Duele ser mapuche y vivir en Chile. Duele por la negación, por el racismo, sobre todo por el ninguneo brutal. Un episodio triste, como el crimen policial de Manuel Gutierrez, nos recuerda por estos días qué clase de ciudadanos somos en este país. ¿Vale más la vida de un joven chileno que la de un […]
Duele ser mapuche y vivir en Chile. Duele por la negación, por el racismo, sobre todo por el ninguneo brutal. Un episodio triste, como el crimen policial de Manuel Gutierrez, nos recuerda por estos días qué clase de ciudadanos somos en este país. ¿Vale más la vida de un joven chileno que la de un joven mapuche? Pregunta hostigosa, que duda cabe. Incluso desubicada, como opinará más de alguien. Pero necesaria de hacernos. ¿Valen lo mismo ambas vidas? No. La respuesta es no y quienes no quieran verlo, allá ellos. Que nadie se confunda; bien porque se haga justicia en un crimen deleznable. Bien porque, aunque de manera tardía y a regañadientes, el Alto Mando haya reconocido lo que era un secreto a voces en sus propias filas; la participación de su institución en un nuevo caso de «gatillo fácil» policial. Bien también por las peticiones de renuncia y las destituciones anunciadas a comienzos de semana. Bien, en definitiva, por la no impunidad y esta pequeña dosis de justicia.
Sin embargo, ¿por qué aquello que la ciudadanía chilena demanda para los suyos no lo exige de la misma forma para los nuestros? ¿Saben ustedes cuántas peticiones de renuncia se cursaron tras los crímenes policiales de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza? Ninguna. ¿Saben ustedes cuántos oficiales y personal del cuadro permanente fue separado de sus funciones debido a los procesamientos en Fiscalía Militar? Ninguno. Es más, todos los involucrados en los crímenes no solo continúan sirviendo en la institución hasta nuestros días; gozan además de la protección del Alto Mando y la cobertura de su inexpugnable aparataje institucional, financiado este último con los impuestos de todas y de todos.
Por favor, un poco de memoria. Alex Lemún Saavedra, joven mapuche de la comunidad Requen Lemun de Ercilla. También tenía 16 años al momento de su asesinato, ello el año 2002. Una escopeta antimotines le destrozó el cráneo mientras participaba de una protesta rural. El disparo lo realizó el entonces mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treur. En su momento, el fiscal militar de Angol formuló cargos contra Treuer por «violencia innecesaria con resultado de muerte». Concluyó el fiscal que al efectuarse el disparo mortal, «no existía un peligro real e inminente para su integridad y la de sus subordinados que justificara efectuar disparos con la escopeta de la forma que se hizo», desechando la hipotesis de la «legítima defensa». Treuer apeló a la Corte Marcial y esta decidió retirar todos los cargos. Cuento corto, el oficial no solo no pasó un mísero día en la cárcel. Al poco tiempo fue ascendido y hoy sigue en servicio activo, redestinado a la zona central. Gobernaba entonces Ricardo Lagos. Ministro del Interior, su partner en la Internacional Socialista, José Miguel Insulza.
Matías Catrileo. Joven universitario de 22 años. La bala de una UZI disparada por el cabo Walter Ramirez lo atravesó por la espalda el año 2008, mientras participaba de la ocupación de un predio agrícola en Vilcún. «Métele un balazo», fue el diálogo que registró la CENCO aquella jornada. Y así lo hizo el cabo Ramírez, quien si bien fue procesado por «violencia innecesaria con resultado de muerte», en todo el proceso judicial jamás fue separado del servicio ni mucho menos encerrado en un calabozo. En el caso de Catrileo, el fiscal militar solicitó diez años de cárcel para el Carabinero involucrado. Sin embargo, en 2010, la Corte Marcial rebajó la condena a dos años de ¡pena remitida!. Ramírez sigue hoy en servicio activo, redestinado a la región de Aysen donde desempeña funciones en la ¡CENCO!. Gobernaba entonces la socialista Michelle Bachelet. Subsecretario del Interior, el abogado PPD y niño símbolo de la represión a los mapuches, Felipe Harboe Bascuñan.
Finalmente, Jaime Mendoza Collio, 24 años, miembro de la comunidad Requem Pillan de Ercilla, asesinado en noviembre de 2009. A Jaime lo ejecutó, a corta distancia y por la espalda, el cabo Patricio Jara Muñoz, un tirador escogido del GOPE, tras participar de la ocupación de un predio junto a familias de su comunidad. Si bien inicialmente Carabineros y las autoridades de gobierno hablaron de un «enfrentamiento armado», tres peritajes realizados por la PDI resultaron lapidarios para el funcionario del GOPE, dejando al descubierto un elaborado montaje para encubrir la ejecución extrajudicial del comunero. Quince fueron los años de cárcel que solicitó el fiscal Militar de Malleco contra Jara Muñoz. Aun resta el pronunciamiento de la sacrosanta Corte Marcial. A la fecha, ningún día en prisión para el Carabinero, ninguna investigación paralela por el montaje, ninguna renuncia en el Alto Mando por avalar en todo momento la impresentable versión del criminal de uniforme. Gobernaba en Chile la socialista Michelle Bachelet. Ministro del Interior, el abogado demócrata y sobretodo cristiano, Edmundo Pérez-Yoma.
¿Vale más la vida de un joven chileno que la de un mapuche? ¡Absolutamente!. «Peñi Pedro, los mapuches siempre hemos vivido en dictadura en este país», me dicen los dirigentes de Wente Winkul Mapu. ¿Qué puede uno responder? ¿Qué cada cuatro años tenemos elecciones? «Los mapuches somos en este país ciudadanos de segunda o tercera clase», me dice un tío con quien comento el tema de esta columna. «Solo por ser indios, sobrino… solo por ser indios», concluye. Poco y nada que agregar de mi parte.
http://www.azkintuwe.org/20110903_002.htm