Salvatore Mancuso Gómez, alias el mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, nació en Montería el 17 de agosto de 1964 y también tiene nacionalidad italiana por su padre. Estudió inglés en la Universidad de Pittsburg, Pensilvania y pasó unos semestres por la Universidad Javeriana, dejando atrás a sus compañeros tira sparkies para consolidarse como un despiadado narco-matón con poder político en Colombia.
Fue comandante paramilitar pero también fue policía cívico, ya que el mismo Estado colombiano lo carnetizó y lo uniformó a través de la Brigada 11 del Ejército, para que entrara a las instalaciones militares como Pedro por su casa. Fue segundo al mando junto a Carlos Castaño de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a las cuales ingresó en 1995. Igualmente, comandó los sanguinarios Bloques de Catatumbo y de Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, desde 1997. Su poder en las AUC fue tan grande que fungió como negociador y jefe del estado mayor de los paramilitares en el proceso diseñado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que a través del Pacto de Santa Fe de Ralito firmado el 15 de julio de 2003, terminó sometiéndose al marco jurídico especial conocido como la Ley de Justicia y Paz, digamos el primer ensayo de justicia transicional colombiana. Según las versiones de aquel gobierno, más de 32 mil paramilitares se desmovilizaron, aunque se denunció que dicho proceso fue falso y, un buen indicio de ello, es que el comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, se encuentra prófugo de la Justicia, así como, las Bandas Criminales o el neo-paramilitarismo, infestaron a Colombia.
Muchos sicarios y narcotraficantes se hicieron pasar por paras con el fin conseguir los beneficios jurídicos del marco alternativo otorgado por Uribe, principalmente, penas privativas no mayores a 8 años de prisión para criminales de lesa humanidad, descuartizadores de seres humanos, violadores, ladrones, narcotraficantes y verdaderos terroristas. Si bien el objetivo principal de Ralito según lo comunicado al país era conseguir la paz nacional y la recuperación del monopolio legítimo de la violencia mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, lo que se consolidó fue la parapolítica, que traduce la imbricación de redes criminales en todas las instituciones colombianas que empezaron a gestarse desde una zona gris compuesta de actores legales e ilegales, aliados en la consecución de sus intereses ilegítimos y abiertamente criminales. La parapolítica se adueñó con violencia y más corrupción de las jornadas electorales ya corruptas, de las ramas del poder público y de las fuerzas de defensa y seguridad.
Estas alianzas entre parapolíticos, agentes del estado, narcotraficantes, paramilitares y empresarios, materializan la zona gris: un área en la cual la institucionalidad, aparentemente democrática, es usada para consolidar la ilegalidad. El Estado es capturado por los actores grises, blancos/legales y negros/ilegales que, a través del terror y los sobornos, moldean la institucionalidad conforme los requerimientos de agentes externos y non sanctos. Cuando el escenario de corrupción es muy avanzado, como en Colombia, ocurre la reconfiguración cooptada del Estado, donde los actores grises modifican las normas y las políticas públicas para asegurarse impunidad y legitimidad social, pero esta vez, la iniciativa proviene desde fuera y dentro del sistema estatal (Garay y Salcedo, 2012, p. 36-37). La pregunta que resulta es: “¿Quién ata a quién?. La experiencia internacional demuestra que los actores que tradicionalmente definen las ataduras que dan paso a la paz son los victimarios” (Arcia en Bagley, 2011, p. 269).
Las AUC fueron funcionales a un Estado terrorista donde la criminalidad y el barbarie los unió como familia con la Fuerza Pública, incluso se llamaban entre sí, primos. Los pobladores y víctimas manifiestan que no podían diferenciar qué tropas pertenecían al Ejército y cuáles a las AUC, pues siempre estaban juntos. Mancuso en Audiencia Única de Verdad ante la Justicia Especial para la Paz -JEP-, bien lo declaró: La Fuerza Pública y los paramilitares éramos una familia que luchaba junta contra el enemigo interno. Refiriéndose a las guerrillas. Pues la justificación para usar la armas y el terror, en principio, fueron los abusos de las organizaciones de extrema izquierda, así como, la ostensible debilidad estatal para hacerles frente.
