Sobre el montaje judicial en contra de los soldados Yeison Orlando Castañeda Rojas (de la vereda El Cauchal), Wilmer Javier Pérez Parra (de la vereda Las Juntas), Isidro Alape Reyes (de la vereda Aguas Claras) y Bilman Useche Pava (de la vereda Las Juntas), presos sin condena desde Septiembre del 2011. Este atropello es parte […]
Sobre el montaje judicial en contra de los soldados Yeison Orlando Castañeda Rojas (de la vereda El Cauchal), Wilmer Javier Pérez Parra (de la vereda Las Juntas), Isidro Alape Reyes (de la vereda Aguas Claras) y Bilman Useche Pava (de la vereda Las Juntas), presos sin condena desde Septiembre del 2011. Este atropello es parte de los abusos que se están viviendo en el Sur del Tolima en el marco de la militarizació del territorio. Este artículo había sido preparado a fines de Octubre pero desde entonces estábamos a la espera de que se anunciara una nueva audiencia. Hasta la fecha, no hay audiencia y la fiscalía sigue dilatando el proceso.
La consolidación militar, adelantada dentro del marco contrainsurgente que implementa el Estado colombiano en áreas donde la insurgencia ha tenido arraigo, viene aparejada de abusos en masa en contra de las comunidades. Éstas, son vistas como el «agua del pez», y en medio de la militarización, de las múltiples restricciones (movilidad, consumo, etc.), de los bombardeos y combates, la población es tratada con desprecio y desconfianza por un ejército conformado en gran medida por personas externas. Según un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris: «Durante el trabajo de terreno (…) se logró detectar que las Fuerzas Militares funcionan en algunos territorios como fuerzas de ocupación (…) La tropa aún sigue viendo a la población civil como un enemigo«[1]. Para avanzar la consolidación militar el ejército ha tratado de incrementar la presencia de población local en la tropa. Esto se ha hecho mediante programas como «soldados de mi pueblo» o mediante «batidas» de reclutamiento, las cuales han sido frecuentemente denunciadas como ilegales por los campesinos. Los soldados locales, sin embargo, son vistos frecuentemente con desconfianza por los profesionales venidos de otras regiones, que ven en ellos colaboradores de la insurgencia ante la más mínima sospecha, como ser la falta de celo para abusar de la comunidad al realizar tareas contrainsurgentes. En zonas donde el movimiento guerrillero se encuentra inserto en las comunidades y existen abundantes vínculos de parentesco que les unen, esta desconfianza se convierte en paranoia, como lo reflejan las palabras del comandante del Batallón Caicedo, Teniente Coronel Rodolfo Mantilla, que declaraba que en las zonas rurales del sur de Tolima los simpatizantes de las FARC-EP estaban infiltrando el ejército[2]. Este sentimiento es recíproco, pues la comunidad, naturalmente, ve al ejército con recelo.
Pero no sólo la militarización ha enrarecido el ambiente en las zonas de consolidación militar, contribuyendo a la destrucción del tejido social; una de las prácticas contrainsurgentes más dañinas y que ha tenido el impacto más importante en el aumento explosivo de las violaciones de derechos humanos, ha sido la creación de la red de informantes, en el marco de las estrategias cívico-militares. Así, un ejército hambriento por mostrar resultados todos los días en su cruzada contrainsurgente (los cuales, frecuentemente, se traducen en beneficios), se encuentra con elementos dentro de la comunidad que, con tal de obtener algún dinero por sus denuncias, son capaces de fabricar cualquier historia e incriminar irresponsablemente a quien se les venga en capricho. En este proceso, convergen con funcionarios y elementos del estamento judicial que también quieren mostrar resultados. Se junta así el hambre con las ganas de comer, creándose una situación en la cual se vienen implementando toda clase de montajes judiciales.
