Las recientes declaraciones de Juan Manuel Santos en Europa parecen más un delirio lleno de jactancias innecesarias, que la expresión de una política coherente que brinde garantías para adelantar el proceso de paz. No se puede distorsionar la realidad creyendo que es correcto escalar la guerra como si no hubiese conversaciones, o que se pueda […]
Las recientes declaraciones de Juan Manuel Santos en Europa parecen más un delirio lleno de jactancias innecesarias, que la expresión de una política coherente que brinde garantías para adelantar el proceso de paz. No se puede distorsionar la realidad creyendo que es correcto escalar la guerra como si no hubiese conversaciones, o que se pueda adelantar un diálogo simulando que el país no está sufriendo los estragos de la confrontación.
No es sensato solazarse con la muerte, como lo está haciendo Santos en España, y al mismo tiempo sabotear alocuciones conjuntas de reconciliación en La Habana, porque la contraparte aseste golpes militares. No se puede mantener al país incendiado y darle destino de carne de cañón a centenares de soldados humildes, y al mismo tiempo amenazar con que si atentan contra una figura importante, explotará el proceso en mil pedazos. Esta discriminación entre vidas que tienen valor y otras que no lo tienen, porque simplemente no pertenecen a la clase de los pudientes, es lo más repugnante que se le pueda escuchar aun mandatario que pregona estar comprometido con la reconciliación del país.
Desde la contraparte se ha hablado de los mitos del proceso de paz, utilizando el concepto peyorativamente, en sentido de falsa creencia extendida; en la misma línea podemos precisar que no estamos en la Mesa de Diálogos como consecuencia de una presión militar y en el camino del sometimiento. Este sería el primer mito a desmontar, porque equivoca causas y rumbos.
La paz es un propósito estratégico de las FARC y por eso estamos en La Habana. Todos los eventos anteriores de diálogo han estado ceñidos a ese principio. Por eso se equivocan Juan Manuel Santos y Felipe Gonzáles, creyendo que con una concepción militarista, o con la exaltación de la criminal estrategia sionista contra Palestina, vana convencer al mundo de que el terrorismo de Estado, respaldado por el poder bélico del imperio, es la clave para alcanzar la paz.
Vergüenza debiera tener Santos de permitir sin recato alguno subordinarse a la CIA y permitir un intervencionismo de potencias extranjeras en el conflicto interno colombiano. Pues además de Estados Unidos, contra las FARC y el movimiento popular, también actúan la inteligencia británica, la misma España de Felipe Gonzáles, e Israel. Es inadmisible que el gobierno colombiano reconozca con tontivano orgullo que desde el Comando Sur se dirige la guerra contrainsurgente, pues es eso lo que significa la presencia de la tecnología de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, y el gasto de 9.000 millones de dólares, que fuera de lo que costó el Plan Colombia, es lo que han invertido en la ejecución de bombardeos cobardes contra los campamentos de las FARC.
El segundo mito del gobierno es creer que la agenda de paz se puede interpretar sin atender al preámbulo, que es el espíritu del Acuerdo General de La Habana. Tan importante es este que de él deriva el necesario compromiso de discutir aspectos nodales como la política económica y los graves problemas de miseria urbana y exclusión política.
Las FARC tienen unidad y coherencia entre lo que dicen públicamente y lo que hacen en cada escenario, incluyendo el de la mesa de conversaciones; por eso el tercer mito es pensar que nuestro discurso ante los medios es solo retórica y engaño de galerías. Las propuestas de cambio social que el pueblo agita en las calles, son banderas nuestras que no arriaremos en el escenario del diálogo.
El cuarto mito es creer que en Colombia hay una democracia y que los representantes del establecimiento son sus defensores. Lo que existe realmente es terrorismo de Estado, y por ello, nuestros planteamientos por fortalecer la participación política popular y establecer la verdadera democracia, no son devaneos o distracciones. Nuestros argumentos en defensa de las mayorías van en serio, de lo que se desprende, que no cesaremos en insistir en resolver los problemas esenciales que han causado la miseria y la desigualdad. Por eso coincidimos con Juan Manuel Santos, en que los acuerdos parciales hasta ahora logrados, son casi nada. Es obvio que lo fundamental está por debatirse.
Nunca el gobierno ha pactado con las FARC dejar por fuera de discusión el asunto de las Fuerzas Armadas, su gigantismo y su doctrina. Así, el quinto mito, es creer que se puede llegar a la paz sin la desmilitarización de la sociedad y el Estado y manteniendo vigentes factores inhumanos como la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo.
Por otro lado, es impensable que en un proceso, como el que adelantamos, se pueda pasar por alto que es necesario devolverle la función social a la propiedad. De ahí que el sexto mito es ilusionarse con que la paz estable y duradera podría ser posible sin acabar el latifundio y sin frenar la extranjerización de la tierra.
Es importante tener en cuenta que el país no está conforme con las informaciones fragmentadas y parciales que se dan sobre los resultados del proceso. Como está señalado en la agenda las partes solo pactaron mantener confidencialidad sobre los debates internos, pero no sobre las conclusiones. Entonces el séptimo mito es confundir confidencialidad con secretismo, pensar que las salidas a la guerra se pueden buscar a espaldas de la ciudadanía, y que luego un mecanismo de refrendación que requiere de la plena participación del soberano, se puede imponer unilateralmente restringiéndola a los términos de una consulta recortada y desinformada.
El octavo mito es pensar, que en un escenario de décadas de guerra sucia institucional, el Estado puede ser juez y parte, y erigir de su cuenta, normativas y mecanismos de transición, pensando, además, que en un proceso que debe favorecer a las víctimas, se le puede hacer el quite a la conformación de la Comisión de esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano.
Nunca nos hemos proclamado figuras angelicales, pero tampoco puede el régimen pretender que somos el propio Belcebú y que las élites gobernantes constituyen una corte de querubines celestiales. Es un mito pensar que la insurgencia es la máxima responsable de los hechos de la confrontación y que el Estado no está incurso en crímenes internacionales. Recordamos que las FARC no han venido a La Habana a pactar impunidades. Debe quedar claro que, por acción o por omisión, el Estado es el máximo responsable. De nada les valdría mantener esa tendencia morbosa a desfigurar la realidad.
Finalmente, es un hecho que sin reforma rural integral y sin participación política, es decir, sin fundar elementos esenciales para la democracia, no se podría concertar y construir la paz. Pero esta búsqueda en La Habana no es tan sencilla, porque acá no se trata de un asunto de repartición de «mermelada». Las FARC no tienen delegados que se compran o se vendan y por eso se requieren argumentos, políticas, sensatez, y verdadera voluntad de cambio y reconciliación.
No nos resignamos a que mientras se desarrollan los diálogos tengamos que contemplar la persecución, la criminalización y la muerte de muchos dirigentes populares y de oposición, y que tengamos que observar, especialmente, la fragilidad de las garantías que se nos ofrecen para la Participación Política. Ser testigosde la forma como se reparten los recursos públicos como «mermelada» corruptora, para alinear parlamentarios, magistrados, funcionarios y jefes de colectividades políticas, de una forma tan descarada, nos mueve el espíritu para decir que esa no es la «democracia» que queremos y que estamos buscando.
Desde La Habana hacemos un llamamiento a abrir un debate sobre estos imperdonables asuntos de la vida nacional. Y llamamos también a hacer valer el inmenso deseo de paz que palpita en el corazón de Colombia. La paz no es pertenencia de partidos, mandatarios o personalidades; la paz es un bien supremo que pertenece a todos.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP