El jueves 25 de septiembre pasado terminó la larga indagatoria a Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y dirigente del Partido Comunista Colombiano, cuya primera jornada fue el lunes 15 de septiembre. El informe de la Policía judicial de la Dijin, base de la sindicación, es perverso y tendencioso. Desde los más lejanos rincones […]
El jueves 25 de septiembre pasado terminó la larga indagatoria a Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y dirigente del Partido Comunista Colombiano, cuya primera jornada fue el lunes 15 de septiembre. El informe de la Policía judicial de la Dijin, base de la sindicación, es perverso y tendencioso.
Desde los más lejanos rincones del planeta han llegado voces de protesta; Francia le concedió la Orden Nacional de la Legión de Honor y la Unión de Periodistas de Gran Bretaña lo hizo su miembro honorario. En Colombia, importantes personalidades de todas las tendencias políticas, estamentos y sectores sociales se han mostrado consternados, debido a las acusaciones a quien le reconocen una participación importante en los procesos de paz y por el intercambio humanitario. Así lo han expresado el ex presidente Ernesto Samper, el ex ministro y gobernador de Santander, Horacio Serpa, monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverri, el maestro Carlos Gaviria Díaz, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, doña Yolanda Pulecio, la ex congresista Consuelo González de Perdomo, Patricia Perdomo, Marleny Orjuela, Ángela de Pérez, Claudia de Jara, Camilo Gómez y numerosos periodistas del país y del exterior, entre otros. Durante las largas jornadas de indagatoria en la afueras del bunker de la Fiscalía General de la Nación, numerosos militantes del Partido y la Juventud Comunista, lectores de VOZ y miembros del Polo Democrático Alternativo se congregaron para expresar el repudio al montaje político y a la amenaza contra los partidos y la prensa de oposición.
-¿Cuál es la sindicación concreta que le hacen?
-El presunto delito es rebelión por pertenecer a la FARC.
-¿Cómo así?
-Sí, por pertenecer a las FARC, por ser miembro de esta organización guerrillera. A esa conclusión llega el informe de la Policía Judicial de la Dijin. No hay una sola prueba concreta de semejante infundio. Todo se deriva de los supuestos hallazgos de la Lámpara de Aladino de Raúl Reyes, de documentos a los que definen de «correos electrónicos» en donde se hablan de cosas a veces incoherentes, pero ninguna entre otras cosas demuestra en qué consiste mi pertenecía a las FARC. Es un exabrupto.
-¿Cuáles son esos cargos?
-Por ejemplo, que yo le prestaba dinero a los abogados de Simón Trinidad y de Rodrigo Granda para asistir a su defensa; que era una especie de relacionista político en el país y en el exterior; y que le enviaba a Reyes o a miembros del Secretariado delegaciones juveniles para que les dieran instrucción política y militar. Ni siquiera, aceptando la legalidad de esos correos que no lo son, de su contenido se puede inferir esta última conducta. Se me considera como una especie de infiltrado de las FARC en las altas esferas del Gobierno y la sociedad. Son cosas inadmisibles y traídas de los cabellos. Siempre actúe en mi condición de dirigente comunista y director de VOZ, nunca intervine a nombre de las FARC en nada y jamás invité a nadie a ir a visitar a los jefes de la guerrilla. Es un montaje de la Dijin, un manejo turbio de unos computadores de cuya existencia no tengo certeza. Nunca los vi. Creo que ni siquiera la Fiscalía los ha visto.
¿A qué se debe esa actuación de la Dijin?
-No es una actitud nueva hacia mí. Desde hace años este organismo de seguridad de la Policía Nacional me está haciendo seguimientos y actos de hostilidad. En varias ocasiones, agentes de la Dijin y la Dipol fueron capturados tomándome fotos y videos y en seguimiento hostil. Como no me quedé callado sino que denuncié los atropellos, ahora pasan la cuenta de cobro. Pero en el fondo es un montaje, orquestado desde el alto Gobierno, contra el Partido Comunista, la izquierda y el periódico VOZ. Pretenden equilibrar la balanza con el grotesco y asqueante proceso de la «parapolítica», que compromete a los congresistas y amigos del Gobierno. Todos los caminos de la «parapolítica» conducen a la «Casa de Nari». Quieren igualar las cargas y de paso quitarse de encima a la oposición que no tiene vacilaciones ni que concilia por un plato de lentejas. El Partido Comunista Colombiano es de oposición y no vergonzante como la de otros.
