tanto radial como televisivo, lo anterior con el fin de velar por la regularidad y transparencia del proceso».
La Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos como elemento para la discusión la idea de que no se debería solo hablar de consulta, sino también de consentimiento, es decir, se puede consultar sin aplicar las opiniones que se hayan recogido. Otro planteamiento es que esa consulta y consentimiento debe ser aplicada desde la fase de «Area Disponible» (ver mapa bloques petroleros arriba), ya que en este momento se hace la consulta previa en la fase de «Explotación», cuando ya el mal está hecho. Y si la acción de las empresas afecta a comunidades que están por fuera del área (por ejemplo por la secación de fuentes hídricas): ¿Qué se debe hacer?
Las organizaciones en muchas ocasiones exigen que las empresas multinacionales que llevan a cabo proyectos de extracción minero energética salgan de sus territorios o que se detenga la concesión de títulos: La Coordinación Agrominera del Norte y Nordeste antioqueño: «(…) esto dentro de un proceso de nacionalización de recursos, donde el país sea beneficiario de las riquezas. En este sentido exigimos que las grandes empresas multinacionales salgan de nuestros territorios».
«Quitarle al Gobierno Nacional el privilegio de concesionar los subsuelos sin restricciones. Que el gobierno no siga negociando los territorios del campesino», dice la Asociación Campesina de Arauca, ACA. La Delegación de La Guajira declara: En la Guajira, 19.000 soldados, jóvenes hijos de pobres, cuidan y se hacen matar para que las transnacionales puedan saquear nuestras riquezas. En otras palabras, pagamos y ponemos a nuestros hijos a cuidar para que nos roben y destruyan el medio ambiente. La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), dice: «Se detenga inmediatamente la concesión de títulos a empresas nacionales, trasnacionales y multinacionales que tengan como objetivo el desarrollo de mega minería».
En otros casos, el planteamiento consiste en ponerle riendas a esas empresas, como escribe la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC: «Limitar la venta y subasta de tierra a compañías extranjeras». La Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos dice: Apoyamos la obtención, vinculación, de tecnologías foráneas, pero rechazamos enfáticamente la venta de nuestros limitados recursos, como es la tierra y sus fuentes de protección, bien sea a multinacionales y extranjeros. Y FENSUAGRO dice: «La explotación de los recursos naturales renovable y no renovables debe estar en concordancia de la vida humana y la naturaleza hacia su sostenibilidad, hoy y futura». Más adelante afirman: Nos oponemos a la extranjerización de tierra que implica vender las mejores tierras colombianas al capital transnacional ya que atentaría la integridad de la soberanía nacional, la exportación de las riquezas producidas por la mano de obra colombiana, el desplazamiento de inmensas masas de campesinos y campesinas y al de abastecimiento alimentario de los colombianos. La ONIC/CRIC, organizaciones indígenas del Cauca, exigen: «Eliminación de todas las licencias ambientales, títulos y concesiones mineras otorgados en territorios indígenas y afrodescendientes, sin el ejercicio del derecho a la consulta previa». «Que se controle la adquisición de tierra por parte de extranjeros por un máximo de un 5% total en todo el país, así mismo a las multinacionales que explotan nuestros recursos nacionales no renovables; un NO rotundo a la MEGAMINERIA a cielo abierto», dice la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Quindío.
En nuestra 4ª propuesta de Desarrollo Rural para la Democratización y la Paz con Justicia Social en Colombia, las FARC-EP proponemos que se «establezcan límites y estrictas regulaciones socio ambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles».
Hay un llamado generalizado al Gobierno nacional y al Congreso de la República a revisar el modelo económico (neoliberal) que están llevando a cabo, y que no siga con la locomotora minero energética: Hacemos un llamado para que no se siga repartiendo y entregando en concesiones nuestro territorio a las multinacionales petroleras y mineras por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en complicidad con los Ministerios de Minas, Energía y medio ambiente, dice la Mesa Regional Putumayo, Sucumbios, Nariño y Baja Bota Caucana. ANZORC propone: El país debe desmontar la locomotora minera. La explotación minera y de hidrocarburos debe dejar de atentar contra la permanencia en el territorio de las comunidades agrarias y debe orientarse a la soberanía energética del país. Debe tener límites muy claros y de riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos, en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios. La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), plantean: «Replantear el modelo de «desarrollo» vigente y la política minero-energética y los agronegocios».
Hay una preocupación generalizada por los efectos de la extracción minero-energética y los cultivos para agrocombustibles. En este sentido, La Coordinación Agrominera de Antioquia exige: Protección del medio ambiente mediante la creación de proyectos alternativos de extracción. La Mesa de base número 3: «Los campesinos y campesinas son quienes deben elaborar los planes de ordenamiento ambiental de las ZRC y deben recibir incentivos fiscales por la protección del medio ambiente y proteger la biodiversidad del país». La CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, plantea: «En relación al medio ambiente el Convenio 169 establece en su artículo 7.4. la obligación general que los gobiernos «deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan».
Hemos reproducido aquí diferentes planteamientos – algunos concretos, otros más generales- sobre el problema de la extranjerización de la tierra, concretamente en la extracción minero-energética y las plantaciones para agrocombustibles. Las FARC-EP hemos publicado 10 planteamientos que esperamos sea una síntesis de lo planteado por organizaciones e individuos en los diferentes foros y a través de la página web. Reiteramos que esas propuestas no tienen punto final; el debate sigue, debe seguir, cada vez con más fuerza, para aportar más elementos a las conversaciones de paz.
Cabe recordar aquí lo siguiente, expresado por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo):
«El problema está en que los ciudadanos sí tenemos el derecho de reclamar al Gobierno y a los congresistas, que dicen representar al pueblo, no aprobar políticas como la minero energética y los agronegocios, que responde al modelo neoliberal, y que favorecen intereses de las empresas nacionales y transnacionales, a nombre de la confianza inversionista para incrementar la prosperidad, especialmente, de los banqueros».
El Gobierno Nacional, en reiteradas ocasiones, ha declarado que no está dispuesto a negociar el modelo económico (neoliberal) de este momento; sin embargo, gran parte de los problemas aquí planteados – y muchos otros- derivan de este modelo, que como un pulpo extiende sus brazos sobre Colombia. La movilización popular es un factor determinante para curarle la miopía al Gobierno Nacional en determinados asuntos que son claves para lograr nuestro sueño de un país más equitativo, con una economía basada en el bienestar de las mayorías y la sostenibilidad medioambiental.
Pueblo Colombiano: «¡Pa´la Mesa!»
Delegación de Paz de las FARC-EP
Fuentes:
FAO, «El estado mundial de la agricultura y la alimentación», 2008, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100s/i0290s.pdf
FEDEPALMA: http://portal.fedepalma.org/vis.htm
Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial) del 17, 18 y 19 de diciembre 2012, información sistematizada en 14 libros entregados a la Mesa de Conversaciones por la ONU Colombia y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional.
Fuente: http://farcforopaz.blogspot.com.es/2013/01/sintesis-politica-minero-energetica.html