Este es el contexto en el que hay que entender el caso de cuatro muchachos originarios del corregimiento de La Marina, en el municipio de Chaparral (Tolima), zona golpeada por la militarización y los abusos contra la comunidad rural, que han sido arrestados como insurgentes, en base a pruebas espurias e insustanciales. Su caso está lejos de ser único; lamentablemente, injusticias como ésta abundan en prácticamente todo el territorio colombiano. Este es un caso más entre varios, pero que ilustra muy bien la manera en que se está destruyendo el tejido social de una comunidad particular, así como la manera parcializada en que opera la mal llamada justicia colombiana.
La fabricación de un caso: los soldados acusados de «infiltración»
El día 7 de Septiembre del 2011, Yeison Orlando Castañeda Rojas (de la vereda El Cauchal), Wilmer Javier Pérez Parra (de la vereda Las Juntas), Isidro Alape Reyes (de la vereda Aguas Claras) y Bilman Useche Pava (de la vereda Las Juntas) fueron capturados por la SIJIN por orden emanada del Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Los cargos en su contra fueron rebelión, financiación de terrorismo y actividades de delincuencia organizada, y actividades de administración de recursos para actividades terroristas y delincuencia organizada. Los cargos, en sí mismos, reflejan la progresiva negación, por parte del Estado, del carácter complejo del crimen político, así como la equiparación de rebelión a terrorismo y delincuencia común[3].
¿Quiénes son estos muchachos? Son campesinos jóvenes que se encontraban pagando el servicio militar: Bilman e Isidro se encontraban en la base militar de Piedras, mientras que Yeison se encontraba en la base del batallón Caicedo en Chaparral. Wilmer había sido reclutado para pagar el servicio, pero finalmente fue rechazado por una lesión en la rodilla, siendo desacuartelado el 19 de agosto del 2011. Fueron reclutados, según su propio testimonio (ver anexo 1), contra su voluntad, habiendo sido hasta ese momento jornaleros que trabajaban en diversas fincas, ayudando también las labores en las fincas de sus propias familias.
Según la fiscal que lleva el caso, los muchachos se habrían «infiltrado» en el ejército por órdenes de Marlon, comandante del Frente 21 de las FARC-EP, que opera en el sur de Tolima. La prensa amarillista, como el Q’hubo de Ibagué, convirtió a estos muchachos en avezados guerrilleros y los sobrenombres con que la comunidad les conocía, en sus «alias»[4]. Así, Yeison Orlando Castañeda Rojas (de la vereda El Cauchal) se convirtió en «El Zarco», Wilmer Javier Pérez Parra (de la vereda Las Juntas) en «Rata Blanca», Isidro Alape Reyes (de la vereda Aguas Claras) en «El Enano» y Bilman Useche Pava (de la vereda Las Juntas) en «Mincho». Según los medios, que se hicieron eco de las declaraciones de una supuesta desmovilizada de las FARC-EP, estos habrían trabajado bajo el mando directo del comandante Estiven, encargado del trabajo de milicias del Frente 21 (quien fuera capturado en marzo del corriente año). Yeison se habría dedicado, al interior de la organización guerrillera, según los medios, al transporte de víveres, armas y explosivos. Wilmer, Bilman e Isidro, se habrían dedicado a la custodia de armas, explosivos, avituallamiento. Habrían ingresado en el 2007 a las milicias y posteriormente habrían transitado hacia las filas guerrilleras, hasta haber, supuestamente, recibido en el 2010 la orden de infiltrarse.
Sin embargo, y antes de analizar la «evidencia» que contra ellos existe, hay una serie de contradicciones que saltan a la vista en este caso. Bilman se encontraba atendiendo la escuela «Simón Bolívar» de La Marina hasta el 2009, debiendo abandonar la institución en Julio de ese año, debido a su delicada situación económica familiar. Parece curioso que un guerrillero pudiera atender clases de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde… También parece curioso que se diga que se «infiltraron» en las filas castrenses cuando fue el propio ejército el que los llamó a prestar servicio, sin que ellos hayan tomado la iniciativa.
