Sobre inmigración y políticas de ayuda al desarrollo

Uno de los primeros y fundamentales capítulos de gasto de los que el Gobierno del PP recortó, nada más llegar al poder, fue el destinado a la Ayuda a la Cooperación y al Desarrollo. Mientras, como ya hemos contado en otros artículos, difunde ante la ciudadanía una «visión» de su concepto social de solidaridad, más relacionado con la caridad, que con una verdadera política de cooperación internacional. Pero lo cierto es que la estructura de la actual ayuda oficial al desarrollo no sólo debe potenciarse, sino que además debe cambiarse, en aras a una mayor solidaridad interregional. De hecho, es éste el motivo principal de las crecientes avalanchas de inmigrantes de otros países del Sur, al no encontrar en sus respectivos países de origen la oportunidad ni los medios de satisfacer sus necesidades más básicas, ni las de sus familias. Y es que en la escala de valores de esta sociedad capitalista que nos invade, parece que sólo tienen cabida los conceptos de competitividad, pero no los de cooperación.

Comencemos por la propia terminología, ya que, desde la izquierda, pensamos que debemos dejar de hablar de «Ayuda al Desarrollo», y sustituirla por otros términos más apropiados. En el ámbito del Derecho Internacional, siempre ignorado y muy pocas veces respetado, ya se encuentra reflejada la obligación de la cooperación al desarrollo, en el sentido de que los países más desarrollados organicen transferencias para restablecer o nivelar los desequilibrios existentes para con los países más pobres. Y ello como resultado de diversos grupos de trabajo de Naciones Unidas, que llevan dedicándose a esta ingrata tarea desde hace más de medio siglo. Pero las políticas neoliberales establecidas en casi todo el mundo desde la década de los años 80 del siglo pasado han impedido la concreción de esta Declaración de las Naciones Unidas.

Es urgente y necesario realizar un cambio radical en el ámbito internacional en lo que a este aspecto se refiere, siendo necesario redefinir el concepto mismo de «Cooperación Internacional» para conseguir, finalmente, poner en práctica este texto fundamental de las Naciones Unidas así como los pactos internacionales sobre los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Sólo desde una asunción internacional que de forma unánime valide dichos pactos, reconociendo para todos la necesidad de alcanzar ciertos umbrales, definiendo las aportaciones estrictas de cada país, y estableciendo sanciones para aquéllos países que las incumplan, será posible alcanzar dichos objetivos. Al igual que en el ámbito del cambio climático, o nos tomamos en serio estas propuestas y estos objetivos, o sencillamente, la involución social de los países más desfavorecidos no tendrá freno, lo que incidirá en nuevas olas de éxodo, refugio y emigración.

Existe ya por tanto una obligación de los países más ricos del Norte del planeta para transferir recursos hacia el Sur más pobre, para que se puedan satisfacer las necesidades fundamentales de la población, sobre todo de tipo alimentario, y de cobertura hacia los servicios públicos básicos, tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. El desarrollo de infraestructuras básicas de funcionamiento, así como el cese de las políticas extractivistas sobre las regiones más ricas en recursos naturales, deben ponerse en marcha inmediatamente, así como las actividades de tipo pseudocolonial que aún hoy el imperialismo estadounidense y europeo realizan sobre muchos de estos países. Para nosotros, estas transferencias remiten a un tipo de deuda histórica de los países del Norte con respecto a los países del Sur. Entendemos que deben darse reparaciones y compensaciones, manifestadas en inversiones económicas y en infraestructuras, que se deben aportar para restablecer al menos parte de ese saqueo histórico, colonial y multisecular (un puro y simple robo, que lleva ejecutándose desde hace muchos siglos atrás). No se trata por tanto de una práctica de generosidad ni de caridad, sino de un deber de reparación y equilibrio histórico, ya que la riqueza de Europa a partir del siglo XV es en parte consecuencia del pillaje y el colonialismo al que fueron sometidos los países del Sur. Retomo las palabras de Eric Toussaint, Presidente del CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), cuando afirma lo siguiente: «Cuestionamos la Ayuda al Desarrollo concebida por los países del Norte como una prolongación de su política exterior y como un acompañamiento de sus industrias exportadoras, incluidas las de servicios». Porque más bien bajo otro sentido, según esta visión integralmente solidaria, se trataría de diseñar e implementar un mecanismo de transferencias y de reparación que aporte directamente resultados concretos a las correspondientes poblaciones, con proyectos de desarrollo elaborados por las sociedades del Sur de forma autónoma y soberana, y que en dichas sociedades y países exista un control de las comunidades sobre la utilización de esos fondos, de forma democrática. Y a este mecanismo, agregamos también una propuesta de auditoría y suspensión de la reclamación del pago de una deuda ilegítima, y la restitución de los bienes mal adquiridos (por ejemplo, los de tipo cultural que se encuentran en museos occidentales, o los bienes llevados a los países del Norte por regímenes corruptos que expoliaron sistemáticamente a sus pueblos). Además de ello, es estrictamente necesario eliminar los mecanismos de saqueo de las empresas transnacionales del sector farmacéutico (que se niegan sistemáticamente a suministrar los medicamentos a estos países, por no resultarles rentables), o de semillas del Norte que trabajan utilizando la biodiversidad de los países del Sur.

Asímismo, debemos exigir la cancelación de los tratados bilaterales sobre las inversiones, que favorecen de manera injusta, desproporcionada y descarada a las grandes sociedades privadas internacionales, y el cuestionamiento de los tratados comerciales que constituyen armas de destrucción masiva para los productores locales que no pueden sobrevivir a la competencia de las grandes empresas exportadoras transnacionales. Dichas empresas son las principales ejecutoras de dicha política de constante saqueo y expolio tanto de mano de obra barata como de los propios recursos naturales de estos países. En fin, si todo ello se mandatara a la comunidad internacional de manera firme, obligada y controlada, la tan cacareada cooperación al desarrollo sería mucho menos necesaria que en la actualidad, y dejaríamos de asistir a los crueles espectáculos de la emigración forzosa de miles de seres humanos de unos países o continentes a otros.

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