-¿Por qué aparecieron supuestos correos en los medios?
–Es una buena pregunta. Violaron la reserva sumarial. Por eso decidí hablar sobre el tema de la indagatoria. Hay que decir que varios «correos» filtrados a la prensa, en el caso de los que me atribuyen, están modificados con relación a los que reposan en el expediente. Además, agentes de seguridad hicieron correr el rumor de que me iba a escapar para Londres, presionando mi detención. También hicieron correr el rumor en las cárceles de que el guerrillero que declare contra mí recibirá prebendas y reducción de penas. Es el desespero porque lo que tienen es muy frágil. La acusación es ridícula. No culpo a los medios de haber publicado los documentos, hicieron el trabajo periodístico, pero además reconozco que en la mayoría de los casos me dieron la oportunidad de dar mi posición al respecto.
¿Usted qué planteó en la indagatoria?
-Partí de no reconocer la prueba mágica del computador. Insistí en mi condición de periodista y facilitador. Salvatore Mancuso acusó a Francisco Santos Calderón, vicepresidente, de haberse reunido con él y proponerle la creación del Bloque Capital de las «AUC». Sin embargo, la Fiscalía desestimó la grave acusación y lo exoneró por su condición de periodista y facilitador de paz «en nombre de las víctimas». Si hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pues a mi se me deben reconocer esas dos condiciones, con mayor razón cuando en ninguno de los documentos que me mostraron como «pruebas» aparece invitación alguna a que se forme un frente o un bloque de las FARC.
¿Cómo es lo de la prueba?
-Es ilegal. Está viciada porque de existir fue hallada en un acto ilegal, violatorio de la soberanía nacional como lo reconocieron la OEA y el Grupo de Países de Río en Santo Domingo. La Fuerza Pública colombiana, con ayuda gringa, invadió territorio ecuatoriano después de bombardear el campamento de Raúl Reyes. Fue un acto ilegal y contrario al derecho internacional. Como si fuera poco no se respetó la cadena de custodia, porque al día siguiente fueron filtrados documentos a los medios del país y del exterior, así como hicieron ingresos ilegales para modificar archivos. La Interpol habla de 40 mil archivos cambiados. Pero, además, no vimos los tales computadores, los documentos que me mostraron no son correos electrónicos, sino documentos en formato Word sin firma de nadie, sino con nombres de alias que me atribuyen de forma arbitraria y por analogías y comparaciones absurdas. Se entremezclan hechos ciertos de mi vida familiar y política con mentiras. Aún así, las pruebas de los documentos son nada, generalidades, algo muy precario por cierto. La presión uribista es fuerte. Ahí está el meollo del asunto.
-¿Cómo así?
-Soy un perseguido político. Es un montaje contra el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista y sus dirigentes. Quieren asociarnos al Partido Comunista clandestino y al Movimiento Juvenil Bolivariano. Son organizaciones diferentes, de diverso carácter y de estructuras organizativas autónomas. Nada que ver. También la intención es despejar el camino hacia la guerra y los rescates militares. No es casual que todos los encartados en esta provocación política como Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, Alvaro Leyva, Lázaro Vivero y William Parra, entre otros, son los que más han trabajado en este país por la paz y el acuerdo humanitario. Los hechos concretos así lo demuestran. Por eso tenemos el reconocimiento de importantes sectores y personalidades de la vida nacional. Es un proceso sin futuro. Soy optimista. Luis Moreno, fiscal de la CPI dijo en El Tiempo, hace unas semanas, que «apoyar a las FARC es una frase ambigua. Lo que yo establezco son responsabilidades penales», las mismas que no aparecen en el proceso que me adelantan.