Según uno de los abogados de los muchachos, Ramiro Lozano, «los medios de comunicación son amarillista e irresponsables, venden la desgracia ciudadana, la presunción de inocencia no existe, presionan a los funcionarios judiciales que son amenazados por los mandos militares y presionados por los medios. Antes de que los abogados hablaran con ellos, ya estaban los oficiales en los medios diciendo que eran guerrilleros«.
Hilda Rojas, tía de uno de los muchachos (Yeison), quejándose amargamente de la tragedia que su familia está atravesando, plantea el abismo que existe entre la comunidad y el ejército, así como el efecto perverso de la política de informantes a sueldo:
«Ay no pues, la angustia que se siente en el corazón, viendo a estos muchachos estar presos así, tan inocentemente. Ellos han sido personas de la comunidad, honestas, trabajadoras, que la gente los quiere aquí, cientos de personas firmaron una carta pidiendo su liberación. Y están ahí porque una vieja ha andado inventando cosas por plata. El ejército le ofreció una plata y eso es lo que yo creo que le dañó el corazón«.
Mientras el sistema judicial y el ejército se ensañan contra estos cuatro jóvenes, en la comunidad el respaldo hacia ellos ha sido absoluto, recogiéndose más de 600 firmas pidiendo su liberación en diferentes veredas de La Marina y sus alrededores (La Granja, Aguas Claras, Las Juntas, San Pablo Ambeima, San Fernando, Santuario, Florestal Ambeima, San Pedro Ambeima, Alto Ambeima, El Cauchal, Dosquebradas, Espíritu Santo Albania, La Primavera, Espíritu Santo Balcones, San Marcos). A su favor también han declarado los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de San Fernando, El Cauchal, Las Juntas, Aguas Claras, así como la Corregidora de La Marina.
Lucero Váquiro vuelve y juega
Esa «vieja» con el corazón dañado, de la que hablaba la tía de Yeison, que inventa cosas a cambio de plata del ejército y que es la testigo clave en este caso, no es otra más que Lucero Váquiro. Ella no es un rostro nuevo, habiendo inculpado a ocho campesinos en el caso de «los presos de La Marina»[5], proceso que cayó por falta de méritos, por vicios procesales y por falso testimonio de los testigos de la parte acusadora. Actualmente, la Fiscalía General está realizando una investigación a raíz de la denuncia penal con fecha 9 de Mayo interpuesta ante este organismo por los familiares de los acusados en este caso[6]. Pese a haberse demostrado la maraña de mentiras en que han incurrido estos informantes-testigos, que presumen de desmovilizados aunque nadie en la comunidad lo atestigüe y ni siquiera aparezcan como tales en los registros oficiales, el testimonio de Lucero Váquiro sigue siendo aceptado como evidencia clave en el proceso contra los cuatro soldados.
A diferencia del sólido respaldo que han recibido los cuatro muchachos por parte de la comunidad, no hay muchas personas, aparte de la fiscal y el juez que llevan el caso, que den credibilidad a las declaraciones de Lucero Váquiro. De hecho, un campesino nos comentaba que «acá están comprando testigos, que es gente perezosa que le dan plata para denunciar a cualquiera«[7]. Ni siquiera las personas más allegadas a ella dan crédito a sus declaraciones y desmienten que sea desmovilizada de la insurgencia. Carlos Parra, uno de los abogados de los muchachos explica que:
«En Colombia las personas por alguna razón se venden. Lucero se consiguió uno de inteligencia militar como amiguito, y ellos acuerdan declarar en contra de estos soldados. Les prometen dádivas, una casita, becas, que los van a sacar del país, y entonces venden al hijo del paisano y se convierten en informantes«.
Sobre el testimonio de Lucero Váquiro, agrega el abogado Parra:
«Existen contradicciones importantes en sus testimonios. Primero dice que los muchachos son de las FARC, que pertenecen a esta organización. Después, sorpresivamente, cambia su testimonio y dice que le vendían información interna del ejército a los guerrilleros, que les avisaban por dónde pasaría la tropa para que atacaran. Vea que la misma mamá y su mejor amiga desvirtúan su testimonio«.
