El hecho de que por primera en 212 años de vida república, la voluntad popular haya logrado llevar al gobierno dos dirigentes que como Gustavo Petro y Francia Márquez, que no provenían de los sectores tradicionales dominantes, permitió por primera vez, el Programa de Gobierno propuesto estuviera centrado en un enfoque de derechos humanos, de inclusión social, de justicia ambiental y un mandato expreso de construir la paz y terminar la guerras que han servido a los sectores tradicionales para ocultar e imponer sus estrategias de exclusión, despojo, gobernanza autoritaria y privilegios inaceptables.
El Programa de Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez “Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2022-2026” está centrado en una visión de derechos humanos integrales articulados en torno a tres ejes, la Paz Total, la Justicia Social y la Justicia Ambiental. Nunca antes en la Historia de Colombia, un Gobierno nacional había llegado con un mandato claro de compromiso claro con la realización de una Agenda de Derechos Humanos que incluyera a todos los sectores sociales, y que tuviera mandato y la intención explícita de enfrentar la crisis humanitaria, el desastre ambiental y la gigantesca desigualdad económica y social acumulada por anteriores gobiernos y especialmente por el llevado a cabo de manera indolente, violenta y retrógrada por su antecesor Iván Duque.
En este mandato, los movimientos sociales y de derechos humanos y construcción de paz acompañamos decididamente la voluntad del gobierno, en medio de las gigantescas resistencias institucionales y sistémicas que se oponen a estos cambios. La construcción, por primera vez de un Plan Nacional de Desarrollo, con la participación masiva de los movimientos sociales, y la incorporación de sus demandas en materia de derechos humanos, de protección de los territorios y su ordenamiento alrededor del agua, de protección de la diversidad natural y la soberanía alimentaria
La Política de Paz Total
Dada la parálisis y retrocesos del proceso de paz durante los 4 años del gobierno de Iván Duque, la reconfiguración del conflicto armado a partir del copamiento de zonas rurales en casi la mitad de los municipios colombianos[1] por actores armados que triplicaron su presencia durante ese mismo periodo, el Presidente Petro planteó desde su campaña una estrategia de Paz Total con todos los actores que ejercen violencia en los territorios, concebida además en el diálogo con amplios sectores de la sociedad civil, y concomitante a la reactivación de la implementación del Acuerdo Final con las Farc. Esta apuesta seria uno de los ejes de su programa de gobierno, junto con la estrategia de lucha contra la desigualdad y la estrategia de justicia ambiental, centrada esta última en construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la producción de energías limpias, en la protección de los bosques y en la sustitución de combustibles fósiles.
Los principios de esta política se materializaron en la aprobación de la reforma a la vigente Ley de Orden Público con la Ley de Paz Total, 2272 de 2022, mediante la cual se habilitaron dos vías para la superación de la violencia de los grupos armados: 1. La negociación política con los grupos de naturaleza política (que luego se definió implicaba al ELN, a las disidencias del llamado Estado Mayor Central y probablemente también a los denominados disidentes de la Nueva Marquetalia) y 2, la vía de las Conversaciones Socio-Jurídicas o de la sujeción a la justicia con las demás estructuras ilegales de crimen de alto impacto, entre las que estaría el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta (conocidos como Pachencas) y otras estructuras armadas urbanas que operan en ciudades como Medellín, Quibdó y Buenaventura.
Alcanzar la paz con todas las estructuras que vienen generando violencia de manera prolongada en los territorios es una meta ambiciosa del actual Gobierno, que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población, especialmente de las zonas que más han sufrido el conflicto armado. Sin embargo, la resistencia de sectores de ultraderecha, de partidos tradicionales y de las autoridades de la Fiscalía y de los organismos de control, ha obstaculizado la concreción del marco legal para alcanzar estos procesos de conversaciones, especialmente con las estructuras ilegales sin naturaleza política. La necesidad de considerar rebajas de penas y la posibilidad de que quienes se sometan a ley puedan retener una porción reducida de los bienes ilegales en su poder, a cambio de verdad, de la entrega de la mayor parte de sus bienes y de la reparación a las víctimas, ha sido distorsionada por sectores como el Fiscal, la Procuradora y sectores de ultraderecha como si fueran concesiones al narcotráfico o un pacto con la impunidad, lo que ha impedido avanzar en la concreción del marco legal para habilitar dichas negociaciones.
