Tras las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnando su inscripción en el registro de Partidos Políticos, Sortu ha hecho público un comunicado en el sitúa las claves de la exigencia de legalización que demanda. «Tenemos derecho a ser legales porque cumplimos la Ley de Partidos en todos sus términos, así […]
Tras las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnando su inscripción en el registro de Partidos Políticos, Sortu ha hecho público un comunicado en el sitúa las claves de la exigencia de legalización que demanda.
«Tenemos derecho a ser legales porque cumplimos la Ley de Partidos en todos sus términos, así como las interpretaciones que de ella ha realizado el Tribunal Supremo y porque nuestra futura actividad será coherente con los principios y compromisos estatutarios, sin que deban exigirse rechazos no previstos legalmente, planteamientos morales o expresiones de determinados sentimientos, sino única y exclusivamente actividades legales y democráticas», manifiesta.
«Nuevo proyecto político y organizativo»
Reitera que representa «un nuevo proyecto político y organizativo» para una nueva fase en Euskal Herria con el objetivo de «alcanzar y consolidar la paz, la justicia y la democracia» y que «no hemos nacido para dar continuidad organizativa ni funcional a partidos ilegalizados».
«Este proyecto político y organizativo ha manifestado un rechazo inequívoco a la violencia, y hemos explicitado abiertamente y sin ambages, que en ese rechazo se incluye la violencia de ETA», señala antes de recordar que la nueva formación rechaza «cualquier connivencia con organizaciones que ejerzan cualquier tipo de violencia, amenaza o coacción y hemos dicho que en Sortu no puede participar, ejercer responsabilidad o representarla quien no asuma explícitamente esos principios y compromisos».
Por ello, vuelve a «rechazar los actos de violencia y coacción producidos la semana pasada en Gasteiz y Portugalete con independencia de su autoría» y «desde el respeto a la presunción de inocencia» y ante la filtración de «supuestas y presuntas planificaciones de actividades tendentes a la comisión de actos de violencia contra bienes y personas, entre ellos, al parecer, contra el lehendakari Patxi López, reafirmarnos en nuestro rechazo ante cualquier acto de violencia».
Tras precisar que su rechazo a la violencia se realiza «desde el repudio de todas y cada una de ellas», Sortu se suma a la preocupación y firme rechazo a las nuevas y graves denuncias de episodios de tortura y el mantenimiento de la persecución política y judicial de militantes independentistas.
«Paz sinónimo de justicia y democracia»
Sortu insiste en que quiere contribuir a «una paz sinónimo de justicia y democracia, en el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, una paz pivotada en el desarrollo igualitario y sin coacción alguna de todos los proyectos políticos» y por ello entiende que «el fin de la violencia no tiene precio político».
La formación independentista señala que «no entendemos» la negativa a registrar su inscripción, ni la actuación de la Fiscalía y Abogacía del Estado, «entorpeciendo nuestro legítimo derecho a la inscripción en el Registro de Partidos Políticos y consecuente legalización».
«Palabra, democracia y reconciliación»
«Nuestro compromiso es y será que el enfrentamiento y el sufrimiento sean sustituidos por la palabra, la democracia y la reconciliación», manifiesta antes de apostillar que «nuestra legalización no puede estar sujeta a batallas políticas, a inercias de un pasado reciente de enfrentamiento violento, sino que debe entenderse como un ingrediente indispensable para construir un futuro sin violencias y desde la democracia sin límites para todos».
Apelan, por ello, a la sociedad española, a sus poderes públicos a «ser conscientes de la enorme oportunidad que debemos y podemos construir entre todos».