El presidente colombiano Iván Duque transita un último año de gobierno que promete ser muy intenso: lejos de su proclama en el Congreso de dar el “salto de desarrollo humano más grande de los últimos tiempos”, sobrevive un latente estallido social mientras la desaprobación de su gestión sigue en aumento y llegó a 75 puntos. Apenas el 20 por ciento de los colombianos aprueban la labor del jefe de Estado.
El 78 por ciento de los encuestados afirmó estar de acuerdo con el paro nacional, las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra una iniciativa ya archivada para gravar con más impuestos a la clase media, repitiendo el estallido social de 2019. En estos tres años de agitación han sido muertos al menos 70 personas y más de cien líderes sociales han sido asesinados en que va del año.
La oficial encuesta de Pulso Social señala que a la mayoría de ciudadanos solo les alcanza para vivir ya que sólo uno de cada diez colombianos puede ahorrar parte de sus ingresos. Al 90 por ciento, los ingresos apenas les alcanza para cubrir sus necesidades. El 81,5 % de los hogares que se clasifican como pobres indicó que no puede guardar parte de sus ingresos, pero el 73,8 % de los que no son pobres tampoco lo pueden hacer.
Miles se han volcado a las calles para repudiar la gestión de Duque. La pobreza alcanzó al 42% y el desempleo ronda el 15%, mientras el empleo informal es generalizado. Para los colombianos, la corrupción es el problema más preocupante, seguido del desempleo que afecta a un millón 800 mil personas, el orden público y el coronavirus.
Según el banco de Alimentos, doce millones de personas físicamente pasan hambre. La crisis agrícola generalizada, derivada de la caída de la demanda de alimentos tras la crisis pandémica y del encarecimiento de insumos para el cultivo, ha dejado a muchas familias campesinas entre la pobreza y la miseria. Pese a que la coca genera mucho ruido a nivel internacional y mueve millones en lo más alto de la escala del tráfico, los retornos para los campesinos cocaleros son miserables..
El enfoque de Duque ha sido la sustitución obligatoria forzada, por lo que ha priorizado la erradicación con fumigaciones de glifosato, una práctica que, en los últimos 20 años, solo ha dejado a inocentes encarcelados y a más familias empobrecidas en el campo.
Duque reactivó las aspersiones aéreas de pequeños cultivos ilícitos y los campesinos temen el desplazamiento, la miseria y las enfermedades que llegan con la erradicación forzada. Hoy es la política campesina, indígena y afro la que mantiene la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a flote
La analista Consuelo Ahumada señala que tres asuntos sintetizan su legado y muestran la importancia de tener los organismos de control a su servicio. El primero es que avanza la Fiscalía en su decisión de absolver al genocida Álvaro Uribe. Siempre se supo que el fiscal delegado pediría la preclusión del caso, a pesar del sólido proceso adelantado por la Corte Suprema, que llevó a su detención domiciliaria hace un año. Desde entonces, varios de los testigos del caso han desaparecido.
Lo que ocurre es escandaloso. Contra toda evidencia, el fiscal aseguró que no tiene ni tendrá sustento para llevar a Uribe a juicio. Anunció en cambio una investigación en contra del denucniante senador Iván Cepeda y otros testigos. Uribe, mentor político de Duque, pretende seguir ejerciendo el poder a sus anchas. Su despliegue de misoginia frente a la Comisión de la Verdad sirvió para ratificar que desconoce el Acuerdo de paz y sus instituciones.
Pero ya en el caso del narcotraficante Ñeñe Hernández, financista de la campaña de Duque, los únicos detenidos fueron dos funcionarios que hicieron las interceptaciones donde se conoció el delito. Pero la Fiscalía no investigó, a pesar de las evidencias.
El segundo asunto es que cada día se difunde información más grave sobre el asesinato del presidente de Haití Jovenal Moïse. Los mercenarios colombianos contaron de manera escalofriante cómo operaron. Todos ellos fueron soldados de élite, integrantes del Comando Especial del Ejército colombiano contra el narcotráfico, que entraron a matar a todo el mundo, hasta las mascotas, para no dejar testigos, confesó uno de ellos
Pero en esta historia lo más insólito son las declaraciones del gobierno. “Sé que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar”, dijo la vicepresidenta-canciller una semana después de los hechos, quien ahora se concentra en clamar por la defensa de los derechos de estos mercenarios.
Preocupación que por supuesto, tampoco la tuvo con los cientos de jóvenes procesados y desaparecidos en el reciente estallido social. La Defensoría del Pueblo, de poca actividad en este país tan convulsionado, se dedicó a velar por la suerte de los mercenarios.
Entre tanto, Duque niega cualquier relación con el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa reclutadora de los mercenarios, a pesar de las fotos y videos. Pero le pidió una vez más e a EEUU declarar a Venezuela como promotora del terrorismo. Como si fuera poco, la empresa que coordinó el envío de los exmilitares desde Colombia fue contratista de software de la Registraduría colombiana durante las pasadas elecciones presidenciales.
El tercer asunto es que el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones le otorgó un billonario contrato para la conectividad de escuelas rurales apartadas del país a un consorcio sin capital ni experiencia, que suministró datos y pólizas falsas, y recibió un anticipo por 70.000 millones de pesos, que fueron girados a Delaware, un paraíso fiscal. Los organismos de control, tan obsecuentes con el gobierno, no prestaron ninguna atención
Los escándalos de corrupción han sido múltiples en Colombia, así como la exoneración de responsabilidad de los corruptos, que siguen drenando los recursos del Estado. Sin embargo, este caso es quizás el que refleja un mayor grado de cinismo y desfachatez por parte del gobierno y del poderosísimo clan Char, al cual pertenece la ministra.
Duque le expresó todo su respaldo y anunció que recuperaría el dinero. Mientras tanto, los niños y niñas más vulnerables del país seguirán sin conexión de internet.
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)