Sus orígenes más cercanos se ubican en el Magdalena Medio, donde terratenientes y ganaderos, eran vacunados u obligados a realizar pagos forzosos en pro de la lucha revolucionaria de las FARC-EP, por lo que decidieron crear la Asociación de Agricultores del Magdalena Medio -Acdegam-, involucrando a campesinos a sus nuevos grupos de autodefensa, contando con la ayuda del Ejército (Murillo y otros, 1995). Esta organización naciente de extrema derecha, estaba liderada por personas con buena capacidad económica, que no estaban dispuestos a ceder sus tierras ni sus riquezas, pero si, a expandirse territorialmente mediante el uso del terror, desbordados en ambición y maldad. El paramilitarismo, usó las armas del Estado y el dinero del narcotráfico creando un para-estado. Desplazaron y despedazaron a los pobladores, indígenas, maricones y mariconas. Estigmatizándolos de guerrilleros, consolidaron su poder local y regional, mientras la Fuerza Pública los resguardaba. Así, influenciaron los poderes políticos y el electorado, a las buenas (sobornos) o a las malas (masacres). Basta mencionar el genocidio que se cometió contra los miembros de la Unión Patriótica a manos de agentes del Estado y paramilitares, es decir, actores grises.
Uribe cuando fue gobernador de Antioquia inseminó al país de paramilitarismo cuando dotó a civiles de armas legales entregadas por Indumil para el funcionamiento de las Cooperativas de Seguridad Privada o Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural – Convivir-, que fueron avaladas en el gobierno de César Gaviria mediante el Decreto 356 de 1994 y la Resolución del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales tenían una doble función: 1. circular en la economía legal grandes cantidades de dinero sin importar su origen y, 2. reclutamiento legal de ejércitos privados, facultados para adquirir armas, uniformes, material de intendencia, municiones, transportes, equipos de entrenamiento militar y policial. Alcanzaron su nirvana violento en Urabá y Córdoba. Algunas, como Papagayo, recibieron según Mancuso recursos y apoyo de al menos 200 empresas bananeras que otorgaban 3 centavos de dólar por cada producción diaria, que se repartían en partes iguales entre las AUC, la Convivir y el Ejército, resultando millones de dólares entregados por empresas como Postobón, Bavaria, Coca Cola, Ecopetrol, Fedegán, entre otras que auspiciaron a los señores de la guerra. A finales de 1997, existían más de 400 Convivir. Ese mismo año, la Corte Constitucional las declaró ilegales, pero las mismas pasaron a la clandestinidad mediante una metamorfosis que degeneró en grupos paramilitares y para-cooperativas. Ya se ha comprobado el auspicio de compañías como British Petroleum, Chiquita Brands y Drummond, en pro de su seguridad. Las norteamericanas llegaron a un arreglo judicial con sus tribunales aduciendo un error administrativo, manifestando creer pagar a los militares por su seguridad y no a los paras (Romero, 2011). Como si las multinacionales tuvieran que darle plata al Ejército para que no los secuestren o maten los actores ilegales.
En los dos gobiernos de Uribe, el 80% de congreso fue investigado por parapolítica y fueron condenados 55. Para el 2018, la lista ya llegaba a los 259 congresistas condenados y son cientos más los investigados. Lo peor, han heredado sus curules a la misma ralea que es elegida por las nuevas generaciones de la gente de bien en el país del Espíritu Santo (Arias Henao, 2014). En el 2004, Mancuso dio un discurso en el mismo Congreso de la República, y nuestros honorables congresistas aplaudieron fuertemente tras su cierre peculiar de Dios Bendiga a Colombia. Es claro, que para aquella época el paramilitarismo era fielmente representado por sus aliados políticos y todos hacían pactos con el diablo.