Efectivamente, tanto la madre como una amiga íntima de Lucero Váquiro, desvirtuaron el testimonio de esta mujer. La madrina de uno de sus hijos, en declaración jurada ante la notaría 6ª del Círculo de Ibagué (18/10/11) declaró que:
«me consta que la señora no pertenece a ningún grupo armado al margen de la ley. Me consta que a la señora no le gusta trabajar honradamente y en el ejército le dieron plata para que diera información y ella se viene inventando calumnias contra unos muchachos que están detenidos (…) sé que está engañando a la Justicia, diciendo que es informante. Sólo lo hace para ganar plata. Me consta que la señora se adueña de lo ajeno, ya me ha tocado pagar cosas que ella ha cogido»
Su propia madre, Martha Inés Ortiz Campos, ha declarado en dos ocasiones, bajo juramento, en contra de Lucero Váquiro en la notaría de Chaparral:
«Declaro que mi hija Lucero Váquiro Ortiz nunca ha sido guerrillera ni está relacionada con grupos al margen de la ley (…) lo que ella ha dicho está mal hecho, porque los cuatro muchachos que se encuentran detenidos (…) son inocentes» (01/11/11)
«me consta que ella no pertenece a ningún grupo al margen de la ley, no es desmovilizada de ningún grupo subversivo y que nunca he visto en ella actitudes o comportamientos que demuestren lo contrario» (19/09/11)
Otras declaraciones juradas ante la notaría de Chaparral, califican a Lucero Váquiro de «sinvergüenza», «vagabunda». Vecinos de La Marina y familiares de los inculpados indican, en carta a la personera de Chaparral, Angela Consuelo Varón, fechada el 18 de Abril del 2012 que ella era beneficiaria del programa familias en acción lo cual es sumamente improbable si en esos momentos hubiera estado en el monte de guerrillera. Las relaciones de Lucero Váquiro con personas del ejército son bien conocidas, y es la propia madrina de su hijo quien la fustiga diciendo, en la declaración jurada ya citada, que, «si supuestamente fuera guerrillera, no se revolcaría con varios soldados, porque me atrevo a decir que es una mujer de la vida fácil«. No queremos, ni nos corresponde, posar de jueces morales de nadie; claramente Lucero Váquiro tiene derecho a conducir su vida sexual y amorosa como se le dé la gana. Pero es extraño que una persona con tanta proximidad con el ejército, que incluso tuvo un amante de la inteligencia militar, aparezca, de repente, como guerrillera desmovilizada.
Los mismos guerrilleros que se encuentran presos rechazan que Lucero Váquiro haya sido una de ellos. En la audiencia del 25 de Abril en contra de los ocho campesinos de La Marina, se acogió el testimonio de John Jader Ferreira Mendoza, el ya mencionado comandante Estiven, quien al momento de ser capturado pertenecía al Frente 21 de las FARC-EP (al cual, supuestamente, también habría pertenecido Lucero Váquiro). En este testimonio, Estiven afirma conocer a Lucero Váquiro, pero no la reconoce como guerrillera desmovilizada, sino que como hermana de un «desertor» de esa guerrilla, conocido como «Navarro». Según él, se le habría acercado un par de veces para tener noticias de su hermano, pero que nunca habría manifestado ningún interés en el movimiento[8]. Para hacer valer el testimonio de Váquiro, Estiven ha sido sometido a pruebas de ADN por la fiscal para evaluar su supuesta paternidad de uno de los hijos de Váquiro… ¡cómo si eso fuera prueba concluyente de la veracidad del testimonio de Váquiro o de su pertenencia al movimiento guerrillero!
Según el abogado Parra existiría un problema de voluntad política para esclarecer este caso:
«Mire, el Ejército y la Fiscalía están amangualados para que no se les caiga el falso positivo que armaron, en el cual trataron de dar un escarmiento a los soldados. Es un castigo ejemplificador que les interesa que no se caiga para poder atemorizar a los otros soldados en las filas, aún cuando estos muchachos sean inocentes«.