Dada la falta de mayorías parlamentarias para aprobar tanto la Ley de Sujeción como la Ley de Humanización de las Cárceles y rebajas de penas, el Gobierno confió en que, a través de los mecanismos del diálogo, de coalición y negociación en el Congreso con los partidos políticos o con sus representantes en ambas cámaras, podría sacar adelante dichas iniciativas. Sin embargo, estas reformas, al igual que las reformas estructurales de la salud, laboral y pensiones no alcanzaron las mayorías para ser aprobadas en esta primera legislatura. Ante la conformación de alianzas en el Congreso para hundir las reformas del Gobierno y la ausencia de mayorías políticas para sacarlas adelante, el Gobierno evaluó la posibilidad de buscar el sometimiento de las estructuras ilegales con las cuales se encuentra en conversaciones por la vía de la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), marco jurídico por medio del cual se llevó a cabo la desmovilización (parcial) de los grupos paramilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Es claro que en Colombia existen muchos sectores que se lucran de la guerra y de las actividades económicas impulsadas por el crimen organizado. Y a la búsqueda de soluciones negociadas se le oponen pretextos que buscan hacer prevalecer en la opinión pública la oposición a las concesiones que es necesario hacer para alcanzar la paz con los actores armados. Después de 60 años de conflicto armado es una verdad manifiesta que por el camino de la fuerza, no se podrá imponer la derrota de los alzados en armas, así como también es claro que sin beneficios jurídicos no es posible avanzar hacia una desmovilización y sujeción a la ley de las estructuras ilegales, del crimen organizado y del narcotráfico, que llevan más de 5 décadas imponiendo la violencia. Claro que los gigantescos beneficios que deja el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control armado de los territorios, generan enormes incentivos a quienes los promueven y a sus aliados en el Estado. para mantener la violencia armada, pero también es claro que la perpetuación de la guerra es el terreno donde crecen y se consolidan las mafias y las estructuras de lucro que oprimen y condicionan el ejercicio de la vida cotidiana de millones de personas en el país.
A casi un año de iniciado el Gobierno de Gustavo Petro el avance firme del proceso de paz con el ELN suscita grandes esperanzas. En el tercer ciclo de conversaciones sostenido en la Habana, se alcanzó un Acuerdo sobre el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) y un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que cuentan ya con Protocolos claros para su seguimiento e implementación, en el que la Sociedad Civil podrá participar a través de mecanismos de Veeduría Social. Se acordó también una Agenda para avanzar en los puntos de la negociación convenidos en el Acuerdo de México y la conformación de un Comité Nacional de Participación, conformado por 81 organizaciones a través de los cuales se habilita la participación de los distintos sectores sociales en la identificación de las propuestas para la transformación democrática, que conduzca hacia una visión compartida de paz en el país y a un diálogo nacional como mecanismo para hacerlas viables.
El reinicio de los diálogos para conversaciones con el Estado Mayor Central y los acuerdos para discutir y aprobar en primer lugar el cese al fuego bilateral, así como el acuerdo para instalar un Equipo Nacional de Generación de Confianzas y Resolución de Contingencias, con esta estructura, vuelve a generar grandes expectativas, luego de las rupturas al cese al fuego con dicha agrupación por el asesinato de 4 niños indígenas, que escaparon a su reclutamiento, hecho que genera desconfianzas en amplios sectores sobre la viabilidad de un proceso de paz serio con este actor armado. El anuncio de inicio de conversaciones con las organizaciones armadas en Buenaventura genera también prudentes expectativas para la superación de esa guerra urbana que ha generado de cientos de víctimas.
Sin embargo, son grandes las resistencias de los sectores políticos que se oponen a la concesión de beneficios jurídicos para alcanzar la paz con todos los actores armados con los que viene dialogando el Gobierno. La nueva realidad de la guerra a la que se enfrenta la sociedad colombiana, en el que aún persiste la guerra con actores de naturaleza política y el predominio y expansión de estructuras criminales centradas en el control de economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, prestadiario, tráfico de persona, extorsión y control urbano territorial, etc) pero con vínculos también con la economía legal y sectores de la dirigencia política y los organismos de seguridad, hacen que las vías para superar dichas violencias requieran medidas complejas, que muchas veces, paradójicamente encuentran las mayores resistencias en sectores institucionales, mediáticos y políticos relacionados o vinculados de alguna manera con los negocios o sectores de las economías ilegales, frente a las cuales se oponen a su desmantelamiento, pues pondrían en riesgo parte de las inconfesables bases de su poder político o económico.