Usando listas negras entregadas hasta por jueces y curas, fueron masacrando a los pobladores de bastas regiones colombianas. Contrataban músicos, violaban las mujeres, torturaban los hombres y mataban niños. Todo bajo el estúpido argumento de ser guerrilleros. Cuando preparaban y hacían sus fiestas de la muerte, la Fuerza Pública cooperaba en labores logísticas y les hacían anillos de seguridad para que pudieran masacrar a sus anchas. Llenaron al país de fosas comunes para esconder los cuerpos de los muertos, que se confundían con los miles de falsos positivos, civiles asesinados por el Ejército, que con dictado paramilitar los disfrazaban principalmente como guerrilleros y los presentaban como victorias militares. Todo lo que no oliera a paramilitarismo era exterminado, incluso por la mera duda. Se estima que en Mapiripán hay más de 500 cadáveres, convirtiéndose en un auténtico campo de exterminio genocida. Un escenario completo de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Desde un centro de reclusión en Georgia, Estados Unidos, Mancuso tras cumplir su condena por narcotráfico y luego de ser extraditado en mayo de 2008 por Uribe, aspira a ser aceptado por la jurisdicción transicional y sus beneficios, aportando hechos novedosos que no hayan sido ya de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, justicia y paz y la internacional, pues en 2006 ya había confesado 87 actos criminales con 336 víctimas, así como, los nexos entre empresas, militares, jueces y policías en las estrategias paramilitares de cooptación estatal.
Es voz populi que la extradición de Mancuso no se debió al incumplimiento de los acuerdos de desmovilización, sino, porque sus declaraciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz estaban salpicando a los parapolíticos, entre ellos, al mismo Uribe Vélez y sus círculos más cercanos. Por ejemplo, reiteró la solicitud de su vicepresidente Francisco Santos, de crear un Bloque paramilitar en Bogotá. También resulta indignante como puede ser más lesivo al derecho, traficar coca que masacrar colombianos, prevaleciendo la comparecencia y sanción de la justicia norteamericana sobre las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años, para conocer la verdad y ser reparadas, si existe alguna forma de hacerlo.
Mancuso es el orquestador de las más sangrientas masacres que ha sufrido Colombia, en cooperación con agentes del Estado y de la Fuerza Pública. No sólo así lo ha reconocido, sino que lo corroboran las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano en sendas oportunidades. Como buen matón, es frío y calculador, incluso parece seguir estando orgulloso de su poder y sapea con un tono de voz propio de un poseído por el mismismo putas.
Ante la JEP aseguró que las AUC se adueñaron de la Universidad de Córdoba y silenciaron a la izquierda. Mataron estudiantes, sindicalistas, profesores, infiltraron paramilitares como estudiantes e incluso asesinaron al candidato a rector Hugo Iguarán Cote para imponer a su rector Víctor Hernández, así como, cooptaron el Consejo Superior con aliados al pensamiento paramilitar. Restringieron los derechos laborales y fundamentales de la comunidad académica y ratificó que dicho esquema lo replicaron en varias universidades del país.
Señaló a altos mandos militares como los autores intelectuales del asesinato de nuestro querido JAIME GARZÓN; que las AUC obligaron a civiles a votar por Horacio Serpa, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y que el Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, buscó tumbar a Ernesto Samper; que entre los objetivos militares más sonados y orquestados desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-, estaban el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro y su canciller, Álvaro Leyva, así como, Piedad Córdoba, Alirio Uribe, Gustavo Gallón y otros miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Afirmó que Uribe condenó a la muerte al ex alcalde de Sucre, al ordenar el retiro de su esquema de protección en 2003. También dijo que pese a no andar de pipí cogido con el DAS como anduvo con la Fuerza Pública, esta entidad le eliminó los antecedentes penales y pudo viajar a Estados Unidos a comprar armas y que, así mismo, se destruían por parte de los agentes del Estado los expedientes que las AUC solicitaba desaparecer, así como, realizaban operativos conjuntos, perfilaban enemigos, interferían comunicaciones y disponían de los bienes públicos, como escoltas y vehículos, para las AUC. Todo a cambio de dinero, claro está. El director del DAS, Jorge Noguera Cotes, a quien Mancuso se refiere como Doctor, entregó la inteligencia del Estado al servicio paramilitar creando oficinas paralelas de perfilamiento a quienes obstaculizaran la expansión de las AUC. Por su parte, el profesor de la Escuela de Guerra y subdirector del DAS, José Miguel Narváez, se convirtió en el capacitador de los paramilitares y fue considerado todo un paraideólogo al servicio de las AUC. Quedando claro que en este país se le dice Doctor a cualquier Polo Polo.