El cártel de testigos
«Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que convirtió al país en un Estado de policías y terroristas del Estado, quién intentó convertir esto en una nación de espías, quién fue el que concibió el macabro plan de convertir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes, quién, quién está detrás de esto.«
(Editorial de Juan Gossaín, RCN, 16 de Abril, 2010)
La existencia de un «cártel de testigos», montado con informantes a sueldo, es denunciada de manera airada por miembros de la comunidad así como por personas que siguen de cerca la situación en esta zona del municipio de Chaparral. Reinel Villabón Leal, antiguo inspector de policía de La Marina y dirigente de SINTRAGRITOL (Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima) nos comentaba en Noviembre pasado respecto a la precaria situación que se vive bajo la consolidación militar, que «lo más grave es que se están fabricando desmovilizados con el fin de enjuiciar a gente trabajadora.«[9]
También la corregidora de La Marina, Diana Milena Hernández, se ha pronunciado al respecto: ella envió, el 8 de Septiembre del 2011, una carta a la fiscalía segunda especializada de Ibagué, en la cual denuncia que los informes de inteligencia en los cuales se basan las denuncias:
«de inteligentes nada tienen, sino que son elaborados con base en chismes y comentarios de gentes que por granjearse una comisión, van acusando indiscriminadamente a personas (…) La opinión pública y los entes investigadores y de control del país saben que estas injusticias también las comete la fuerza pública y son investigadas como los ‘Falsos Positivos’. Este es otro de ellos.»
En el caso mencionado de los «presos de La Marina», sabemos, a ciencia cierta, que al menos 5 de los supuestos guerrilleros desmovilizados que habían señalado a los campesinos como «milicianos» y «auxiliadores», no habían siquiera pasado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), ente que regula el proceso de desmovilizaciones. Estos cinco testigos –Jeferson Rodríguez Giraldo, Jhonatan Mauricio Mora, José Rodrigo Vera Yate, José Ovidio Lasso y Alexander Oviedo Clavijo– no aparecían en la base de datos de este organismo[10]. El abogado Gustavo Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, se refirió a estos testigos, diciendo que «no son reinsertados, nunca fueron guerrilleros, son testigos pagos de la Fiscalía en Ibagué. Son mercenarios: utilizan a estos mismos testigos en otros procesos«.[11]
El testimonio de Lucero Váquiro muestra, como ya lo hemos señalado contradicciones flagrantes y ha sido cuestionado por personas de la misma comunidad como parte de este cártel de testigos. Un sentido elemental de la justicia demanda que este cártel caiga, que se compense a quienes han sufrido de estas arbitrariedades, que se permita la recomposición del tejido social dañado por estas maniobras y que se identifique quién está detrás de este plan macabro, en qué instituciones se esconden, que fines persiguen, quién los tolera y alienta. Porque esto no es un problema de unos cuantos campesinos que venden su conciencia. Acá hay una estrategia de Estado y este problema debe ser arrancado de raíz. Caiga quien caiga.
¿Se hará justicia? El doble rasero de la «justicia» colombiana
Estos muchachos han pasado ya dos años de su juventud tras las rejas, gracias a los abusos que se vienen cometiendo en nombre de la lucha contrainsurgente, gracias al uso de «mercenarios» a sueldo como informantes. La fiscal que lleva el caso, María Isabel Núñez, parece empecinada en alargar el caso y asegurarse que estos muchachos pierdan la mayor parte posible de sus vidas tras las rejas con tal de figurar como una fiscal estrella en la lucha contra los llamados «terroristas». Este juicio, sin embargo, está llegando a un momento clave. Como nos explica el abogado Carlos Parra:
«estamos en la etapa del aporte de pruebas de la defensa. En la audiencia preparatoria, la fiscal apeló la decisión y se fue al tribunal. La fiscal viene del Guamo y trabajó también en El Espinal… la trajeron a Ibagué hace poco, y acá asume la investigación que empezó el doctor Gustavo Ocampo. Ahora ella es titular del despacho. Ella se empecinó en apelarnos la decisión para demorar el caso, esto fue en la última audiencia del 24 de Septiembre y ahora pasó a tribunal, con lo cual estamos todavía esperando audiencia para no sabemos cuándo. Está tratando de dilatar el proceso. Nosotros sabemos de la absoluta inocencia de este muchacho [ie., se refiere a Yeison, caso específico que lleva este abogado]. El Sr. Juez tiene que caer en razón, no sé por qué la gente le camina tanto a esta fiscal.»