Hay incertidumbres también frente a la voluntad genuina de los actores ilegales por llegar a un proceso de fin de la violencia, lo que debería producir una vigorosa movilización de la sociedad alrededor de la persistencia en las salidas negociadas al conflicto armado y social en los territorios, pues la necesidad de alcanzar la paz es un requisito estructural para superar el atraso, la exclusión, la precariedad de la democracia y la violencia en que han vivido millones de personas en amplias regiones del país.
- La Política de Seguridad y Defensa.
La persistencia de políticas de seguridad que por más de 60 años se articularon alrededor del propósito del combatir y aniquilar un enemigo interno, cuya definición ha venido variando desde su identificación con “la subversión comunista”, “el terrorismo”, los “vándalos” que protestan, e incluso a todos los sectores de la población que expresan la inconformidad, la disidencia social, el pensamiento rebelde o cualquier otra subjetividad alternativa, llevó a prácticas de violencia extrema y de genocidio continuado contra la población, que se expresó en el exterminio de amplios sectores del movimiento indígena, campesino, sindical, y de otros sectores sociales y críticos de oposición política.
Prácticas como el aplastamiento violento de las protestas durante el “estallido social” de 2021 con 84 asesinados y más de 1900 heridos, el exterminio de más de 6.402 jóvenes para mostrar éxitos de la estrategia de seguridad o el exterminio que no cesa de los líderes y lideresas sociales y de los firmantes de la paz, evidencian el agotamiento del modelo de seguridad, y esto lleva amplios sectores inconformes a impulsar al Gobierno a dirigentes populares como Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes propusieron para la población un nuevo modelo de “seguridad humana”.
Dicha Seguridad Humana fue definida en la Ley de Paz Total como aquella que “consiste en proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza pública que en su conjunto brinden al ser humano las piedras· angulares de la supervivencia, los medios de vida y·1a dignidad”[2].
Con el propósito de replantear conductas y modelos de actuación de una Fuerza Pública que en años recientes se ha visto implicada en graves violaciones de derechos humanos, una de las más importantes medidas para avanzar en la estrategia de seguridad humana fue el nombramiento de un Ministro de Defensa, con un amplio reconocimiento por su lucha por los derechos humanos, el combate a la corrupción y su enorme capacidad para enfrentar la criminalidad organizada y las dinámicas de impunidad. La designación del Dr. Iván Velásquez Gómez ha resultado crucial para imprimirle a todas las unidades de la Fuerza Pública un mandato inequívoco de no tolerancia con la violación de los derechos humanos y en contra de la corrupción en la institución militar y policial. Las primeras medidas de retiro del servicio de 52 generales para conformar una cúpula militar libre de corrupción, de vínculos con el paramilitarismo y de antecedes de violaciones a los derechos humanos enviaron un claro mensaje al país del cambio en la gestión de la seguridad y del giro hacia la seguridad humana[3].
Aunque el Programa de Gobierno del Presidente Petro incluye el compromiso de una policía civil para la vida y la seguridad humana, su reubicación bajo un ministerio civil y el desmonte del ESMAD, así como una reestructuración de la Policía Nacional con amplia participación ciudadana[4], la puesta en práctica de estas medidas ha encontrado fuertes resistencias en la Fuerza Pública, y no parece que fueran a implementarse durante este gobierno.
La transformación de la policía se ha dejado pendiente a un proceso de auto-reforma con cambios superficiales, y limitada en cuanto a la participación ciudadana. La Mesa de organizaciones de derechos humanos sobre Reforma Policial manifestó que la transformación del ESMAD en UNDMO no fue estructural ni contó con una verdadera participación social y exigieron una transformación estructural de la Policía con diálogo amplio, garantías, y orientada a transformaciones reales e integrales[5]. Sin embargo, debe reconocerse que las violaciones perpetradas de manera directa por miembros de la Fuerza Pública se han reducido bastante. Las protestas ciudadanas tanto de sectores que apoyan como los que se oponen al gobierno, han contado con garantías para su realización. Las mutilaciones oculares, actos de violencia sexual o agresiones violentas a la protesta, que eran norma común bajo el anterior gobierno, no han sido toleradas bajo la nueva política. Los casos de ejecuciones extrajudiciales han sido más bien excepcionales, y el mandato del gobierno de rechazar cualquier bombardeo donde exista riesgo de la muerte de civiles o niños ha sido garantizado. Las presiones de sectores militaristas -y las dudas en el gobierno- sobre la compra billonaria de aviones de combate[6] podrían generar tensiones con sectores sociales que siempre apostaremos por estrategias de desarme y de convivencia pacífica entre las naciones.
