Por estos días se enrareció el ambiente en el Ministerio de la Defensa y las instituciones bajo su conducción; Juan Carlos Pinzón, a duras penas puede dar alguna explicación en los micrófonos utilizados para descalificar a quienes, desde distintos ámbitos de la vida nacional, nos hemos empeñado en superar esta larga noche de violencia considerando […]
Por estos días se enrareció el ambiente en el Ministerio de la Defensa y las instituciones bajo su conducción; Juan Carlos Pinzón, a duras penas puede dar alguna explicación en los micrófonos utilizados para descalificar a quienes, desde distintos ámbitos de la vida nacional, nos hemos empeñado en superar esta larga noche de violencia considerando el dolor y la tragedia que significa una guerra.
La verdad empieza a revelarse y el país a darse cuenta donde están aquellos que le inoculan a la crítica social y política sus venenos letales para negarnos el acceso a un país con soberanía, en paz, democracia y justicia social. Se trata del sueño inconcluso desde que nuestra independencia la endosaron a las políticas expansionistas de los Estados unidos. Así cumplió la oligarquía la doctrina Monroe «América para los americanos». Por ello tenemos a la CIA y asesores de Estados Unidos dirigiendo la guerra interna, los Tratados de Libre Comercio, la regalía de nuestros recursos naturales a multinacionales y hasta la justicia colombiana se define en Washington.
Hoy las fuerzas militares, como toda la institucionalidad, carece de legitimidad. Ha llegado a la más imperdonable corrupción como estimular la guerra, la muerte, la depredación y el despojo como una fuente de enriquecimiento. La falta de legitimidad y de principios ha permitido la más descarada intervención extranjera. Políticos y militares tienen por patria sus privilegios y su soberanía es birlar al pueblo y servir a las élites económicas nacionales y multinacionales.
Hemos llegado a tanto, que el titular del Ministerio de Defensa es funcional a las políticas de la CIA y señala con su dedo acusador a los países vecinos de enemigos de nuestra seguridad nacional, al mismo tiempo el Secretario de Estado, John Kerry, les acusa de violadores a los derechos humanos. Han puesto a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba en la mira de las conspiraciones siguiendo el libreto aplicado a Libia, Siria y Ucrania, disponiendo del incondicional apoyo del gobierno colombiano y de la poderosa plataforma mediática criolla e internacional.
Los eventos de la agenda ‘secreta’ a los que asistió Pinzón en Washington, solo acceden las autoridades de defensa de Canadá, Gran Bretaña, Israel, Corea del Sur, Singapur y Colombia; puntales en la consolidación de enclaves imperialistas en el Asia del Pacífico, medio Oriente, Eurasia y América Latina, por el control de las más importantes reservas estratégicas y a contra peso de los procesos emergentes desafectos de la política hegemónica de Estados Unidos. Lo que indica la importancia que Estados Unidos le da a Colombia en el contexto geopolítico mundial y la dimensión del problema que se avecina en la región.
Ante esta realidad, es obvio que la guerra o las formas subversivas impulsadas por Washington en Libia, impuestas en Siria y en Ucrania son los elementos predominantes. De modo que al gobierno de los Estados Unidos le importa poco el problema de la corrupción en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, siempre y cuando se subordinen a sus dictados. Por esa razón el gobierno ha dicho que en La Habana no se negociarán las Fuerzas Militares; sin embargo, la filtración de la agenda de Pinzón dejó al descubierto la intención del gobierno colombiano de negociar con la CIA y del departamento de Defensa de los Estados Unidos el destino de las Fuerzas Militares, robusteciéndolas y privatizándolas al servicio de las empresas multinacionales y de los intereses de dicha potencia.
De la realidad interna de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional surge la necesidad de intervenirlas para corregirles el rumbo y comprometerlas con la paz. La tendencia santista en el fondo no está comprometida con la paz y difiere con los militares uribistas solo en concepciones tácticas. Desde luego que esa diferencia la resuelve una directriz de la CIA o del Pentágono. Lo que pudiera coadyuvar a la descriminalización de las Fuerza Pública es que el sector de las Fuerzas armadas que de verdad desea la democratización y depuración de la institución, como parte esencial de un proceso de paz, vea condiciones políticas favorables para impulsar esta iniciativa. De otro modo se exponen a la guillotina reaccionaria que controla los ascensos de los oficiales y a los altos mandos, corruptos y de extrema derecha que controla estas instituciones.
Hoy más que nunca, el derecho a la paz de Colombia y del Continente debe unirnos y hermanarnos en solidaridad. No podemos permitir a la derecha reaccionaria incendiar nuestros sueños y derribar los símbolos indoamericanos, emblemas de los sacrificios que por siglos hemos pagado, persiguiendo la posibilidad de regir soberanamente nuestros destinos.
La experiencia ucraniana nos señala los minados senderos hacia donde quieren conducir a Nuestra América. La guerra política, sicológica, ideológica y militar en Colombia contra la corrientes democráticas y revolucionarias nos exigen tejer, a la mayor brevedad, fuertes redes de unidad hacia las transformaciones democráticas, la justicia social, la soberanía y la paz, que además nos impone el reto de impulsar la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo contario, pagaríamos un precio muy alto y doloroso.