En los años 90, con el retorno a una «democracia tutelada», los chilenos fuimos bombardeados con una batería de palabras y conceptos engañosos propios del neoliberalismo, capitalismo salvaje o simplemente Capitalismo. Los medios de comunicación, la casta política que se alterna en el gobierno bajo las etiquetas publicitarias de «derecha» y «centro-izquierda» (léase «centro-derecha», PC […]
En los años 90, con el retorno a una «democracia tutelada», los chilenos fuimos bombardeados con una batería de palabras y conceptos engañosos propios del neoliberalismo, capitalismo salvaje o simplemente Capitalismo. Los medios de comunicación, la casta política que se alterna en el gobierno bajo las etiquetas publicitarias de «derecha» y «centro-izquierda» (léase «centro-derecha», PC incluido) y los programas de estudio de 50 universidades privadas, popularizaron palabras como «economía de mercado», «competencia», «eficacia de lo privado por sobre lo público», «auto emprendimiento», «consumidores», «individualismo», en suma, la terminología propia de Hayek y Friedman, de Margaret Tatcher socia de Pinochet y de los Chicago Boys (1)
Como resultado directo del sistema económico impuesto por 17 años de dictadura militar y el consiguiente bombardeo mediático, en los últimos años los trabajadores chilenos no visualizan perspectivas de cambio a corto plazo, quizás porque cuesta pensar cuando se trabaja 12 horas diarias (somos «trabajólicos», según el ex presidente Ricardo Lagos quien, casi octogenario, se repostula a la presidencia de la república), cuando se perciben salarios que nos sitúan en el límite de la pobreza y en el segundo lugar de países con mayor nivel de desigualdad, presos a perpetuidad y sin fianza de las tarjetas de crédito, sin derecho a formar sindicatos ni a otras garantías laborales (gracias al código del trabajo elaborado en dictadura por José Piñera, hermano de Sebastián, ex presidente y también seguro candidato presidencial de la derecha). «Bondades» del modelo chileno que no se publicitan puertas afuera, pero que puertas adentro se expresan en corrupción (2), financiamiento irregular de todos los partidos políticos mediante boletas manipuladas (eufemísticamente bautizadas como boletas «ideológicamente» falsas…), colusión de las farmacias, colusión de los pañales, caradura de empresarios emparentados con políticos (el llamado caso Caval), crisis económica, robo de las pensiones por la AFP, desempleo creciente, despidos de profesores, tentativas de cierre de las pocas escuelas artísticas que aún subsisten (casos LEA y LEA-Barroso), iniciativas para excarcelar a criminales involucrados en violaciones a los derechos humanos, continuidad del lucro en la educación, campañas anti-inmigrantes, negociados de Lucía Iriart de Pinochet con los bienes de CEMA… y un largo etcétera. Los altos índice de abstención electoral demuestran que cunde la indignación e impotencia, más aún cuando las causas contra los empresarios corruptos terminan siendo sobreseídas una tras otra.
A todo lo anterior se suma la total indiferencia, si no el desprecio por la vida de los trabajadores que demuestra el gobierno de turno ante la huelga de los 183 trabajadores de la mina de carbón Santa Ana de Curanilahue (provincia de Arauco, a unos 600 km de Santiago, región que se caracteriza por su pobreza, opresión al pueblo mapuche y depredación de la naturaleza por las forestales). Una mina que la empresa nacional del carbón (Enacar) y la Corfo prácticamente le regalaron en 2008 a Paul Fontaine y Rodrigo Danús (3). Actualmente Danús figura como único dueño de la mina -cabe recordar que en los 80 este miembro de la farándula reconvertido a empresario, militaba en el grupo de ultraderecha G-51.
