A modo de escapulario, Blanca Nubia Correa porta la fotografía de su sobrino desaparecido. El retrato es de un muchacho sonriente, que usa camisa blanca y sostiene una rosa roja. Cuenta que se llamaba Juan Camilo, tenía quince años y estudiaba el bachillerato. La última vez que lo vio su familia fue la tarde del […]
A modo de escapulario, Blanca Nubia Correa porta la fotografía de su sobrino desaparecido. El retrato es de un muchacho sonriente, que usa camisa blanca y sostiene una rosa roja. Cuenta que se llamaba Juan Camilo, tenía quince años y estudiaba el bachillerato. La última vez que lo vio su familia fue la tarde del 2 de mayo de 2003 en el sector Villa Laura, de la Comuna 13.
«A las cinco de la tarde, vino de mercar con la abuelita. Luego, salió a tomarse una gaseosa y no lo volvimos a ver», recuerda. «Desde ese día, hemos denunciado y lo hemos buscado: nos dijeron que estaba por tal parte y por allá fuimos, pero no lo encontramos; ni siquiera hemos recibido una llamada para saber de él».
Es jueves 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, por lo que ella y otras integrantes de la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad se reúnen en la entrada de La Arenera, una cantera explotada por la empresa El Cóndor S. A. en el occidente de Medellín. Mientras se resguardan del sol bajo árboles, insisten en que en ese depósito de material de construcción estarían enterrados algunos de sus familiares retenidos y asesinados.
«En Colombia hay más de 86.000 desparecidos», se lee en una de las pancartas que exhiben durante el plantón. Ese es el dato que calculan las organizaciones de víctimas y defensoras de DDHH, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al cual se halla adscrita la Asociación y sus cerca de 180 integrantes.
Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sitúa la cifra en 82.998, en un periodo comprendido entre 1958 y el 15 de noviembre de 2017. Eso sin tener en cuenta el subregistro, que impide tener claridad sobre el total de víctimas de desaparición forzada que hay en el país.
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Entre las mujeres que participan en el plantón está Martha Soto, coordinadora del Movice en Antioquia. Sostiene un documento de 38 páginas, firmado por ella y otras ocho personas. Es la copia de un membrete que, el día anterior, le enviaron a Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De aquel, lee un fragmento para periodistas y funcionarios:
Le solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que decrete medidas cautelares anticipadas sobre los 16 lugares, ubicados en cinco departamentos, donde se presume que existen restos de personas dadas por desaparecidas, con el objetivo de reparar a las víctimas y preservar la memoria colectiva del conflicto.
Luego, Soto precisa que cuatro de esos lugares se hallan en Antioquia, uno de los departamentos con más víctimas del conflicto armado interno. Así lo evidencia el Registro Único de Víctimas (RUV): de los 47.080 casos de desaparición forzada que se han denunciado en el país -la mayoría de los cuales se halla en la impunidad-, 11.153 son de esta región.
Crónica completa en Agencia de Prensa IPC: https://wp.me/p6ZuQq-2IB