La Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) determinará si suspende su participación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), ante el incumplimiento del gobierno con el punto cuatro del acuerdo, el asesinato de sus integrantes y el proyecto de ley que busca judicializar a los pequeños cultivadores. […]
La Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) determinará si suspende su participación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), ante el incumplimiento del gobierno con el punto cuatro del acuerdo, el asesinato de sus integrantes y el proyecto de ley que busca judicializar a los pequeños cultivadores.
En entrevista con NC Noticias, la lideresa nacional de Coccam, Luz Perly Córdoba, manifestó su preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa esta organización y los pequeños cultivadores de coca en las regiones que le apostaron a la sustitución voluntaria. En solo un año han sido asesinados 31 de sus compañeros y compañeras. Hace cuatro días se conoció el último asesinato, Magdalena Cruz Rojas líder comunitaria y del programa de sustitución fue asesinada en presencia de su familia.
Según Córdoba estos asesinatos sistemáticos se presentan por la falta de garantías en el tema de seguridad en los territorios, situación que ya habían advertido junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, incluso las Naciones unidas, puesto que las zonas que antes eran ocupados por las Farc han sido tomados por nuevos y antiguos actores armados.
Esos grupos «fundamentalmente derivan sus ingresos del narcotráfico. ¿Qué sucede?, que al entrar nosotros a plantear la sustitución de cultivos como una alternativa para salir de una manera definitiva del problema de los cultivos de uso ilícito, pues nos encontramos con esos actores armados, que en estos momentos están amenazando, están asesinando, y están desplazando la población campesina y nos convertimos en un claro blanco de esos actores armados», comenta Córdoba.
Al mismo tiempo, otra situación que se suma a la crisis de derechos humanos es el proyecto de ley que busca criminalizar y de esa forma judicializar a los pequeños productores de coca, violando lo pactado en La Habana.
El proyecto contempla que serán judicializadas las personas que posean más de 1.78 hectáreas cultivadas, beneficiando únicamente a quienes tengan menos de esta cantidad. Sin embargo, la líder de Coccam explica que el último estudio que recopiló el programa de sustitución explica que «un pequeño cultivador para tener medianas condiciones, no para vivir bien, para subsistir, necesitaba por lo menos 3.8 hectáreas de coca, y en los territorios por lo general la gente tiene entre 2 y 6 hectáreas de coca, todos los pequeños cultivadores».
Es decir que la población que firmó un acuerdo e informó la cantidad de hectáreas que poseía estaría en riesgo, pues sus declaraciones pueden ser utilizadas para judicializarlos «porque eso se convierte en delito a partir de 1.78 hectáreas hacia arriba. Estaríamos en una flagrante violación del espíritu del acuerdo».
Además, las personas que han sido detenidas por transportar pequeñas cantidades de pasta de coca para la vida diaria, «como en la ciudad se porta la tarjeta de crédito, en el campo se porta la pasta básica de coca para efectivamente casi hacer el mercado», son excluidos de la ley de tratamiento penal diferencial, explica Córdoba.
A eso se suma que los campesinos que hayan procesado, transformado, la hoja de coca, esto con el fin de tener un poco más de valor, no serán incluidos, desconociendo que las «hojas de coca solas no se venden sino están transformadas».
«Así las cosas se está dejando por fuera la mayoría de los pequeños cultivadores, y se le está arrojando prácticamente a una judicialización masiva. Ese es el problema porque nosotros no estamos en disposición de aceptar esa situación porque estaríamos haciendo una flagrancia y traición al movimiento campesino, que se ha comprometido y ha puesto incluso su vida con el proceso de paz y con la implementación del punto 4».
Otro punto que lleva a la coordinadora a plantear la suspensión de su participación en el programa de sustitución es la erradicación forzada, al constatar la violación masiva de DD.HH durante este procedimiento. La crisis humanitaria que genera en el campesinado al quitarle su única fuente de trabajo para su sustento económico, dejándolo «prácticamente sin con qué comer». Y lo inútil que resulta esta medida violenta, pues impulsa al campesino a cultivar de nuevo las semillas esta vez internándose en la región.
La Coccam ratifica que no ha planteado renunciar a su participación en el Pnis, sin embargo estos sucesos la motivan a contemplar la idea de suspender su participación, con el fin de que el Gobierno dialogue con la organización y se contemple la posibilidad de discutir y crear un proyecto de ley acorde con el Acuerdo de Paz.
Este miércoles la asamblea nacional de la Coordinadora de cultivadores de coca, marihuana y amapola se reunirá en Bogotá para determinar si suspenden o no su participación, para ello contaran con los delegados regionales, quienes han estado haciendo asambleas comunitarias en los territorios para consultar con el campesinado esta decisión.
Asimismo solicitaran a embajadas, países garantes, Procuraduría, Defensoría y Naciones unidas un «S.O.S por el punto cuatro de los acuerdos».
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22906