Contrasta fuertemente este celo en perseguir, aún sin pruebas, a estos muchachos acusados de rebelión con la letal inoperancia de la «justicia» en casos de violencia contra la mujer (como recientemente lo ha demostrado el estremecedor caso de Diana Castañeda[12]), o en su desinterés en castigar crímenes contra reclamantes de tierras o dirigentes sindicales. Tampoco muestra la «justicia» el mismo entusiasmo en condenar a los militares vinculados al paramilitarismo o sospechosos de haber cometido falsos positivos.
Mientras estos cuatro soldados, por ser acusados de rebelión, se pudren en la mazmorra de Picaleña, sin agua corriente, sin alimentos, los soldados que asesinaron a miles de muchachos inermes en los «falsos positivos» se jartan con whiskey, con ron, comen a cuerpo de rey y son visitados por prostitutas en la base militar donde cumplen su condena, el llamado «Tolemaida Resort«[13]. Mientras estos soldados acusados de rebelión pasan penurias porque sus familias, de muy escasos recursos tienen que hacer indecibles sacrificios para costear los gastos del proceso, a los soldados acusados de paramilitarismo o «falsos positivos», y otros crímenes propios de la estrategia de «guerra sucia» (que incluyen violación, infanticidio, desaparición forzada, etc.), se les financia la defensa, mediante organismos como la Defensoría Militar (Demil)[14] y ahora -desde que comenzó todo el debate en torno a la ampliación del fuero militar- la propuesta es que sea el propio Estado, con fondos de los contribuyentes (incluidas las víctimas), quien financie directamente a los militares acusados de crímenes atroces[15].
Este caso nos demuestra el doble rasero con el que opera la mal llamada justicia colombiana, que protege a capa y espada a los militares culpables de crímenes atroces, y persigue implacablemente a los soldados que se sospeche (con pruebas o sin ellas) de simpatizar con la insurgencia. El concepto de «seguridad jurídica» para los militares, tan caro para los uribistas, obviamente se aplica solamente a quienes practican el terrorismo de Estado y el paramilitarismo. La naturaleza del Estado colombiano, que utiliza las cortes como armas de la guerra sucia, queda así al desnudo.
Ante toda la evidencia a favor de Wilmer, Bilman, Yeison e Isidro, no podemos sino hacernos varias preguntas: ¿cuándo se va a acabar a guerra sucia contra los campesinos del Tolima? ¿Cuándo se acabará esta incesante persecución y acoso constante contra la comunidad de La Marina? ¿Cuántos falsos positivos judiciales más tendrán que salir a luz para que esta situación quede en evidencia? ¿Cómo es que estos muchachos han podido pasar ya dos años tras las rejas sin ninguna evidencia sólida? De momento, lo único que parece ser que aún mantiene a estos cuatro muchachos tras las rejas, es el empecinamiento de la fiscal y el doble rasero de la «justicia» colombiana, generosa con quienes sirven a las élites políticas y económicas, inquisidora y mezquina con las mayorías empobrecidas.
Notas:
[1] «La Nueva Realidad de las FARC», pp.16-17.
[2] http://colombiareports.co/defeating-farc-in-traditional…army/
[3] Para más detalles de este proceso de desvirtuar el delito político, ver el documento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo «¿Terrorismo o Rebelión? Propuestas de Regulación del Conflicto Armado», Bogotá, 2001.
[4] Ver edición del Viernes 9 de Septiembre, 2011.