El 17 de agosto los trabajadores de Santa Ana paralizaron sus labores porque desde el mes de junio no se les pagaban sus salarios ni sus cotizaciones previsionales y desde hace un mes, 70 mineros se mantienen a 650 metros bajo tierra, después de que las autoridades echaran pie atrás en el compromiso de adquirir el yacimiento de carbón para mantener activa esta fuente laboral. Los 70 trabajadores de Santa Ana pasaron la Navidad bajo tierra con sus esposas e hijos y hoy pasan el Año Nuevo en las mismas condiciones.
No puedo dejar de recordar que fueron trabajadores de Curanilahue los que en noviembre de 1973 acogieron a mi padre en su casa cuando después de torturarlo los militares lo echaron a la calle minutos antes de que comenzara el toque de queda. Y que fueron trabajadores de Curanilahue los que cada día enviaban anónimamente pan y café a las decenas de dirigentes sociales y políticos detenidos a instancias de los latifundistas locales y trasladados hasta la comisaría de Curanilahue desde diversos puntos de la provincia, para ser torturados por militares chilenos, asesorados por militares brasileños (4) .
En medio del jolgorio de las fiestas de fin de año apenas si se escucha la voz de los mineros de Santa Ana exigiendo el pago de sus salarios y el cumplimiento de las promesas de conservar su fuente de trabajo. Evidentemente, otros son los temas que interesan a quienes nos gobiernan. La nominación del candidato presidencial, por ejemplo, o la campaña que emprendió Jaime Campos, nuevo ministro de la cartera de justicia, para entregar beneficios a condenados con enfermedades terminales, incluidos quienes cumplen condena por crímenes de lesa humanidad. Al respecto, cabe señalar que hace dos días la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el secuestro, asesinato y degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985. Otro organismo del Estado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), también dejó claramente establecidas sus simpatías, porque no sólo no ha procesado a Rodrigo Danús por actividades fraudulentas en el manejo de los traspasos de la mina Santa Ana y el cese de pagos a sus trabajadores, sino que acaba de desistir de someter a proceso a las empresas Kimberly Clark y CMPC del grupo Matte, que se coludieron para fijar los precios de los pañales.
Frente a tan sombrío panorama, en este año 2017 que acaba de comenzar sería necesario y saludable cambiar la brújula que orienta la marcha de nuestro país, comenzando por solidarizar con las justas reivindicaciones de los mineros de Santa Ana de Curanilahue y con todas las luchas de trabajadores que se desarrollen a lo largo de este año. Éste sería el primer paso para reabrir las puertas de la esperanza, para revertir la actual situación de mediocridad y desesperanza políticas y para poner coto a la sobreexplotación que nos agobia desde hace tantas décadas. También el primer paso para abandonar el léxico capitalista y recuperar el nuestro: solidaridad y organización de los trabajadores, lucha sindical y social anticapitalista, unidad de los trabajadores frente a la patronal, respeto por los derechos de los trabajadores, recuperación de los derechos sociales conculcados (educación, salud, pensiones, vivienda).
Porque de nosotros, de nuestra capacidad de organización y lucha, depende la posibilidad cierta de cambiar el presente para construir un futuro digno para los trabajadores de Chile.
Notas:
(1)Ver ilustrativo documental https://www.youtube.com/watch?v=2l7SMpFPxv8).
(2) Ver http://www.radiodelmar.cl/2015/01/el-caso-penta-y-la-ley-longueira-de-privatizacion-pesquera/
(3) Para mayor información sobre este último «regalo» del Estado a empresarios privados, ver: http://www.theclinic.cl/2015/08/27/como-el-estado-le-regalo-la-ultima-mina-de-carbon-en-curanilahue-a-la-dupla-danus-fontaine/
(4) Del testimonio «Para que la impunidad no se imponga», en Cien voces rompen el silencio: testimonios de ex presos de la dictadura militar en Chile. (1973-1990) Kunstman, Wally. & Torres, Victoria DIBAM, Santiago de Chile, 2008.
Vicky Torres, Activista de derechos humanos, Chile
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.