Persisten no obstante dudas sobre hasta donde llegará el Gobierno en la implementación de la política integral de desmantelamiento de las estructuras criminales y el paramilitarismo, compromiso del Acuerdo Final de Paz con las FARC, ratificado por mandato judicial de la JEP. Hasta ahora el empeño está puesto en la expectativa de cumplimiento de acuerdos del cese al fuego y la desmovilización obtenida por la vía de los procesos de sujeción a la justicia y de negociación política con los grupos armados organizados. Las presiones desde el Ministerio por afectar la economía de las estructuras criminales han llevado a importantes incautaciones de drogas ilícitas, en mayor medida por parte de la Armada que de las otras fuerzas, y resultados menos ambiciosos en cuanto a captura de cabecillas o sus vínculos en el mundo empresarial, político o militar. Los éxitos en cuanto detener y reducir la deforestación usada para actividades criminales son irrefutables[7]. El Gobierno de los Estados Unidos reconoció que Colombia se ha convertido en “un exportador neto de seguridad a nivel mundial”[8] y además decidió suspender el monitoreo que por décadas mantuvo sobre los cultivos ilícitos en Colombia[9]. La corrupción en distintos sectores militares y de la Policía, la persistencia de vínculos con estructuras paramilitares, la connivencia venal con bandas del microtráfico y con las estructuras narcotraficantes persisten aun en amplias regiones del país, y contribuyen a perpetuar el clima de violencia. Estos rasgos evidencian que el proceso de cambio y transformación estructural de la Fuerza Pública puede tomar varios años, pero sigue siendo una exigencia urgente, en la que el Gobierno, a pesar de las resistencias, se encuentra y debe permanecer comprometido.
- La Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
A pesar de que el Gobierno acogió tempranamente el “Plan de Emergencia para la Protección a personas líderes sociales, defensoras de DDHH y firmantes de Paz”, presentado por las Plataformas de Derechos Humanos, la Cumbre Agraria, el Programa Somos Defensores y varios congresistas comprometidos con los derechos humanos, su implementación ha sido lenta e incompleta, y marcada por falta de articulación y diferentes voluntades entre distintas instancias del Estado a nivel local, regional y nacional. El nuevo Ministro de Interior del gobierno Luis Fernando Velasco no muestra el mismo dinamismo y nivel de interlocución y compromiso con los derechos humanos y quienes los defienden que exhibía en anterior Ministro Alfonso Prada, lo que puede condicionar la voluntad a este nivel en distintas instancias gubernamentales, pues a nivel territorial la voluntad de alcaldes y gobernadores con la protección de los liderazgos y quienes defienden los derechos humanos es más bien escasa, por lo que solo podrá ser actividad e inducida con presencia del gobierno central a partir de interlocución con una autoridad de alto nivel.
El Gobierno ha puesto al frente de las Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa a destacados y competentes activistas provenientes del movimiento de derechos humanos, que vienen adelantando cruciales actividades de interlocución y atención de vulneraciones de derechos, y reactivando dinámicas con el movimiento social como las Mesas de Garantías, la armonización de la Política de Prevención, el Plan de Acción para la Política Publica de Protección a Lideresas Sociales o la Política Pública de Garantías para las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la ausencia de una autoridad nacional con nivel ministerial reconocida por propugnar públicamente el mandato gubernamental de comprometer al Estado en su conjunto en el reconocimiento y superación de la crisis persistente de derechos humanos, y el perfil opaco y debilitado de otras autoridades como la Viceministra de Diálogo Social o la Consejera Presidencial de Derechos Humanos hacen ver una brecha grande entre los propósitos de derechos humanos del Presidente y su Plan de Gobierno, y la capacidad y poder de gobernanza de su gobierno para propulsar los cambios en las territorios y ante las autoridades regionales y locales con responsabilidad de afrontar la situación de violencia, deterioro de las condiciones humanitarias y ataques persistentes a la labor de personas y comunidades que defienden los derechos humanos, la construcción de paz o la defensa de sus territorios.
El informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia advierte que “La grave situación de la seguridad que enfrentan los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos en varias regiones no ha cambiado”[10]debido a dinámicas regionales de violencia en las que “La persistencia de la violencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales sigue perturbando la vida de los civiles y socavando la construcción de la paz en varias regiones, lo que resalta la importancia de las iniciativas de paz y de que se amplíen los esfuerzos para expandir la presencia del Estado de manera que se proteja a las comunidades vulnerables, especialmente en las zonas rurales”[11]
Durante los primeros 13 meses del actual gobierno han sido asesinado cerca de 198 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos (70 entre el 7 de agosto y 31 de diciembre de 2022[12] y 128 en lo corrido del año hasta el 28 de septiembre de 2023[13]). Esto implica un líder social asesinado cada dos días. En el mismo periodo 43 ex combatientes firmantes de paz han sido también asesinados (11 entre agosto y diciembre de 2022 y 32 hasta el 28 de septiembre de 2023). Esto evidencia que a pesar de las medidas del Plan de Emergencia y las declaraciones voluntarias de varios de los grupos armados de acatar un cese al fuego, la violencia sobre los líderes y quienes defienden la paz no disminuye. Sin embargo, la violencia letal de las estructuras armadas se ha ensañado también en los pobladores de las regiones más afectadas por el conflicto, en donde se han perpetrado ya 100 masacres en los corrido del actual gobierno, con 335 víctimas (33 masacres entre agosto y diciembre de 2022 y 67 hasta el 29 de septiembre de 2023)[14]. La nuevas negociaciones de paz y conversaciones con el EMC y estructuras de crimen urbanas debería impactar en la reducción de esta dramática realidad.
Sin embargo, mientras no se llegue a una solución de desmantelamiento o desmovilización de las estructuras criminales que atentan contra la vida, libertad y seguridad de los líderes y lideresas sociales, excombatientes y quienes defienden la paz en los territorios, es difícil esperar el fin de la violencia en su contra. Al respecto, las mayores falencias están en el papel de Fiscalía por esclarecer estos crímenes y desmantelar las estructuras que los perpetran.
Aunque el Fiscal General de la Nación anuncia haber llegado a tasas de esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales del 73% de los casos[15], la verdad es que apenas un 5.6% de los casos tienen alguna sentencia, y las condenas no alcanzan casi en ningún caso a los determinadores o máximos responsables de las estructuras que ordenan su exterminio[16]. Mientras no se esclarezca y se lleve a la Justicia a los determinadores de esta dinámica criminal la impunidad será un estímulo para su continuidad.
La protección de los liderazgos sociales debe ser una de las prioridades en los actuales procesos de paz, en la implementación de los ceses del fuego, y en el proceso de participación de la sociedad en los procesos de paz. Sin embargo, la suerte y la vida de los líderes no puede estar subordinada a que en un futuro se logre efectivamente la desmovilización y el sometimiento de las estructuras criminales detrás de sus agresiones y su exterminio.
Al respecto, el reciente llamamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el Modelo de Protección en Colombia advirtió que “Es urgente materializar la convergencia de las políticas de: paz total, desmantelamiento de organizaciones criminales, de seguridad y de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos” y que en consecuencia resulta urgente “la conformación de un sistema nacional de prevención y protección estatal civilista, de carácter progresivo, de construcción participativa y vinculante, que incorpore mecanismos de control y veeduría social; que avance hacia un nuevo modelo de protección colectiva, sinérgico; que trascienda la prevención más allá del riesgo inmediato; que incorpore de forma efectiva los enfoques diferenciales, étnico, de género, feminista, territorial e intersectorial; que redefina el papel de la Fuerza Pública y garantice un rol activo de los órganos de investigación y control; y se enfoque en la desactivación de la causas estructurales generadoras de la violencia selectiva y sociopolítica contra personas defensoras y lideresas, periodistas y firmantes de paz”[17]. Esa sería la ruta apropiada para impedir la continuidad del exterminio de los liderazgos sociales en el país.
En conclusión, el tránsito de un modelo de seguridad y defensa sostenido por décadas en la subordinación de la población civil y especialmente de los sectores marginados, a la vigilancia policial y al poder militar bajo su consideración de sus reclamos, inconformidades y protestas los configuraban como “enemigos internos del orden establecido, por una seguridad centrada en el aseguramiento de las condiciones para que todas las personas, sin exclusiones, puedan ganarse la vida, cubrir sus necesidades básicas, desarrollar sus proyectos de vida y participar de forma y libre en la sociedad (seguridad humana) constituye la apuesta vital de este gobierno.
