El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea […]
El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en términos de esfuerzos y de tiempo.
Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes bien, la construcción de un futuro muy diferente.
En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades. Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan. Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que correspondería incluso la designación de los máximos responsables universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia universidades, de nuevo, privadas.
El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada –pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos–, la segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las principales secuelas de los recortes aprobados.
(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso pasado, en éste reclamará 4.300.
Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60 créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90 o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han convertido nada menos que en 10.000.
Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso: cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir obligaciones –no precisamente agradables– en el ámbito laboral, el escenario que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de oportunidades.
(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios, en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en este terreno.
(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.
(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.
Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’ de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.
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