Chile cuenta con cuarenta sitios de memoria actualmente organizados en la Red de Sitios de Memoria para la Promoción de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento de la Democracia, de los cuales nueve han sido recuperados en su totalidad, mientras que otros se encuentran en proceso de recuperación. El primer sitio recuperado en Chile y […]
Chile cuenta con cuarenta sitios de memoria actualmente organizados en la Red de Sitios de Memoria para la Promoción de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento de la Democracia, de los cuales nueve han sido recuperados en su totalidad, mientras que otros se encuentran en proceso de recuperación. El primer sitio recuperado en Chile y Latinoamérica fue Villa Grimaldi. Son veintidós, incluido el Archivo de Colonia Dignidad, los que han sido declarados por el Consejo de Monumentos como Monumentos Históricos Nacionales.
Los informes oficiales reconocen 1.132 recintos de detención, entre los que figuran estadios, gimnasios, edificios, espacios públicos, casas particulares, tenencias, comisarías, regimientos, puentes, fosas, cementerios y calles (según datos del libro Patrimonio de la Memoria de los Derechos Humanos en Chile, del Consejo de Monumentos Nacionales). Recintos de prisión, tortura, exterminio y desaparición.
La iniciativa de proteger la memoria de estos lugares nació desde las mismas organizaciones de derechos humanos provenientes de la sociedad civil. En el caso del primer sitio declarado monumento nacional, «las dirigentes de una de estas agrupaciones que reunían a los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos, (…) Sola Sierra y Viviana Díaz, fueron las que dieron la voz de alarma y lucharon para evitar que los Hornos de Lonquén, (…) donde se escondieron los restos de campesinos asesinados y que ya había sido destruido años antes, fuera convertido en un basural de la ciudad de Santiago». En la búsqueda de una solución, y para evitar la destrucción total de los pocos vestigios restantes, se planteó su protección legal. Esta fue conseguida en 1996, siendo la primera vez que se declaraba como Monumento Nacional un sitio asociado a víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país (según datos del libro Patrimonio de la Memoria de los Derechos Humanos en Chile).
A nivel internacional, destacamos la existencia de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), que congrega a cuarenta organizaciones de doce países, y que a su vez forma parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, institución que consta de siete sedes regionales a nivel mundial, incluyendo Asia, África, Europa, Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Todos los organismos que conforman la RESLAC trabajan en la «recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las graves violaciones a los derechos humanos y las resistencias, ocurridas en la región durante el pasado reciente, en periodos de terrorismo de Estado, conflicto armado interno y altos niveles de impunidad, con el objetivo de promover la democracia y las garantías de no repetición». Para ello, la Red desarrolla diversos proyectos e iniciativas en conjunto, donde la integración entre saberes y prácticas en el contexto continental resulta relevante y responde a la necesidad de entendernos como parte de una historia y de un mundo común, «procesos históricos vinculados por nexos indisolubles», señala la RESLAC, cosa evidente si estudiamos nuestra historia reciente. Reforzar dichos vínculos no deja de ser un desafío al que hay que atender constantemente.
La Red de Sitios de Memoria alberga entre sus principales ejes de acción la recuperación de sitios de memoria y la lucha por asegurar la pervivencia de los sitios recuperados, mediante un financiamiento estatal estable que asegure el continuo desarrollo de sus proyectos. De modo más general, esta organización se propone incidir en la generación y puesta en marcha de las políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos. Para la concreción de estos objetivos, los mismos representantes de los Sitios han señalado que se ha vuelto un imperativo contar con una ley de sitios de memoria, que permita seguir trabajando en la preservación y reconstrucción de las memorias colectivas y aportando en materia de educación en derechos humanos sin depender de las decisiones de los gobiernos de turno para asegurar el funcionamiento constante de estos espacios.
El rol de los sitios de memoria es mantener vivas las memorias de represión, resistencia y solidaridad de todos aquellos que pasaron por estos lugares. Desafío mayor, que consiste en dejar una huella; no solo mediante la marcación de los lugares, sino convirtiéndolos en referentes en el ámbito de la educación y cultura en memoria y derechos humanos ¿Para qué? Para activar la construcción de una conciencia del ‘Nunca Más’ que permita que esos hechos no vuelvan a repetirse.
A estas labores se añade la constante lucha por verdad, justicia y reparación, manifestada en la tarea que han asumido los sitios, en conjunto con organizaciones de derechos humanos, de denunciar ante la justicia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Sin esta persistencia, no seríamos testigos de los avances que evidenciamos en estas materias. Por cierto, insuficientes ante la demanda de toda la verdad y toda la justicia.
Parece relevante también destacar la presencia de los sitios de memoria en los debates controversiales en torno a la vulneración de derechos humanos en la actualidad. En este sentido, los hemos visto pronunciarse con fuerza ante la violencia policial contra el pueblo mapuche. No olvidamos la campaña de Londres 38, en pleno centro de la capital, a raíz del caso José Huenante, detenido hace ya doce años por Carabineros y que permanece desaparecido hasta el día de hoy. Tampoco olvidamos los pronunciamientos de los lugares de memoria respecto de la situación de violación de derechos de niños y niñas al interior del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Y aquí cabe recordar que estos son solo un par de ejemplos entre muchos.
Sobrevivientes, familiares, compañeros y organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos han trabajado en la recuperación de estos espacios; asumiendo la tarea de resignificarlos y convertirlos en lugares de memoria, educación en derechos humanos y lucha por la mayor obtención posible de verdad y justicia. Este ha sido un largo y sinuoso camino. Sin embargo, en los últimos años ha existido un proceso de recuperación más fluido, ascendiendo la cantidad de sitios de memoria con protección como Monumento Nacional. A ello, Carlos Maureira, coordinador de la Red de Sitios de Memoria, señaló en entrevista a El Mostrador: «El Consejo de Monumentos ha realizado un gran trabajo esperamos que los demás organismos del Estado sigan este ejemplo». Sin duda, es de esperar que sigan el ejemplo, pues resulta indispensable asegurar la pervivencia de estos lugares, mediante una Ley de Sitios que asegure un financiamiento estable. Estas reivindicaciones surgen desde la propia sociedad civil, donde tanto las nuevas como las pasadas generaciones tienen un rol cardinal en el diálogo que hace posible la transmisión de las memorias colectivas; que va más allá de cada historia personal, aunque la implique. Se trata de generar diálogos intergeneracionales, de intentar conocernos y respetarnos, de modo de legar la memoria, reconstruyéndola en el presente.
Mariana Zegers Izquierdo es Secretaria General de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – Chile
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