Las dinámicas
institucionales instaladas, los marcos jurídicos y legales y las prácticas
cimentadas por décadas para mantener el régimen de privilegios y de exclusión
que han configurado nuestra sociedad como una de las más desiguales impulsan
inercias y resistencias que deben ser confrontadas con audacia y apoyándose
firmemente en la iniciativa y la movilización social. Entre estas resistencias,
se encuentran la obstrucción que los sectores prevalecientes oponen para
impedir alcanzar acuerdos de paz y sujeción a la ley de los distintos sectores
de violencia en los territorios. Un mayor esfuerzo en asumir el compromiso
estatal con los derechos humanos desde los niveles centrales de poder en el
Gobierno y un perfil de mayor competencia y proactividad en las autoridades a
cargo de la protección y el aseguramiento de los derechos humanos, reforzaría
el compromiso expreso que este gobierno ha declarado con alcanzar unas
políticas de seguridad, de satisfacción de necesidades colectivas y de
participación democrática que hagan realidad en la vida cotidiana el concepto
de seguridad humana.
[1] OCHA. Plan de Respuesta Humanitaria. Colombia 2023. Pag. 8. Disponible en: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hrp_2023_es_vf.pdf
[2] Ley 2272 de 2022. Artículo 2. a
[3] El Colombiano (2023, 13 de agosto). Gustavo Petro sacó a 52 generales para conformar su cúpula. https://www.elcolombiano.com/colombia/gustavo-petro-tiene-cupula-militar-estos-son-los-nuevos-comandantes-de-las-fuerzas-y-la-policia-ON18401942
[4] Programa de Gobierno 2022-2026 Petro Presidente, Francia Vicepresidenta. Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Pagina 45
[5] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (2023, junio). Transformación del ESMAD en UNDMO no fue estructural ni contó con verdadera participación: Mesa por la Reforma Policial. Disponible en: https://coeuropa.org.co/transformacion-esmad-no-fue-estructural/
[6] El Tiempo (2023, 17 de julio). El avión de combate sueco que busca entrar a Colombia y reemplazar los Kfir. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/l-avion-de-combate-sueco-que-busca-entrar-a-colombia-y-reemplazar-los-kfir-786952
[7] Minambiente (2023, 12 julio). Gobierno Petro logra histórica reducción de la deforestación en 2022. https://www.minambiente.gov.co/comunicado-de-prensa/gobierno-petro-logra-historica-reduccion-de-la-deforestacion-en-2022/
[8] El Espectador (2023, 23 julio ). “Colombia se ha convertido en un exportador neto de seguridad a nivel mundial”: EE. UU. https://www.elespectador.com/mundo/america/colombia-se-ha-convertido-en-un-exportador-neto-de-seguridad-a-nivel-mundial-ee-uu-noticias-hoy/
[9] El Tiempo (2023, 15 julio). EE. UU. confirma suspensión de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia. https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/ee-uu-confirma-suspension-de-monitoreo-de-cultivos-ilicitos-en-colombia-786322
[10] ONU. Informe del Secretario General (2023, 27 de junio. Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Doc. S/223/477. Pag. 9. Parr. 52
[11] Ibid. Pag. 7. Parr. 42.
[12] Indepaz (2023). Líderes sociales, defensores de dd.hh y firmantes de acuerdo asesinados en 2022. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/
[13] Indepaz (2023). Líderes sociales, defensores de dd.hh y firmantes de acuerdo asesinados en 2023. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/
[14] Indepaz. Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022 y 2023. En: https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
[15] Fiscalía General de la Nación (2023, 22 marzo). Con una férrea defensa de la institucionalidad, Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entregó balance de sus tres años de gestión. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/con-una-ferrea-defensa-de-la-institucionalidad-fiscal-general-de-la-nacion-francisco-barbosa-delgado-entrego-balance-de-sus-tres-anos-de-gestion/
[16] Historias Inconclusas (2023). Investigación penal sobre homicidios contra líderes sociales: más desorden que esclarecimiento. https://historias-inconclusas.verdadabierta.com/articulos/investigacion-penal-sobre-homicidios-contra-lideres-sociales-mas-desorden-qu
[17] Programa Somos Defensores (2023, 14 julio). Llamamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil Frente al Modelo de Protección en Colombia. https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2023/07/Llamamiento-sobre-el-modelo-de-proteccion-en-Colombia-2.pdf
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo