Luego del paro camionero más largo de la historia en Colombia, quedó en evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar el derecho a la alimentación de su pueblo, además de la represión y la brutalidad de las Fuerzas Armadas en contra de quienes ejercen la protesta social. Lo anterior debido a la política de Estado […]
Luego del paro camionero más largo de la historia en Colombia, quedó en evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar el derecho a la alimentación de su pueblo, además de la represión y la brutalidad de las Fuerzas Armadas en contra de quienes ejercen la protesta social. Lo anterior debido a la política de Estado que prioriza la explotación minera y energética ante el derecho a la alimentación. A pesar de esto, varias organizaciones sociales han decidido trabajar para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en sus territorios; procesos de recuperación de tierras, zonas de reserva campesina y territorios agroalimentarios son ejemplos de ello.
Despojo y violencia
En Colombia la concentración de la tierra ha sido uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo y la garantía del derecho a la alimentación de la población. Históricamente la población campesina, negra e indígena, ha sido desplazada de sus territorios para destinarlos ya sea a la minería, los monocultivos o la tradicional ganadería extensiva. Según el último Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2014 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, tan solo el 38.5% del territorio rural es destinado para el uso agrícola, es decir, cerca 43.000 hectáreas.
Milena Ochoa, directora del Centro para la Investigación y la Educación Popular – Instituto Nacional Sindical -CED INS-, aseguró acerca del tema que «debido a esta concentración de la tierra, el país ha visto como se imposibilita el desarrollo de un sistema agroalimentario autónomo y soberano. No existe un política que favorezca a la producción alimentaria campesina: hay subsidios para los agroindustriales, para los palmeros, para los cañeros y demás, pero no los hay para el pequeño productor».
Además, Ochoa destacó que es necesario cuestionar cómo aún hay producción campesina en el país ya que en Colombia el modelo agroimportador de alimentos y extractivo de recursos minero energéticos ha despojado a los campesinos de la posibilidad de cultivar la tierra.
Soberanía Alimentaria
El ideal de una política eficaz acerca de la tierra y la producción agrícola debe responder a la garantía de tener alimentos disponibles en cualquier región del país, producidos de manera autónoma y que reflejen así la soberanía nacional; un consumo de alimentos cultivados en nuestro territorio que no implique dependencia productiva en otros países.
Milena Quiroz, vocera de la Comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, manifestó que desde la cooperativa multiactiva en Arenal (Bolívar) «la población campesina se beneficia, precisamente, desde la producción agrícola y pecuaria implementada en cada una de las unidades productivas. El campesino tiene la oportunidad de hacer parte de un proceso de formación en el que se le enseña a producir de manera orgánica, a manejar sus labores culturales en cada línea productiva pero, también, con la posibilidad de producir con semillas criollas de la región que permite ganar en la soberanía alimentaria del territorio».
Ahora, Ochoa explicó que la producción de alimentos no necesariamente está vinculada a la producción campesina, y por ello destacó el alto índice de importación de alimentos como la papa, desde el vecino país Ecuador: «El Gobierno desde hace mucho tiempo ha dejado a un lado la política de producción de alimentos y así, el país dejó atrás un proyecto de industralización para el autoabastecimiento; dio prioridad a los intereses extractivistas. El desmonte de instituciones que fomentaban el sector agrícola y pecuario como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-, hacen referencia a esto», sentenció.
Recuperación de Tierras
El campesino sabe cómo producir alimentos, cómo aprovechar pocas hectáreas, cómo optimizar sus cultivos. Además, el campesinado no solo cultiva la tierra, también existen aquellas comunidades que pescan y son agromineras; todo lo que tiene que ver con el campo. No obstante, los insumos, créditos y la titulación de tierras nunca se dirigen para estimular al pequeño productor; por ello durante los recientes paros agrarios este ha sido uno de los principales reclamos. Las comunidades cuando hablan acerca de los territorios campesinos agroalimentarios piensan fundamentalmente en la producción de alimentos, en clave de su reconocimiento como sujetos de derechos políticos y sociales, un tema obligatorio para el interés nacional.
Teófilo Acuña, también vocero de la Comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, adelanta junto a su comunidad procesos de recuperación de tierras en estos dos departamentos. Asegura que «en la tierra está la vida desde el momento en que el campesino la tiene, la produce y la alimenta. Cuando la tierra está en manos del campesino tiene un mejor trato en el tema ambiental, por esto los procesos de recuperación de tierra que adelantamos los hacemos en tierras baldías, humedales, ciénagas, playones e incluso los mismos ríos y fuentes hídricas ya que las tierras recuperadas evidencian, con su mayor y mejor producción de alimentos, que deben ser tenidas por el campesino».
Campo y ciudad
Este vínculo es de gran importancia tanto en lo social como en lo político organizativo. Según Milena Ochoa: «La alianza entre campesinos y trabajadores es fundamental para la construcción de un sistema integral agroalimentario que propugne por la soberanía nacional y genere conciencia para nuestro consumo; los alimentos que llegan actualmente a las ciudades son producidos con agrotóxicos pues la legislación va en contra de la propiedad de quienes han cuidado históricamente de los alimentos, sus semillas».
Durante el paro camionero miles de personas manifestaron y reclamaron desabastecimiento y el aumento significativo en el precio de los alimentos. A pesar de esto, es evidente que direccionar una política pública desde el Gobierno para privilegiar un modelo extractivista y agroimportador va en contra de la garantía al derecho a la alimentación y la soberanía nacional. No obstante, la respuesta del presidente Juan Manuel Santos al reclamo del pueblo colombiano fue culpar a los camioneros de la crisis.
Así, es preciso aclarar que los culpables de las crisis temporales generadas por un paro no son las personas que se movilizan por la defensa de sus derechos o garantías para la vida digna. Esa perspectiva impide el triunfo de las reivindicaciones sociales pues resta credibilidad a la población movilizada y así mismo legitima la represión y violencia del Gobierno. Todo en contra para vivir en paz.