Mancuso relató la desaparición de más de 200 víctimas arrojadas al río y enterradas en fosas comunes en territorio venezolano que colinda con nuestras fronteras, por orden de la Fuerza Pública colombiana y precisó sin asco que la desaparición de cuerpos no hacía parte de la estrategia militar de las AUC pues a ellos les interesaba aterrar a la población mostrando los cuerpos para obligarla a dejar la guerrilla (JEP, 2023). Aunque insistimos, la mayoría de sus víctimas eran civiles inocentes como él mismo lo ha reconocido en repetidas ocasiones.
Sus abogados piden que sea puesto en libertad y que sea enviado a Italia donde también es solicitado por la justicia por tráfico de drogas con la mafia calabresa, pero Mancuso aún tiene cuentas pendientes en Colombia (CNN, 2023). Pese a toda esta historia de terror, los canales colombianos como Caracol y RCN, están más interesados en transmitir como noticia principal del día, la persecución de los paparazis al Príncipe Harry y Megan en Nueva York. El chiste se cuenta solo, pero a algunos no nos da risa, nos indigna y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias y consideramos que las audiencias de la JEP deben ser transmitidas por los canales públicos como una forma de reparación colectiva. Como sociedad no podemos seguir normalizando la infamia que ha cometido el Estado, ni poniéndole más atención al partido entre el Real Madrid y el Manchester City, si podemos estar atentos de como Mancuso le gana cantando a la misma Shakira.
Referencias
Arias Henao, D.P. (2008). Sistema Político Colombiano: el desarrollo de la violencia y la incidencia del condicionante externo. Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Mayo, http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/1806/Documento_completo__.pdf?sequence=1
Arias Henao, D.P. (2014). Relaciones internacionales (RRII) entre economías subterráneas o ilícitas (ESoL) narcoviolentas en Colombia y México y la incidencia de las políticas estatales de EE. UU. 1990-2014. Universidad Nacional de la Plata, Argentina. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43081/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Bagley, B. “Colombia y la guerra contra las drogas”. Foreign Affairs en Español, Enero-Marzo 2008.
CNN. (2023). Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, termina de declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia: estos fueron sus señalamientos Por Fernando Ramos. 16 Mayo.https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/16/exjefe-paramilitar-salvatore-mancuso-declarar-jurisdiccion-especial-paz-colombia-senalamientos-orix/
Garay Salamaca, L.J; y, Salcedo Albarán, E. (2012). Narcotráfico, Corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. Debate, Colombia.
Justicia Especial para la Paz – JEP-. (2023). Comunicado 050 Balance de la Audiencia Única de Verdad de Salvatore Mancuso ante la JEP. 18 de mayo de 2023. Bogotá, Colombia.
Murillo Castaño, G., y otros (1995). “Narcotráfico y Política en la década de los ochenta: entre la represión y el diálogo”. En TOKATLIAN, Juan Gabriel, y otros. Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá, TM Editores. Universidad de los Andes, ediciones Uniandes.
Romero Vidal, M. (2011). La economía de los paramilitares: redes de corrupción, negocios y política. Debate, Bogotá – Colombia.
Diana Patricia Arias Henao. Doctora en Relaciones Internacionales. Postdoctora en Derecho Público y Seguridad. Columnista de Viva la Ciudadanía. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Miembro activo de Somos Ciudadanos. Red Democrática.
Twitter: @DianaAriasAjua
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