‘El juraméntico jamás cumplídico Es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos, ni los paquíticos Tienen la cúlpica señor fiscálico.’ Violeta Parra El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores se une a las denuncias que desde todos los sectores sociales, organismos de los pueblos originarios, de derechos humanos y […]
‘El juraméntico jamás cumplídico
Es el causántico del desconténtico.
Ni los obréricos, ni los paquíticos
Tienen la cúlpica señor fiscálico.’
Violeta Parra
El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores se une a las denuncias que desde todos los sectores sociales, organismos de los pueblos originarios, de derechos humanos y de opinión pública, a nivel del país e internacional, se han hecho oír condenando la ingerencia del gobierno en la administración de justicia, al intentar realizar torpe y burdamente montajes judiciales y aplicación ilegal de leyes como las antiterroristas, en el caso de los juicios contra activistas y dirigentes del pueblo mapuche, intento que también se viene haciendo contra ex prisioneros políticos y participantes de movimientos antisistémicos.
El gobierno y el poder judicial están aplicando veladamente las leyes antiterroristas, pese a que el primero empeñó su palabra ante mediadores de la Iglesia Católica, para desistirse de su aplicación. Sin embargo, los juicios contra dirigentes mapuche se han seguido desarrollando en el contexto de dichas leyes.
No se puede calificar de «conductas terroristas» al accionar de grupos o personas que han manifestado el descontento de un pueblo frente a situaciones por siglos no resueltas en este país, así como el derecho a expresar las demandas diversas frente a un sistema económico, social y cultural de injusticia manifiesta. En el caso de los mapuche, los juicios están llenos de aberraciones jurídicas y el Gobierno lo sabe, pero lo que busca es aplicar precisamente un régimen de terror contra la disidencia. Compárense los cargos presentados contra activistas mapuche, con las conductas que se han tipificado como terroristas en los contextos de otros países y organizaciones que nada tienen que ver con nuestra realidad. Aténgase el gobierno y el poder judicial a los tratados internacionales, que son ley en Chile, relativos a los derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que expresan que los Estados deben disuadirse de aplicar las mismas penas en el caso de los indígenas, por las razones jurídicas que se señalan expresamente en el Convenio 169 de la OIT y otras cartas de valor internacional.
Denunciamos los permanentes apremios ilegítimos que se viven al interior de las cárceles, para chilenos y mapuche, tanto contra prisioneros de conciencia como contra reos comunes, prácticas que exceden y violentan el sentido de la privación de libertad y sólo buscan destruir la calidad humana de los reclusos. Ejemplo patético ha sido la tragedia de la cárcel de San Miguel, que pone al descubierto un sistema causante de atrocidades contra la dignidad que bajo ninguna situación se puede desconocer al ser humano.
Este descontento no será aplastado mediante montajes judiciales, sino están el Estado y la sociedad chilena dispuestas a cambiar las políticas con que han sometido a los pueblos indígenas, y asimismo si no hay transformaciones profundas del sistema económico, del aparato educacional, de la administración de justicia, de las políticas sociales, para enfrentar las desigualdades que han abierto inzanjables brechas entre las clases y sectores de la sociedad. No será la solución criminalizar las demandas sociales de mapuche, de rapa nui ni de chilenos, porque las causas de fondo seguirán generando el derecho a la disidencia y a la rebeldía, hasta conseguir justicia. La rebeldía de los pueblos es precisamente consecuencia de la desidia y el engaño con que los gobernantes han tratado al mundo popular, al incumplimiento de acuerdos sociales y de promisorios y engañosos programas de gobierno que han buscado captar el voto de los actores sociales, pero no se concretan con honestidad y no han mostrado efectividad, pertinencia ni consulta a los involucrados.
Llamamos a los movimientos sociales y políticos, a las organizaciones humanitarias, de cultura, de derechos ciudadanos y a la opinión pública en general, a difundir la situación de los prisioneros políticos mapuche y chilenos, víctimas de montajes judiciales, pero también a no quedarse conforme con la emisión y difusión de declaraciones como ésta, sino además a manifestar su solidaridad efectiva y concreta con ellos. A acercarse a conocer la realidad del pueblo mapuche, ante las organizaciones que han defendido sus derechos y dado a conocer su situación; a visitar a los prisioneros para que los carceleros sepan que no están solos a merced de los abusadores y que sigue habiendo solidaridad entre los pueblos. A apoyar las manifestaciones por la libertad de los prisioneros y por el fin a los montajes judiciales y apremios contra los luchadores sociales. Llamamos una vez más a generar una Nueva Relación entre la sociedad mayoritaria y los pueblos originarios y a expresarla en gestos concretos de pueblo a pueblo, de persona a persona.
También llamamos a solidarizar de manera efectiva con los prisioneros sociales, reos cuya situación es consecuencia de la profunda crisis económica, social, ambiental, cultural y valórica que vive nuestra sociedad bajo el imperio del gran capital.