[5] Sobre los antecedentes de este caso, revisar http://www.anarkismo.net/article/24716 Sobre la caída de este proceso, revisar http://www.anarkismo.net/article/25903 Las opiniones de los presos liberados se pueden encontrar en http://www.anarkismo.net/article/25916 y http://www.anarkismo.net/article/25923 Sus cartas, escritas en la prisión, se encuentran en http://www.anarkismo.net/article/25438
[6] http://www.anarkismo.net/article/25694
[7] http://anarkismo.net/article/24716
[8] http://www.anarkismo.net/article/25694
[9] http://anarkismo.net/article/24716
[10] http://www.anarkismo.net/article/25345
[11] http://www.anarkismo.net/article/25694
[12] http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-dian…548-3
[13] http://www.semana.com/nacion/articulo/tolemaida-resort/…791-3
[14] ONG cuyo financiamiento y accionar ha sido ha sido objeto de fuertes cuestionamiento http://www.defensoriamilitar.org/ También se ha cuestionado su finalidad http://m.elespectador.com/noticias/judicial/otro-senalamiento-defensoria-militar-articulo-305154
[15] http://www.eltiempo.com/justicia/fondo-para-defensa-de-…115-4
Anexo
Carta enviada a comienzos de Octubre (2013) por los cuatro soldados de La Marina presos en Picaleña
Doctor,
Lo saludamos deseándole éxitos en sus labores diarias. Wilmer Javier Pérez Parra cc 1.106782139; Isidro Alape Reyes 1007287516; Yeison Orlando Castañeda Rojas cc 1.106775550 y Bilman Useche Pava cc 1.106.782.162, recluidos en la cárcel Coiba Picaleña, Bloque 5 patio 143, Ibagué, departamento de Tolima, nos dirigimos a usted con el fin de ser escuchados y que nos puedan ayudar en esta situación en que nos encontramos recluidos en este centro penitenciario y carcelario INPEC.
Se no están negando muchos derechos de los cuales como seres humanos que somos no se nos pueden negar. La situación de la alimentación es muy mala. Como todo ser humano tenemos un derecho fundamental que es el sol y se nos está negando. La situación del agua es muy difícil durante el día y la noche. La situación de la salud es muy complicada: los horarios de visita son muy cortos para poder ser visitados por nuestras familias. Debido a que nuestras familias son de escasos recursos se nos hace muy dura esta situación en la que estamos.
Por eso es que pedimos a la justicia que obre como debe ser y se aclare nada más que la verdad, y se demuestre nuestra inocencia, porque como personas inocentes que somos, no debemos estar en una situación como en la que estamos en este lugar.
Son dos años los que llevamos privados de la libertad, día tras día luchando contra esta injusticia que están cometiendo con nosotros. Cada remisión que nos sacan, estando nuestras familias, no tenemos el derecho ni de saludarlas, sabiendo que son nuestros seres queridos. Nos sacan y no nos dan ni de comer absolutamente nada. Es muy triste que como militares que somos, debido a que fuimos reclutados a la fuerza para prestar el servicio militar, el estado colombiano nos esté pagando tan mal después de ser servidores de ellos, imputándonos con unos delitos que no hemos cometido ni lo que nunca en la vida somos, dándole credibilidad a falsos testigos que están acusando injustamente sin corazón.
Nosotros somos personas de bien, no merecemos esto, necesitamos pronta solución a este problema y que en realidad obre la justicia como debe ser. La fiscalía nos aplaza las audiencias, negándonos los testigos, estando todo bajo el reglamento y las normas de la ley. Sólo queremos nuestra libertad para poder estar con nuestras familias que es lo que toda la vida hemos hecho. No siendo más, le agradecemos por su atención prestada y colaboración. Y que no se vulneren nuestros derechos. Eso es todo lo que pedimos.
ATT.
Wilmer Javier Perez Parra. cc 1.106782139
Yeison Castaneda Rojas cc 1.106.775.550
Bilman Useche Pava cc. 1.106.782.162
Isidro Alape Reyes cc 1.007.287.516
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.