Mientras las autoridades chilenas apelan a diversas estrategias para rescatar a los 33 mineros atrapados en una mina en la norteña región de Atacama, trabajadores llaman a la dirigencia política a abordar los problemas de fondo que detonaron esta situación. «Nosotros saludamos al gobierno cuando se preocupaba exclusivamente de encontrar a los compañeros. Estuvimos tranquilos […]
Mientras las autoridades chilenas apelan a diversas estrategias para rescatar a los 33 mineros atrapados en una mina en la norteña región de Atacama, trabajadores llaman a la dirigencia política a abordar los problemas de fondo que detonaron esta situación.
«Nosotros saludamos al gobierno cuando se preocupaba exclusivamente de encontrar a los compañeros. Estuvimos tranquilos porque queríamos saber qué pasaba con ellos. Pero ahora que sabemos que felizmente están con vida, es hora de decir basta a tanto abuso», dijo a IPS el presidente de la sindical Confederación Minera de Chile (Confemin), Néstor Jorquera.
La Confemin agrupa a más de 18.000 trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica privada de Chile. Este país, con 17 millones de habitantes, es el principal productor de cobre del mundo.
El 5 de este mes, 32 trabajadores chilenos y uno boliviano de la mina San José, de donde se extrae cobre y otros minerales, quedaron atrapados a casi 700 metros de profundidad tras un derrumbe interior. De propietarios nacionales, el yacimiento se emplaza en la región de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago.
Luego de angustiosos 17 días de exploraciones con sondas, los mineros dieron muestras de vida enviando a la superficie notas que indicaban que se encontraban a salvo en un refugio. Los distintos planes de rescate que ejecuta en estos momentos el gobierno de Sebastián Piñera podrían demorar entre dos a cuatro meses.
Para Jorquera, la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas, adoptado en 1995 y que entró en vigor en 1998, sería la mejor forma de comprobar si es efectivo o no el renovado interés de los dirigentes políticos por mejorar las condiciones de trabajo al interior de los yacimientos.
Este instrumento ratificado hasta ahora por 24 países –sólo por Brasil y Perú en América Latina– obliga a normar legalmente cuestiones que fallaron en la mina San José, como la suspensión de las actividades por motivos de seguridad y la existencia de dos vías de salida independientes en yacimientos subterráneos.
«Si un trabajador se encuentra en una mina con condiciones que no le dan seguridad, automáticamente informa y deja de trabajar, y está protegido por el Convenio», explicó Jorquera. «Pero si tú haces eso hoy día en cualquier yacimiento (chileno) te despiden», aseguró.
La ratificación del Convenio 176 no figura hasta ahora dentro del paquete de iniciativas anunciadas por el gobierno derechista de Piñera en respuesta al grave accidente minero, que es investigado por la justicia.
El 23 de este mes, el mandatario creó la Comisión para la Seguridad en el Trabajo, con ocho expertos, para analizar las normas de higiene y seguridad laboral en un plazo de 90 días.
Otras medidas informadas el viernes 27 son la creación de una Superintendencia de Minería, la reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería, el aumento del financiamiento para la fiscalización y la conformación de un comité asesor, de nueve expertos, para revisar el Reglamento de Seguridad Minera.
Pero diversos actores, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición centroizquierdista que gobernó Chile entre 1990 y marzo de este año, criticaron la total ausencia de dirigentes sindicales y actores sociales en esas comisiones.
Además de la ratificación del Convenio 176, Jorquera llamó a centrarse en el problema de fondo que, a su juicio, es la débil legislación laboral existente, que impide fortalecer la sindicalización, que debilita las huelgas y que avala que los trabajadores subcontratados no gocen de los mismos beneficios que los contratados por las empresas mandantes.
«Todo lo que está pasando es consecuencia de la mala legislación que tenemos. Yo no le echo la culpa a este gobierno, pues el problema viene de mucho tiempo atrás. No hay voluntad de querer realmente cambiar las cosas», no sólo para los mineros, criticó.
«Los grandes responsables del accidente son la poca conciencia del empresariado y el apoyo directo e indirecto que le da el Estado» al no detener los abusos de los que son víctimas los trabajadores, acusó.
Es el caso de la mina San José, de la compañía San Esteban, que en dos décadas fue objeto de varios accidentes fatales y fiscalizaciones que sólo derivaron en recomendaciones y suspensiones temporales. Pocas semanas antes del derrumbe, la empresa había sido nuevamente autorizada a funcionar luego de que un minero perdiera una pierna en medio de la faena.
En 2009, se registraron 191.685 accidentes laborales en todo el país y 443 muertos en estas circunstancias. En el primer trimestre de este año los fallecidos ascendieron a 155.
«Nuestra normativa es relativamente rigurosa y exigente, aunque podría mejorarse. El problema es otro», dijo a IPS Carmen Espinoza, directora del no gubernamental Programa de Economía del Trabajo y académica de derecho del trabajo y seguridad social de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
El nudo crítico, a su juicio, «es la falta de cultura de prevención de parte de las empresas, principalmente, y de los trabajadores, que por razones lógicas siempre están pensando en mantener el empleo más que en la seguridad de su trabajo». Por otro lado, «están las precarias condiciones de las instancias de fiscalización», agregó.
«En materia de seguridad estamos lejos de que las organizaciones sindicales recuperen el rol activo que tenían en el pasado», por falta de información, capacitación y fuerza, cuestionó Espinoza.
«Nosotros creemos que el aumento de la sindicalización ayudaría a equilibrar las regulaciones de seguridad, más allá de las sanciones a las empresas», dijo a IPS Marco Canales, consejero nacional de la CUT, la principal organización sindical del país, también preocupada por los trabajadores de la construcción y de la agricultura, entre otros.
«Muchas veces (los integrantes de) las comisiones de seguridad al interior de las empresas, al no tener un respaldo legal, al no existir sindicato o no tener fuero terminan siendo despedidos por denunciar las anormalidades que ocurren. Creemos que estos elementos están excluidos de la discusión en este gobierno», planteó el dirigente.
En 2009, la tasa de sindicalización alcanzó a 12,5 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada, según la gubernamental Dirección del Trabajo, muy por debajo del promedio de los países industrializados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entidad a la que Chile ingresó este año.
«Creo que lo que no se ha atendido suficientemente en el debate actual es el rol que cumple nuestro contexto constitucional. Mientras se siga teniendo como centro la fuerza que se le da al rol económico, difícilmente vamos a tener mejoras en lo que es el desarrollo de las personas», reflexionó Espinoza.