Cabe advertir al lector que esta nota corresponde a ciertas impresiones que se me suscitaron en el marco de las dinámicas de movilización y reivindicación social de las últimas semanas (principalmente; estudiantiles, ANEF, huelga de hambre de los presos políticos mapuches y «caso-montaje» bombas). No pretende ser una reflexión profunda y documentada en detalle, exponemos, […]
Cabe advertir al lector que esta nota corresponde a ciertas impresiones que se me suscitaron en el marco de las dinámicas de movilización y reivindicación social de las últimas semanas (principalmente; estudiantiles, ANEF, huelga de hambre de los presos políticos mapuches y «caso-montaje» bombas). No pretende ser una reflexión profunda y documentada en detalle, exponemos, simplemente, algunas notas personales, necesitadas de crítica y contribución.
El argumento que se pretende esbozar aquí es que si bien se reconoce que ambos sectores políticos -Concertación y Alianza- gestionaron el Estado para el desarrollo del gran empresariado, haciendo manifiesto el carácter clasista de tal órgano social, la relación con el movimiento social, aunque con el mismo fondo -inhibir su impacto e incidencia-, ha variado -parcialmente- en su forma.
Al recordar el comportamiento del aparato del Estado respecto la movilización social durante los tiempos de la Concertación, cabe constatar la «ambigüedad» política característica de este conglomerado. Se hablaba de fomentar la «participación ciudadana» y el vínculo de los partidos políticos y el Estado con la «sociedad civil». En la práctica, la estrategia era fomentar una ciudadanía «organizada» en los términos y forma que se dictaban desde arriba. Era políticamente útil que existieran organizaciones sociales y que se presentaran en la vida pública, pero exclusivamente en la medida de que se ajustaran a las prácticas y discursos que la alta burocracia, y por ello, la clase capitalista, requería. Esto legitimaba a la clase política, supuestamente se escuchaba a la población, y se fomentaba su participación, aunque en realidad lo que se pretendía eran agrupaciones dóciles, institucionalizadas, vigiladas, supervisadas y reglamentadas desde el poder estatal. Todo atisbo de crítica real al sistema (e incluso a la conducción del modelo, sin siquiera avanzar más allá) sea de donde sea, era coercionada y criminalizada. Recordemos la violencia policial en las primeras marchas masivas de la «revolución pingüina» o la constante criminalización y violencia hacia la movilización mapuche. La estrategia fue, según lo dicho, fomentar un «movimiento» social obediente, reprimiendo y criminalizando toda agrupación, demanda y acción que escapara a los lineamientos estatales respecto la economía política.
En la actualidad, con la derecha conservadora en el poder, cambian en parte los métodos, no así los objetivos. No se cree en una «participación ciudadana» a partir de las organizaciones (incluso estando bajo la tutela estatal). Todo atisbo de congregación se observa con sospecha, es potencialmente peligroso, por lo tanto, aunque estas agrupaciones en un inicio sean clientelares, se prefiere no arriesgar una potencial «desobediencia». La participación política se limita a «la persona». La concepción de la sociedad como suma de individuos abstractos, supuestamente ajenos a la estructura social y sus clases, no se expresaría exclusivamente en el «sujeto económico», también en la práctica «propiamente» política (como si estas divisiones -economía/política- fueran factibles). Individuos van cada cuatro años a la urna, marcan su preferencia, debiendo olvidarse de toda movilización en los intervalos; el sueño del «sistema democrático». A partir de esto, la acción del Estado se orienta, a través de todos sus medios (coercitivos, comunicacionales, políticas públicas, etc.), simultáneamente, a la represión y criminalización de todo movimiento social, y -a su vez- fomento de la acción política y económica individual. De lo que se trata ahora no es de la institucionalización y ordenamiento para ser utilizado como instrumento de legitimación respecto su posición de poder; no debe existir población organizada. No se escatiman esfuerzos para reprimir marchas, movilizaciones y montar operativos policiales de diverso tipo.
¿Significa esto que existen profundas diferencias respecto la Concertación? Creemos que no. ¿El Estado, con la Alianza, refleja en mayor medida su condición de -como decía Lenin- «órgano de dominación de clase» [1] ? Tampoco. Como dijimos a un inicio, se observan matices en la relación con la población organizada y las acciones dirigidas hacia ella, pero aspirando a los mismos objetivos: control, orden y -principalmente- supresión de la movilización realmente crítica.
[1] Lenin, V.I. El Estado y la Revolución, Progreso, Moscú, 1970 [1917]. Pp. 143.
Matías Calderón Seguel: Antropólogo Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía (GICSEC), UAHC.
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