Suspendida la dispersión de presos políticos mapuche

Fue suspendido el traslado de presos políticos mapuche desde la Región del BioBio a diversas zonas del país, según informó el secretario regional ministerial de justicia de la Octava Región, Georgy Schubert, sin que se conozcan hasta ahora mayores antecedentes.

Abogados de derechos humanos que defienden a presos políticos mapuche denuncian que el traslado de los procesados a lugares alejados de sus familias y de los tribunales donde se les procesa, constituiría el regreso de prácticas de tiempos de dictadura cuyo más famoso representante fue el llamado Fiscal Ad-hoc Fernando Torres Silva. La orden del Director Nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez Mardones, en acuerdo con la Fiscalía Nacional y con el visto bueno del juzgado de garantía de Cañete, afectará a Héctor Llaitul, y Ramón Llanquileo, domiciliados en Tirúa quienes serían trasladados a Puerto Montt (cerca de 500 km al sur) y Rancagua (617 km al norte), respectivamente; a José Huenuche, de Cañete, trasladado a Valdivia, y a Luis Menares, de Cholchol, trasladado a Arauco. Asimismo César Parra y Segundo Ñehuei, de Tirúa, serían enviados a Coronel y los comuneros Juan Carlos Millanao y Marco Mauricio Millanao, de Tirúa, a Los Angeles. Los procesados son miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, organización que el gobierno considera como ilícita pese a que una resolución de la Corte Suprema dictaminó lo contrario años atrás.

Violación del debido proceso

Al conocer el negativo resultado de la apelación presentada en Cañete por los abogados defensores Adolfo Montiel y Pelayo Vial, el abogado Alberto Espinoza, que representa a Llaitul y otros comuneros ante la Corte Marcial, consideró que el traslado «constituiría la expresión de un trato inhumano, cruel y degradante; es una medida represiva ajena al debido proceso y a los derechos de los imputados. El aislamiento agrava arbitrariamente la prisión preventiva y es un acto de violencia sicológica e institucional que sólo se podría calificar como terrorismo de estado».

Los imputados tendrían que cumplir en esas condiciones la medida de nueve meses de «cárcel preventiva» en su doble condición de acusados por la justicia penal (ley antiterrorista) y por la justicia militar. El gobierno chileno negó recientemente ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU la aplicación de la legislación pinochetista, aduciendo que lo hacía sólo ante delitos comunes. Ahora deberá responder nuevamente cargos ante la Corte interamericana de Derechos Humanos, que había demandado al gobierno chileno la no aplicación de la justicia militar a civiles. Los hechos objeto de investigación ocurrieron el 16 de octubre de 2008 durante un violento allanamiento al sector Puerto Choque presidido por el Fiscal Mario Elgueta, en el cual miembros de la comunidad se defendieron. El diario El Mercurio calificó entonces el episodio como una emboscada, hecho desmentido entonces por el gobierno y carabineros. Pero ahora la fiscalía adoptó el discurso mercurial a fin de encarcelar a quienes luchan por la recuperación de tierras ancestrales.

Familiares de los mapuche presos en la cárcel El Manzano de Concepción permanecieron junto a estudiantes y amigos venidos desde Cañete, apoyando a los presos y temiendo ser desalojados en cualquier momento del lugar. Pernoctaron bajo la lluvia el viernes 22, en una carpa en las afueras de la cárcel. Juana Raiman y Millaray Garrido, familiares de José Huenuche, Emilia Pilquiman, madre de Ramón Llanquileo y Pamela Pezoa, pareja de Héctor Llaitul informaron que presentaron un recurso de protección por los hijos de los imputados, entre los cuales está una pequeñita recién nacida -Llancacurra- hija de José Huenuche y Millaray Garrido.

La discriminación judicial

Entre quienes se acercaron a apoyar a los familiares de presos políticos, estaba la hija de Ramón del Carmen Pichún Pichún, un anciano que falleció en junio pasado, luego de ser atropellado por Rodrigo Martínez Walker, abogado asistente de la Fiscalía de Cañete. Martínez, que conducía aparentemente en estado de ebriedad, fue suspendido de sus funciones pero lo defiende el jefe de la Defensoría Pública de Cañete. En conversación con esta periodista, la reflexión de los familiares apuntaba a comparar que en la formalización del abogado por un hecho que cobró la vida de un anciano mapuche, sólo se le aplicó como medida cautelar la suspensión de la licencia. En cambio, los presos políticos mapuche, imputados por un hecho que no cobró vida alguna no sólo deberán cumplir nueve meses de «prisión preventiva» sino lo harán lejos de sus seres queridos y de los abogados defensores. Para los familiares, si ello ocurre constituye una muestra clara de racismo judicial.

Sin embargo, no es la primera oportunidad en que se aplican en democracia estas medidas con luchadores sociales mapuche. Miguel Tapia Huenulaf, domiciliado en Santiago, Andrés Gutiérrez Coña, cuya familia también es de la capital y Waikilaf Cadin Calfunao, de Temuco, todos ellos procesados bajo ley antiterrorista, fueron trasladados al módulo de alta seguridad de la cárcel concesionada de Llancahue, Valdivia, más de 800 km al sur de Santiago. En el caso de Andrés Gutiérrez, estudiante de tercer año de agronomía de la Universidad Católica de Temuco, la prisión preventiva se extiende por once meses.